El seminario "Ley de Fomento al Reciclaje: Oportunidades y Desafíos", reunió a un centenar de representantes comunales y también a actores vinculados a la gestión de residuos en la Región, con la idea de compartir experiencias y expectativas frente a la nueva norma que obliga a las empresas a hacerse cargo de sus desechos, asegurando un porcentaje de elementos reciclados.

En la cita estuvieron empresas de reciclaje, municipios, recicladores de base, ONG's, autoridades regionales y locales, además de una gran diversidad de actores que discutieron sobre las oportunidades y desafíos que esta Ley implica.

El seminario estrechó así lazos entre quienes hoy demandan los materiales reciclados, con quienes los gestionan en diversas instancias.

RESIDUOS SON RECURSOS

La jornada la inauguró el seremi del Medio Ambiente, Richard Vargas, quien precisó que "es fundamental que más allá de la indiscutida relevancia de la Ley de Fomento al Reciclaje recientemente promulgada, es fundamental que la ciudadanía asuma su responsabilidad desde el sector en que se encuentre".

La autoridad regional valoró en ese sentido los distintos roles que deberán coincidir para lograr el éxito de la nueva ley: "Tanto los productores, además de quienes utilizamos y adquirimos ciertos bienes, el optar por compras inteligentes. También, por supuesto, quienes tienen la capacidad de valorizar los residuos, serán clave. De nada sirve una ley como esta si no existe conciencia y responsabilidad ambiental", aseguró.

En el seminario además participó el referente del Ministerio del Medio Ambiente para esta ley, el ingeniero medioambiental holandés Joost Meijer, que durante más de dos décadas ha estado en la formulación técnica de este proyecto de Ley, y durante su exposición despejó dudas sobre los plazos, recursos involucrados y visión de la nueva norma. "Los residuos son recursos, y mientras antes entendamos esa idea, tanto mejor", dijo Meier.

Diversas reacciones son las que se generaron tras conocerse el informe de Contraloría que determinó ciertas objeciones al proceso de licitación de las obras del estadio Ester Roa Rebolledo, las que se adjudicaron a la Constructora Claro Vicuña Valenzuela.

En lo medular, el documento detectó en la contratación de los trabajos de la tensoestructura y butacas un pago mayor al que se hubiera hecho con las empresas que primariamente tenían esa licitación, cuando Copasa era el consorcio a cargo. Esta diferencia de valores llega a los $4.600 millones, IVA incluido. Al desglosar esta cifra, por la techumbre del recinto se pagaron en exceso casi $1.700 millones, y por la butacas, más de $2.200 millones.

La Contraloría además encontró incumplimientos administrativos en la propuesta técnica de las dos empresas que postularon a la licitación privada, Serinco Ltda. y Claro Vicuña Valenzuela. También detectó que al momento de contratar la obra con Claro Vicuña no había disponibilidad total de fondos.

Todos estos aspectos llevaron a que el órgano contralor inicie un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.

MINISTRA DEL DEPORTE

En una visita en la que revisó diversas obras en la zona, la ministra del Deporte, Natalia Riffo, se refirió a este informe de Contraloría. La secretaria de Estado sostuvo que la acción realizada por el ente contralor es un proceso propio que se lleva a cabo en obras de gran envergadura.

En esa línea declaró que no hubo sobreprecio en la tensoestructura y sí en las butacas, y que por eso fue la retención de la boleta de garantía de $1.980 millones que hizo la municipalidad.

"Es comprensible que la gente crea que en la construcción del Estadio Ester Roa se hable de precios elevados (...), pero a nuestra llegada al Gobierno evidenciaba un retraso casi irremontable con sólo un 13% de avance (...). Tomando esos antecedentes, tuvimos que incluir obras como la techumbre y otras complementarias en un contrato que nos diera la certeza de cumplir con la aspiración de todo el país, y los penquistas en particular, y que era llegar con el estadio a la Copa América 2015", expuso la ministra.

Añadió que "sin perjuicio de ello, el informe de Contraloría es claro y se deben buscar las responsabilidades en quienes corresponda".

En tanto, Claro Vicuña reafirmó a través de un comunicado que la ejecución de la obra se ajustó al contrato y a las normas definidas por la autoridad.

"No nos podemos hacer cargo de las observaciones a los procesos administrativos que formula el órgano Contralor, ya que están dirigidos a instituciones públicas ajenas a nuestra empresa, que actuando en el ámbito de sus atribuciones determinaron las modalidades contractuales que se exigieron para la remodelación del estadio", expresaron a través del documento.

Trabajadores y pensionados de Concepción y la Asociación en Defensa de los Derechos de los Consumidores del Biobío protagonizaron una manifestación en las afueras de la AFP Hábitat en el centro penquista. Esto, en repudio de la baja de 2% promedio de las pensiones, debido a que, cada cinco años, la Superintendencia de Pensiones realiza un reajuste en las tablas de expectativa de vida.

Imilsa Contreras, vicepresidenta de la Asociación de Pensionados de Concepción, mencionó que "estamos cansados de tanto abuso de parte de las instituciones que dejó la dictadura militar. Es hora de que los chilenos nos pongamos los pantalones y manifestemos nuestra indignación contra este sistema". Dicho esto, se encadenó por unos minutos a la entrada del local.