El ministro de RelacionesExteriores, respondió ayer al anuncio realizado por su homólogo de Bolivia, David Choquehuanca, quien aseguró que su país denunciará a Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA) los supuestos "atropellos" de Chile en relación a la disputa por el río Silala.

El canciller comentó que "hace tiempo que terminaron las resoluciones sobre la aspiración marítima boliviana en la OEA. De hecho, cesaron después de la restauración de la democracia en Chile".

En una resolución emitida en 1979, la OEA reunida en La Paz apoyó el reclamo marítimo de Bolivia y desde 1990 el país andino presenta informes al organismo internacional sobre el estado de su situación.

"El anuncio del canciller Choquehuanca, de llevar los 'reclamos de su país' en contra de Chile en la OEA, revela el desprecio del Gobierno boliviano por la Corte de La Haya", contestó el canciller. "Al instalar un asunto en la Corte, este, según las reglas de la propia Corte, no puede tratarse en otros foros internacionales".

De formalizarse este reclamo, el titular de RR.EE. indicó que "responderemos con respeto, pero con firmeza".

En una entrevista al medio La Razón difundida ayer, Choquehuanca expresó que su país "va a informar (…) y también va a reclamar y va a denunciar ante la OEA estos atropellos, estos incumplimientos por parte de Chile a los bolivianos".

El Gobierno anunció una demanda contra Bolivia ante la Corte por el conflicto en torno al uso de las aguas del Silala, que son consideradas por Chile como un río internacional y por el país andino como un conjunto de manantiales cuyas aguas son supuestamente desviadas hacia Chile a través de sistemas artificiales.

Según la encuesta Cadem publicada ayer, el 80% de la población apoya esta demanda. Sin embargo, el 43% afirma que la Presidenta Bachelet la interpuso para mejorar su imagen al interior del país.

En respuesta a las críticas por parte de dirigentes estudiantiles, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, recalcó ayer que "nunca estuvo planeado que llegáramos al 100% de gratuidad durante este Gobierno".

"Nosotros dijimos que este año queremos avanzar al quinto decil y en 2018 se avanza hasta el séptimo decil, y la Presidenta Bachelet ha dejado establecido en la ley cómo se sigue avanzando de acuerdo al crecimiento de la economía", indicó la secretaria de Estado.

Delpiano justificó los plazos y llamó al realismo. "Yo creo que eso es razonable, es lo que el país puede hacer en esta materia", subrayó la titular de Educación.

"atornillar al revés"

Respecto de las tomas en los establecimientos, la ministra Delpiano emplazó a los dirigentes estudiantiles y señaló que están haciendo "un flaco favor a la educación pública".

"Los establecimientos en toma generan, por parte de los padres, un cierto rechazo y, por lo tanto, estamos un poquito atornillando al revés", manifestó. "Cualquier toma de un establecimiento público significa, para muchas familias, una confirmación de por qué no quisieran estar en la educación pública, y eso es un retroceso frente al gran esfuerzo que estamos haciendo en mejorar la calidad".

Delpiano señaló que los estudiantes pueden manifestarse de diversas formas, pero "que un grupo se tome el colegio e impida que otro grupo que no quiera estar en toma pueda asistir a clases, es un acto de violencia", por lo que llamó a deponer las tomas e insistió en que está abierta al diálogo.

Sobre las movilizaciones anunciadas por la Confech, entre ellas un paro nacional para el 23 de junio, la ministra lamentó esta resolución "porque haya dos o tres aspectos que (el proyecto) no toma tal cual lo que ellos plantean".

lucro sin cárcel

La ministra Delpiano también contestó las críticas de los estudiantes a uno de los puntos del proyecto de ley que sanciona al lucro, que no contempla penas de cárcel.

No obstante, puntualizó que en el proyecto de ley habrá sanciones que pueden llegar hasta el cierre de un establecimiento de educación superior. Este punto, indicó Delpiano, no quita que sea discutido en el Congreso luego del envío del proyecto de ley.

"Esto está en el ámbito administrativo, no en el penal", aseveró en alusión a las atribuciones que tiene su cartera en el proyecto de ley. En ese sentido, señaló que "el lucro en Chile está permitido en todo tipo de actividades económicas, sólo en la educación superior no puede existir".