Banderas, carteles y más de 500 personas repletaron el recinto donde el Partido Por la Democracia (PPD) decidió reunirse la noche del sábado, para presentar de forma oficial a sus candidatos para las próximas municipales del 23 de octubre en Hualpén.

Y si bien figuraban caras como las del actual concejal Daniel Valdebenito, el centro de la atención estuvo puesta en Miguel Rivera, quien recibió el apoyo de todos los asistentes a la actividad interna de la colectividad como carta única para medirse por el sillón municipal y transformarse en el sucesor de Fabiola Lagos.

Pese a lo anterior, el hijo del ex alcalde Marcelo Rivera, le bajó el perfil a la actividad: "Fue solamente presentar el tema, se ratificaron las candidaturas en el consejo regional y ahora se debe realizar a nivel nacional. Tenemos que pasar por un proceso".

Recalcó que por ningún motivo se trató de un lanzamiento de campaña, sino más bien de una actividad interna, con miras a que su nombre sea finalmente ratificado a nivel nacional como la carta de la Nueva Mayoría, pero -declaró- se deben respetar los plazos internos que se dispusieron y que están por fuera de su decisión. Sin embargo, su nombre ya estaría completamente zanjado.

De todas maneras, Rivera quiso echar por tierra cualquier futura crítica en relación a un inicio de campaña fuera de plazo y previo a la ratificación de las candidaturas por parte del Servicio Electoral (Servel), lo que ocurrirá después del 25 de julio.

En la actividad estuvo presente gran cantidad de funcionarios municipales, entendiendo que desde que se creó la comuna en 2004, la alcaldía ha estado en manos del PPD y luego, de la facción que surgió de manos de Marcelo Rivera, denominada Riverismo.

De todas formas, Miguel Rivera agradeció "a quienes se han dado el tiempo de felicitarme y entregarme su apoyo. Y no me cabe duda de que es una gran cantidad de personas la que confía en nuestra candidatura".

Una postura crítica ante la Reforma Educacional mostraron las universidades privadas de carácter público reunidas en el G9, las que definieron cinco puntos en los que están en discordancia con el documento entregado por el gobierno. De la Región, la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad de Concepción son parte del organismo.

El primero de ellos dice relación con que "no se considera la naturaleza pública de nuestras universidades, a pesar de estar reconocidas en la legislación desde 1927. Se genera una clara discriminación entre instituciones que cumplen similar función, poniendo en riesgo el desarrollo futuro de nuestras comunidades", planteó el organismo.

Por otra parte, aseguran, "se minimiza la contribución del Cruch, organismo constituido por ley y que por más de 60 años ha cumplido un rol clave en materias de educación superior, lo cual debilita al sistema en su conjunto. Nos preocupa que no se valorice ni se explicite un apoyo a la diversidad del sistema, el cual siempre debe priorizar la calidad, otorgar un trato equitativo a todas las universidades públicas, sean estatales o no estatales, propiciar un financiamiento de acuerdo a la envergadura del aporte público que genera cada institución e impulsar un desarrollo territorial y regional equilibrado".

Recalcaron, además, que eliminar los aportes basales significa que no se reconoce el aporte que han realizado como universidades y que eso devendrá inevitablemente en el deterioro de sus proyectos educativos y la proyección que podrían tener como institución.

Por lo mismo, solicitan que sus planteamientos sean tomados en cuenta, especialmente por los parlamentarios y, también, por los representantes regionales. Esto, porque aseguran que no están siendo considerados en esta normativa elaborada por el Ejecutivo.

Lo anterior, porque ellos destacan que están cumpliendo un rol público y que de los 140 mil estudiantes que tienen, 45 mil de ellos son beneficiarios de la gratuidad a nivel nacional.