Pareciera estancarse el avance logrado en la formulación y tramitación del nuevo marco jurídico que establecerá la elección directa de los gobernadores regionales, trasladará importantes competencias desde el centro político-administrativo del país a las regiones e instaurará una forma distinta de financiamiento, que pretende ampliar la autonomía local sin dejar de respetar las normas que fija el presupuesto general del Estado.

Entre otros problemas, los parlamentarios se resisten a crear una figura de tanta relevancia y perder la influencia que tienen en el nombramiento de los actuales intendentes, condicionando al conjunto del proceso con la demora en aprobar la ley que permitirá que los chilenos votemos por nuestras autoridades regionales el año 2017.

Acostumbrados a una desconcentración administrativa en cámara lenta -donde se han ido traspasando competencias desde los niveles superiores del aparato estatal, sin que ello signifique dotar de una capacidad real de decisión a los órganos desconcentrados-, ahora se trata de romper la inercia y dar un paso decisivo para la descentralización. Como aquello implica repartir de una manera distinta el poder, no debiera sorprendernos que reaccionen negativamente las estructuras que se sientan perjudicadas, intentando obstruir los cambios mediante maniobras como el desplazamiento hacia un futuro incierto de la fecha en que estas elecciones deberían realizarse.

Tampoco es inocuo priorizar rentas y funciones por encima de la elección directa del jefe regional, pues al contrario de lo que pudiera afirmar alguien que disfraza con pragmatismo su centralismo, resta fuerza a la posición de las comunidades al bloquear la participación de la gente en la generación de los cargos que deberán negociar con el Estado central y liderar la implementación de las respectivas estrategias de desarrollo.

Al ser un problema político, la respuesta debe ser política. Estas acciones se ubican en el origen de la crisis de representación que sufre Chile, ya que los dirigentes defienden sus intereses particulares y se olvidan de los ciudadanos a los cuales les deben sus cargos. Por ende, corresponde a los habitantes y a las organizaciones de cada territorio, presionar a sus respectivos legisladores para que promuevan sus demandas y, con ello, legitimen el ejercicio de la democracia.

Sobre todo, el poder Ejecutivo debe emplearse a fondo en la aprobación de estas iniciativas, pues es quien acumula una mayor cantidad de atribuciones y maneja más recursos. Además, este tema forma parte de los compromisos programáticos del actual Gobierno, constituyendo una reforma fundamental para enriquecer la participación popular y hacer viable un desarrollo nacional equilibrado.

La Constitución que nos rige indica que solo la Presidenta de la República puede destrabar el procedimiento parlamentario, aumentando la urgencia con que debe discutirse el proyecto, por lo que es necesario hacer ver a La Moneda que es fundamental acelerar los tiempos y concretar las promesas.

Se agradecen los esfuerzos de la Agencia de la Calidad de la Educación por llamar a no elaborar rankings, declarar que la calidad va más a allá de la aplicación de un instrumento, e intentar hacer comprensibles (con gráficos y recomendaciones) sus resultados. Sin embargo, las consecuencias negativas de su aplicación aún son visibles. Los profesores continúan sintiendo que ellos son evaluados (a pesar de que son sus estudiantes quienes rinden las pruebas), aún hay celebraciones para los profesores que "tuvieron" buen puntaje, las pruebas aún son aplicadas en un mismo momento, sin considerar las particularidades de los diferentes contextos escolares y regionales, todavía los estudiantes de bajos resultados son invitados a tomarse "libre" los días de aplicación, entre muchos otros ejemplos.

Si bien la inclusión de los Otros Indicadores de Calidad (OIC) ha contribuido a generar la idea de que la calidad es un concepto integral que sobrepasa los resultados, aún estamos lejos de lograr medir calidad. Un ejemplo de esto es que los cuestionarios enviados a los padres no dan espacio para captar las características y particularidades de cada estudiante.

El Simce es una medición que busca conocer la cobertura curricular, es decir, se realiza en base al cumplimiento del currículo nacional que establece el Mineduc a partir de sus programas de estudio. En términos de medición, ahí radica el mayor de sus problemas, porque busca medir algo inalcanzable. Los programas son tan extensos en términos de contenidos espacio-temporales y en términos de desarrollo de habilidades, que su aplicabilidad es reducida, incluso en el más privilegiado de los contextos.

Entonces, el problema es más profundo que el Simce, es la desarticulación entre los creadores de política pública (Mineduc) y la realidad del sistema escolar. Si uno se fija quiénes han creado los programas de estudio, es decir, quiénes han definido el currículum nacional, raramente han sido profesionales de la educación con vasta experiencia en aula. Son profesionales con grados de doctor y magister, especialistas en la materia, pero carecen del conocimiento de lo que significa enseñar en una sala de clases.

Para finalizar, los invito a ponerse en los zapatos de un profesor que recibe los resultados del Simce ¿qué hace uno con una sugerencia del tipo: con este puntaje usted puede "reflexionar sobre la sinergia que existe entre estos y los otros resultados educativos, para elaborar un diagnóstico anual que considere los diversos aspectos fundamentales para el aprendizaje"? Este es el tipo de indicaciones que da la Agencia de la Calidad a los profesores. ¿Cómo eso nos permitiría conocer por qué los estudiantes no lograron comprender un tema? No hay que ser profesor para darse cuenta que las mediciones estandarizadas poco pueden decirnos sobre los progresos y desaciertos de un curso. No han sido creadas para eso, entonces ¿por qué insistir en que un sistema que las utiliza puede darnos indicadores de cómo pueden los estudiantes chilenos aprender más y mejor?