Aprueban proyecto gasífero en medio de protestas y quejas de líderes comunales
Monedas e improperios recibieron las autoridades que integran la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), luego que ayer votaran favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto del Terminal GNL Penco -Lirquén.
Con esta aprobación, se dio luz verde a la construcción de esta iniciativa que es rechazada por organizaciones ciudadanas y autoridades de las comunidades de Penco y Tomé.
Son 12 los miembros que componen la Comisión Evaluadora del Biobío (ver recuadro). Sin embargo, en la sesión de ayer sólo 10 votaron, ya que los seremis de Obras Públicas y Agricultura se excusaron de asistir.
VIOLENCIA
Desde hace unos días que los miembros de la coordinadora intercomunal que agrupa a Penco, Tomé, Talcahuano y Bulnes venían anunciando que se manifestarían durante la votación del proyecto gasífero.
Y así fue, porque en la jornada de ayer hubo protestas en las afueras de la Universidad de Concepción durante la mañana y en la tarde en el exterior del edificio del Gobierno Regional, en donde carabineros de Fuerzas Especiales recurrió a carros lanzaagua y bombas lacrimógenas para dispersar a las más de 300 personas que protestaban mientras se realizaba la votación.
El comandante de la Prefectura Concepción, Julio Santelices, informó que detuvieron a más de 30 personas por estos incidentes.
Sin embargo, una de las situaciones más complejas la vivieron las autoridades de la comisión encabezada por el intendente Rodrigo Díaz. Esto, porque tras decidir que el proyecto cumplía las exigencias legales en materia ambiental, un grupo de personas que estaba en la sesión los increpó, acusándolos de venderse a las empresas que -según sostienen- dañarán ambientalmente la zona costera.
"Es una vergüenza que presenciemos la aprobación de este proyecto por unanimidad. Hoy confirmamos la colusión político-empresarial en el país (…). Aquí el enemigo es poderoso y tiene una gran cantidad de dinero puesto en los bolsillos de las personas que votaron hoy. Lo denunciamos, todas estas personas son absolutamente vendidas, porque pasaron por encima de la institucionalidad y la legalidad", sostuvo de forma enfática la vocera de la coordinadora intercomunal, Camila Arriagada, que aseguró que hay riesgo inminente en la salud de las personas por la cantidad de emisiones contaminantes del proyecto.
Fue el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Nemesio Rivas, quien salió a responder a las críticas que hubo por la aprobación de la iniciativa.
Planteó que la recomendación favorable y el voto de aprobación que emitió en la comisión se basó en que los antecedentes daban cuenta de que el proyecto cumplía con la normativa ambiental vigente, y que obtuvo los permisos ambientales que otorgan los servicios que tienen competencia ambiental y que participaron de la evaluación.
"Se adjuntaban los requisitos técnicos formales para su otorgamiento, y con respecto a los impactos significativos reconocidos se presenta el respectivo plan de seguimiento para hacerse cargo de estos", expresó el director regional del SEA.
RECURRIRÁN A LA JUSTICIA
Totalmente desilusionadas se mostraron las alcaldesas de Tomé, Ivonne Rivas y la de Penco (s), Valentina Escalona, por la decisión que adoptaron las autoridades.
"Tuve confianza en que algunos seremis nos iban respaldar. Aquí no se escuchó la voz de la gente, ni a los municipios de Penco como a la de Tomé", expuso la alcaldesa Rivas.
Las autoridades comunales anunciaron que recurrirán de protección a la Corte de Apelaciones para revertir la aprobación de este proyecto, que consideran poco beneficioso para el desarrollo estratégico de las comunas. Asimismo, el diputado DC, Marcelo Chávez, informó que actuarán por la vía administrativa, presentando un recurso de reclamación ante el Consejo de Ministros.
Este debe ser presentado en un plazo de 30 días a contar de la notificación a las partes. En el caso de fallar esta instancia se pueden hacer presentaciones en el Tribunal Ambiental de Valdivia, y por último, en la Corte Suprema.
Quien evalúa también una presentación judicial es el seremi de Gobierno. Esto, por la agresión que sufrieron por parte de los manifestantes dos funcionarios de la repartición: "Lo que hubo en la tarde (de ayer) no es la oposición legítima a un proyecto. Aquí hubo vandalismo y agresión (...). Eso no tiene otro nombre que lumpen".
La autoridad también catalogó de inaceptable la situación que vivió el intendente y los seremis durante la sesión.
"Ellos saben que pueden recurrir a otras instancias y lo que no corresponde es que se amedrente por vía de hecho, de manera cobarde, a personas que solamente cumplen una labor como funcionarios públicos", recalcó.
La construcción del Terminal GNL Penco-Lirquén tiene una inversión de US$165 millones y una vida útil de 30 años.