En 2011, Carabineros gastó $84 millones por concepto de viático extraordinario, para cumplir con todas las medidas de protección, tanto a empresas forestales como predios particulares. Cuatro años más tarde, la cifra aumentó a $1.879 millones, 22 veces más que hace cinco años.
Este antecedente corresponde a la información solicitada por el senador MAS, Alejandro Navarro, a la institución policial. El documento emitido por la Secretaría General de Carabineros especifica el gasto por concepto de viático extraordinario y no un detalle mayor, debido a que los funcionarios comisionados en la zona realizan diversas acciones para cumplir con las medidas de protección que son ordenadas por la justicia.
Según el registro de los últimos cinco años, este ítem ha ido incrementándose de manera evidente cada año, lo que para el senador Navarro es un gasto excesivo.
"No podemos permitir que el Estado esté subsidiando la seguridad de las forestales. Ahí ellos tienen que desarrollar, como lo hacen todas la empresas en Chile, su propia seguridad privada. Carabineros está para mantener el orden público", expresó el legislador.
Un factor que podría llevar a este aumento, sobre todo que entre el 2013 y 2014 que fue el periodo en que la cifra pasó de $195 millones a $802 millones, es que en ese mismo período se incrementaron de 39 a 69 las medidas de protección emanadas a Carabineros, es decir, en un 100%. Actualmente, Fiscalía informó que hay 59 medidas de protección vigentes, sean estas predios forestales, agrícolas, u otras.
El senador Navarro precisó que son cerca de 400 carabineros destinados en la zona, situación que está afectando a otras unidades policiales de la Región, las que han visto reducido su contingente.
"Aunque pongan un carabinero en cada camión, el conflicto no se va a resolver (…) Los atentados continúan aún cuando esta dotación supera los 300 ó 400 efectivos", declaró el senador MAS, añadiendo que debe haber más inteligencia policial.
ÓRDENES JUDICIALES
Sobre esta información y la crítica realizada por el senador Navarro, desde Carabineros sostuvieron que con respecto a las medidas de protección que realizan "estas obedecen a un mandato judicial, por lo que la institución debe cumplirlas, optimizando y organizando sus recursos para satisfacer los requerimientos formulados".
La postura de la institución es ratificada por el seremi de Gobierno, Enrique Inostroza, el que afirmó que los efectivos policiales cumplen una acción de orden público y rechazó que estos sean la seguridad privada de las empresas forestales.
"Muchas de estas medidas de protección están dirigidas a poder garantizar seguridad en predios particulares que ha sido objetos de ataques o atentados (…). Tenemos un respaldo absoluto al actuar de carabineros en la Provincia de Arauco, y justificar la necesidad de recursos, en donde el aumento llegue de forma trasparente", comentó el seremi de Gobierno.
Asimismo, enfatizó que los mandos de la institución realizan la distribución del contingente, de manera que puedan cumplir su función de vigilancia en toda la Región.
FORESTALES
Durante este año Forestal Mininco ha sufrido 22 ataques a sus operaciones en faenas forestales, de las cuales 11 ocurrieron en la Provincia de Arauco, situación que, asegura la empresa, ha llevado a pérdidas económicas importantes y a realizar inversiones cuantiosas en seguridad.
"Durante 2015 Forestal Mininco gastó más US$15 millones en combate de incendios forestales intencionales. Producto de estos resultaron quemadas aproximadamente 5.840 hectáreas, avaluadas US$23 millones. Por último, el año pasado más de US$4 fueron invertidos en otras medidas tendientes a entregar seguridad a nuestros trabajadores y predios", contó Augusto Robert, gerente de Asuntos Públicos y Medio Ambiente de Mininco.
El presidente de la Corporación Chilena de la Madera. Corma, Fernando Raga, explicó que a cada una de las empresas le afecta de forma diferente el accionar que está ocurriendo y que a veces el registro contable no lo registra. Además, expresó que las empresas afectadas, sean forestales, agricultores, contratistas u otros, no son los encomendados a armarse ni autoprotegerse para ejercer el derecho a trabajar y vivir en paz, sino que es el Estado el que tiene el deber constitucional de proteger.
"Si los costos de esta protección van creciendo, es en función de la escalada de violencia de pequeños grupos armados organizados que destruyen en forma prácticamente impune elementos de trabajo, cosechas, bosques, equipos, camiones, casas, escuelas, iglesias y siembran el terror entre la población. Si hubiera voluntad política y decisión, ya se habrían desarticulado los grupos subversivos y los costos de la protección serían inferiores", recalcó Raga.
