El abogado y académico Francisco Zúñiga (PS) observa que el proceso constituyente "ha ido de menos a más", pues si bien se inició con una etapa de educación cívica que a su juicio fue "floja", asegura que la fase de participación ciudadana ha sido "muy satisfactoria".
"Mi experiencia de haber participado en varios encuentros locales es muy satisfactoria, porque hay convocatoria, la gente llega ahí por propia voluntad. Las conclusiones a las que se arriba son muy similares en distintos encuentros. Eso lleva a pensar que en el país hay una suerte de pedagogía democrática y una cultura cívica que se traduce en compartir valores y percepciones comunes acerca de cuáles deberían ser los contenidos de una nueva Constitución", opina Zúñiga, quien es profesor de Derecho Constitucional de la U. de Chile, fue jefe de la comisión de Constitución del comando de Bachelet y representó al Gobierno en el TC por la reforma laboral.
- El foco central ha estado puesto en dos aspectos: primero, los valores republicanos, de servicio público, de participación política y social de la ciudadanía. Se mira en general con beneplácito la idea de reponer la obligatoriedad del sufragio. Y otro centro de gravedad son los derechos y las garantías de esos derechos.
- Creo que no hay tal sesgo de clase, es una mirada más bien elitista. En los encuentros participan quienes se sienten convocados a participar. Si hubiese sesgo de clase habría un divorcio importante entre la percepción ciudadana de una comuna de bajos ingresos y una de altos ingresos, y esa diferencia uno no la observa. No voy a la discusión cuantitativa, porque efectivamente hay tres comunas del Gran Santiago que concentran un número significativo de encuentros locales: Santiago, Ñuñoa y Providencia. Pero voy a la cuestión cualitativa, porque al día de hoy buena parte del país ha tenido encuentros locales, y lo interesante es que las formulaciones que los ciudadanos hacen, a pesar de la diversidad territorial, reflejan una visión común de lo que deben ser nuestras instituciones, los valores republicanos y nuestros derechos y garantías. Eso es lo valioso de este proceso.
- Ya no se elitizó, porque quienes elaboran el documento de base ciudadana es el Consejo de Observadores, el que debe tener mucho cuidado, porque debe reflejar con la mayor exactitud posible las ideas que han surgido.
- La idea de tener una plataforma digital fue acogida por el Gobierno y es una muy buena experiencia desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Refleja un sentido común de la ciudadanía en los temas de nueva Constitución que llama poderosamente la atención de cualquier observador externo, porque uno podría decir que, después de un largo periodo autoritario y de una transición demasiado lenta, esa conciencia cívica estaría un poco adormecida. La verdad es que no lo está. Menos opinión uno observa acerca de qué instituciones concretamente deben haber. La ciudadanía apoya ampliamente la idea de tener más descentralización, pero no hay una visión concreta, específica, sobre cómo aterrizar la idea de traslación de más poder a las regiones.
- Según el itinerario, es el Gobierno el que va a elaborar los proyectos de reforma. Un proyecto será enviado al Congreso para modificar el capítulo 15, que es el capítulo de reforma de la Constitución, y otro proyecto es el de nueva Constitución.
- Este proceso al que nos convoca la Presidenta, con este tipo de cabildos y encuentros locales, es bastante inédito. Lejanamente hay un antecedente en América Latina de un proceso análogo que fue el proceso que culminó con la Constitución de 1988 en Brasil. Esa Constitución fue precedida de un proceso de participación ciudadana a nivel local muy importante. Eso lejanamente tiene parecidos, pero aquí no se utilizó ningún modelo. En rigor, es una innovación.
- Quiero llamar la atención aquí que los artículos 6 y 7 del Convenio 169 sobre pueblos indígenas de la OIT está vigente y son disposiciones autoejecutivas. Por tanto, cualquier decisión política que en el país se adopte y que incida directamente en los pueblos indígenas exige consulta y participación de ellos. Por ende, un proceso constituyente con participación de los pueblos indígenas está en completa sintonía con lo que ordena ese convenio.
- Peor aún. Si no hubiésemos hecho esto, mañana se nos podría acusar en los paneles internacionales de estar incumpliendo el Convenio 169 por no haber sometido este proceso a mecanismos de consulta y participación propias de los pueblos indígenas. Esa opinión me parece liviana y reprobable porque es una incomprensión respecto de cuál es el rol que a las instituciones le caben en relación a sus pueblos originarios.
- El Presidente Lagos propuso una idea que es central, y es que la nueva Constitución tiene que ser elaborada a partir de una hoja en blanco, que no es lo mismo que partir de cero. Una hoja en blanco es un debate sobre el contenido de la nueva Constitución sin pretexto, sin vetos, sin bloqueos, es decir, que puedas someter a discusión todos los temas atingentes al estatuto constitucional. No es hacer borrón y cuenta nueva, no es hacer tabula rasa de nuestro pasado constitucional. Por el contrario, tenemos una cultura constitucional que se remonta a la fundación de la República, una tradición liberal y democrática que reivindicamos como evidencia republicana en Chile, y creemos que es valiosa. No estamos dispuestos a debatir sobre una Constitución fundada en modelos foráneos; tenemos que ser capaces de tener una Constitución que nos sirva como país y que dé cuenta de su pasado.
- A mí me tocó trabajar en la reforma constitucional de 2005. Esa fue una reforma que si uno la mira de la perspectiva histórica, fue un tremendo avance institucional porque contribuyó a eliminar enclaves autoritarios. Sin embargo, quienes estuvimos trabajando en esa reforma sabemos a ciencia cierta cuáles fueron los límites, los pretextos, los vetos que la oposición de la época le hizo a la reforma constitucional.
- La Constitución de 1980 es ilegítima en su origen. En estricto rigor no es una Constitución, es un decreto ley dictado por la Junta de Gobierno, sometido a la ratificación plebiscitaria, plebiscito que es un fraude. Y creo que esta afirmación que hago prácticamente hoy no es discutida en la academia. Lo que ocurre es una cosa distinta y se confunde en los planos. Esta misma Constitución tuvo y tiene vigencia, y debe ser acatada porque es el estatuto fundamental que el país tiene (...) La Constitución suma desde 1989 a la fecha 38 leyes de reforma. Si uno mirase este dato desde el punto de vista puramente cuantitativo tendría que esta es la Constitución más reformada de la historia de Chile. Pero esa mirada es engañosa porque ninguna de esas reformas ha modificado el ADN de la Constitución, no ha eliminado las trampas institucionales. Entonces, la Constitución del 80 no es la Constitución que rige hoy a Chile. Es vieja y nueva Constitución.
- Esa es la esperanza que existe. Esta fase de proceso constituyente tiene por finalidad corregir un defecto de la Constitución vigente, y es que es una Constitución que no prevé mecanismos de participación ciudadana. Pero espero que el Gobierno cuando despache el proyecto de reforma al capítulo 15 establezca un mecanismo de participación ciudadana, como el referéndum. Porque, sea el Congreso o sea la Asamblea Constituyente la que se aboque a la redacción de una nueva Constitución, ambos son mecanismos de representación política, no de participación de la ciudadanía.
- Yo diría que parte de la oposición ha buscado negarse, restarse y boicotear este proceso constituyente y lo encuentro lamentable. Lo lamento porque creo que a final de cuentas el proceso debe ser inclusivo. La presencia en el Consejo de Observadores de representantes vinculados a la oposición no solo tiene por finalidad dar garantías de imparcialidad, sino que dar garantías de pluralismo en la conformación de un órgano tan clave como el Consejo. Espero que esta decisión de restarse no sea la primera campanada de una negativa a reformar la Constitución.
- En un sentido débil, un proceso constituyente tiene un contenido ideológico. No veo que esa acusación tenga ningún sentido en sí misma. Lo importante no es si tiene componentes ideológicos, lo importante en un proceso constituyente democrático es que las distintas concepciones ideológicas subyacentes a cómo debe ser el estatuto fundamental del país converjan en el proceso. No hay nada menos neutral que una Constitución política.
- Creo que la Presidenta va a cumplir su palabra en orden a despachar los proyectos, pero uno tiene que ser realista. El próximo año estará marcado por las elecciones y es probable que este proceso termine cuajando en la próxima legislatura y en el próximo periodo de Gobierno, lo cual tiene alguna ventaja, y es que vamos a tener la renovación íntegra de la Cámara, parcial del Senado y una renovación del Congreso con un método electoral proporcional que tiene mejores credenciales democráticas que el binominal. Desde ese punto de vista puede ser una ganancia que esto cristalice en la próxima legislatura.
- En un sistema democrático hay alternancia y puede perfectamente ocurrir que el próximo Gobierno no sea de centroizquierda. Un proceso constituyente en serio no debe pender de la voluntad del Gobierno. El Gobierno es un actor del proceso, no es el único, y un proceso constituyente de esta envergadura tiene varios protagonistas institucionales. El eventual cambio de signo del Gobierno no tendría por qué significar ponerle lápida a este proceso.
- Quiero recordar que la reforma de 2005 fue impulsada inicialmente por decisión de senadores de gobierno y de oposición. De hecho esa reforma tiene su origen en dos mociones parlamentarias. En suma, el Gobierno no tiene la prerrogativa exclusiva de impulsar un proceso constituyente y de cambio constitucional.
