Conforme avanza el año El Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, ha ido liberando los datos de la Segunda Encuesta sobre discapacidad que realizó el año pasado. Y, así como en febrero se dio a conocer que el 22,4% de la población regional mayor de 18 años (es decir, 345 mil personas) viven en situación de discapacidad, ahora se informó que por cada persona con discapacidad que estudia, hay otras 11 que no lo hacen.

El detalle de los datos los entregó el director nacional de Senadis, Daniel Concha, quien estuvo de paso en la Región justamente para socializar el estudio.

Lo primero que recordó el directivo fue que la prevalencia de personas en situación de discapacidad en la Región es superior a la media nacional en varios aspectos. "Si agregamos mayores de dos años tenemos que un 18,3% de la población se encuentra en situación de discapacidad. A nivel nacional es 16,7%. La Región vuelve a estar por sobre el promedio nacional", remarcó.

Escolaridad

"En educación, el promedio de escolaridad en la Región del Biobío es de 11 años. Si lo comparamos con las personas en situación de discapacidad, tienen un promedio que alcanza los 8,3 años. Los jóvenes no están accediendo a la enseñanza media. Es un dato que no es menor y hay que trabajar como política local y nacional", planteó Concha.

De hecho, al revisar el desglose local de los datos se observa que el 42,61% de la población con discapacidad cuenta con enseñanza básica incompleta y que sólo el 1,21% ha alcanzado completar la educación superior, ya sea universitaria o técnico profesional.

"Hay muchos niños y jóvenes con situación de discapacidad que están estudiando en la educación especial. Y ésta no se homologa a la educación regular. Eso ya lo estamos trabajando en mesas con el ministerio de educación", analizó el director de Senadis.

Añadió que ya que la educación está en etapa de reforma este es un buen momento para empezar a discutir modificaciones. No obstante, reconoció que esta será una tarea de largo aliento: "Estamos tratando de ver cómo las escuelas de lenguaje debieran ser apoyos a escuelas básicas y jardines infantiles, de manera de tener una educación más integrada e inclusiva".

Manifestó que si bien los programas actuales, que surgieron en los años 90, fueron buenos, deben ser modificados. "Se nos pide que pasemos de la integración a la inclusión, donde nosotros, como sistema educativo, podamos hacer los ajustes en las escuelas para que estos niños tengan los apoyos necesarios para que se integren a la educación formal. Esto pasa por ajustes de infraestructura, de asistentes para estudiantes sordos o capacitación en lenguaje de señas y software especiales para personas no videntes", planteó.

Sobre el futuro de las escuelas especiales, dijo que la idea es convertirlas en centros de apoyo especializados para las escuelas regulares. Ya se están dando algunos pasos, adelantó, con el diseño curricular en las escuelas de pedagogía, lo que ya se conversó con la Superintendencia de Educación.

Trabajo

Otro aspecto donde las brechas son alarmantes es en el acceso laboral: hay más de 285 mil personas con discapacidad en edad de laborar, pero sólo el 34% lo hace, casi la mitad de quienes no están en situación de discapacidad, que llega al 62%.

Además, el 46% realiza sólo trabajo doméstico, mientras el 22% no realiza actividad alguna.

"En ese sentido se entiende el anuncio de la Presidenta el 21 de mayo sobre el proyecto de ley que va a presentar el Ejecutivo a la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado. Y eso no tiene que ver sólo con cuotas. Esta ley deroga el artículo que permite contratar a personas con discapacidad intelectual o mental por menos del sueldo mínimo. El proyecto viene con inclusión laboral y sueldos justos. La idea es emparejar la cancha", informó Daniel Concha.

Sumó que se trabajará con las empresas para que adapten los procesos de selección, de acompañamiento y de evaluación del trabajo que hacen las personas en situación de discapacidad: "De esa manera vamos a saber cómo podemos adaptarnos para que ellos den lo mejor. Esto debe ser visto como una inversión, no como un gasto".

En esa línea, el directivo recordó el caso del científico Stephen Hawking, cuya discapacidad severa no ha mermado su trabajo: "Con una silla de ruedas adecuada, un computador adecuado y un asistente personal adecuado es capaz de desempeñarse como uno de los mejores físicos del mundo".

Dos nuevos centros educativos en las comunas de Negrete y Coronel, que recibirán a 144 niños y niñas, fueron inaugurados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles en la Región.

"Peumayen" del sector Escuadrón, en Coronel, y "Trencito" de Coigüe, en Negrete, son los dos nuevos jardines infantiles y salas cunas que abrieron sus puertas a la comunidad.

"Las niñas y niños tienen derecho a una educación desde el comienzo, desde que nacen. Por eso estamos trabajando en ampliar la cobertura y relevar lo importante que es asistir a la sala cuna y jardín infantil, porque se generan experiencias de aprendizaje en una etapa clave para el desarrollo de toda persona", explicó la directora regional de la Junji, Andrea Saldaña León.

Las obras del Jardín Infantil Peumayén con una inversión de más de $700 millones , se construyó en un terreno donado por la Municipalidad de Coronel.

Las aulas cuentan con más superficie por niño, juegos motrices, mejores adaptaciones para párvulos con necesidades educativas especiales, patios más equipados y zonas ecológicas.

En tanto, el jardín infantil y sala cuna "Trencito" de Coigüe, es el primero en la historia del sector y significó una inversión de más de $410 millones, entregará educación parvularia a 20 lactantes y 28 párvulos.

Ambas obras de dos pisos cuenta con elevador para discapacitados.

Una querella por la agresión a dos inspectores por parte de un grupo de vendedores ambulantes, ocurrida en momentos en que realizaban una fiscalización en la vía pública, será presentada hoy por la Municipalidad de Concepción.

La denuncia se produce a días de la puesta en marcha de una ordenanza municipal sobre comercio ambulante ilegal, la que determina que quienes adquieran productos a estos vendedores será sancionado con multas que pueden llegar a los $135 mil.

La situación denunciada por el municipio penquista se produjo el sábado pasado, cuando los dos funcionarios cumplían su labor junto a efectivos de Carabineros en calle Barros Arana, a la altura del pasaje Cervantes, en pleno centro de la capital regional.

Uno de los inspectores que resultó más afectado fue llevado al Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Regional para constatar lesiones y dejar allí la constancia oficial de la agresión.

En los últimos días se han producido situaciones de tensión entre los fiscalizadores, carabineros y los vendedores callejeros ilegales, a raíz de la aplicación de la ordenanza.

GRUPO ORGANIZADO

Ayer el alcalde penquista, Álvaro Ortiz, encabezó una reunión con el equipo completo de inspectores, acompañado por Asesoría Jurídica, Protección Civil, Administración Municipal y su jefe de gabinete. Tras el encuentro, anunció que se presentaría una querella por el ataque en contra de los fiscalizadores.

"El sábado a mediodía, de manera cobarde, una turba de 25 a 30 personas en calle Barros Arana con pasaje Portales agredió a dos funcionarios nuestros con golpes de pies y puño", afirmó.

Recordó que la inspección que se estaba desarrollando es parte del proceso de aplicación de la ordenanza que busca controlar el comercio ambulante no autorizado y que "esas son las personas que están vendiendo en la calle, que muchos todavía defienden, esas son las personas que queremos sacar para que nos dejen las calles limpias y libres para poder transitar".

Sostuvo que, a su juicio, son verdaderos grupos organizados los que están detrás de estos ataques y que, "esperamos que la ciudadanía pueda entender lo que hemos estado planteando hace ya mucho tiempo, en el sentido de que no compre en el comercio ilegal y que prefiera el comercio establecido".

El alcalde añadió que el control del comercio no autorizado "es una tarea titánica, pero no va a finalizar y vamos a seguir coordinándonos con Carabineros de Chile".