Un veredicto absolutorio es el que entregaron los magistrados del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete sobre la causa que perseguía la responsabilidad de tres comuneros mapuches por el ataque incendiario que ocurrió el 28 de junio de 2015 en el Fundo San Guillermo, ubicado en Quilihue Norte, sector cañetino de Potrono. El juicio se extendió por tres días.

Tanto los Hermanos Fernando y Rodrigo Melimán Lincopi, como su prima Elvira Lincopi, eran sindicados por el Ministerio Público como responsables de ese atentado, que significó la quema de maquinaria agrícola, fardos y galpones, todo avaluado en más de $500 millones.

La defensora de Elvira Lincopi, Sandra Campos, expuso que la resolución adoptada por los jueces se fundó en que la prueba presentada por la Fiscalía para acreditar los hechos a los presuntos responsables era insuficiente. "La Fiscalía no logró probar nada. Efectivamente ingresaron 30 personas al fundo, pero nunca se supo quiénes eran. Los testigos siempre dijeron que eran personas encapuchadas", contó Campos.

SIN PRUEBAS

Uno de los aspectos que llamó la atención de la defensora fue que se ha vuelto constante que el Ministerio Público impute hechos y lleve a juicio situaciones sin tener las suficientes pruebas para probarlas.

Sobre este punto fue el gobernador Humberto Toro el que se pronunció, principalmente, porque son querellantes de la causa: "Tenemos que avanzar con los que dan su testimonios, que son los testigos (…). Porque cuando están en los tribunales, por distintas razones, pierden la memoria o no se atreven a expresar su opinión en la justicia" , declaró la autoridad provincial.

Agregó que trabajarán para que impere la paz en la provincia, a fin de que sus habitantes sientan la seguridad que requieren para denunciar delitos.

Humberto Toro comentó que analizarán el fallo del tribunal para recurrir de nulidad a la Corte de Apelaciones de Concepción.

El Ministerio Público luego de una investigación de varios meses pidió 17 años de cárcel para Fernando y Rodrigo Melimán, por los delitos de robo con intimidación e incendio. En tanto, para Elvira Lincopi se solicitaron 5 años por el delito de incendio.

Otro capítulo de desacuerdos se vivió en el Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff).

Esta vez, en medio de las votaciones para establecer una directiva después de dos años de conflictos, se repitieron las acusaciones cruzadas entre los dos grupos que buscan legitimarse como titulares de la sección regional del organismo.

Ambas facciones tienen, entre otras diferencias, criterios distintos sobre quiénes están habilitados para votar, lo que durante la última jornada de elecciones derivó en un duro enfrentamiento, que terminó con uno de los grupos abandonando las votaciones.

LAS DOS POSTURAS

"En el transcurso de este proceso se hizo presente Ariel Orellana junto a algunos activistas políticos con claros objetivos de no permitir que se llevara a efecto esta resolución. Se produjeron altercados, e incluso un acompañante de Orellana intentó robarse la urna con los votos", dijo Pedro Arrey, representante de uno de los grupos.

Agregó que "acá se pretendió torcer la mano aduciendo que habían socios con supuestas cuotas al día, que es el requisito para votar. (...) Los registros para esta circunstancia son los que tiene la Filial, no el directorio nacional.

Explicó la postura contraria a esos dichos Luciano Pérez, uno de los integrantes del grupo de Orellana, que se retiró de la votación en medio de las fuertes discusiones:

"Fue algo absolutamente irregular. Fuimos un grupo de 35 socios impedidos de votar. Nosotros sí tenemos la calidad de socios activos, pero ellos tenían un listado confeccionado por ellos mismos, donde nosotros no figurábamos. Quien aporta la información en estos procesos es el tesorero general, pero nada de eso ocurrió", dijo Pérez.

Añadió que "antes de que se abriera el proceso de votación la urna ya contenía algunos votos, por lo que cuando uno de nuestros socios quiso tomar la urna para revisar, se le vinieron encima y se produjo el forcejeo".

El próximo 27 de junio comienza a regir la nueva Ley de Etiquetado de Alimentos, que además de instalar nuevos sellos de advertencia sobre el contenido de los productos, entre otras medidas prohíbe la venta de alimentos poco saludables al interior de los colegios del país.

Sin embargo, hay un aspecto que la ley no toca y es que los locales que están fuera de los recintos sí pueden vender comida chatarra a los estudiantes. Para que la normativa sea efectiva, algunos alcaldes de la Región Metropolitana ya anunciaron que propondrán una ordenanza que prohíba vender comida poco saludable cerca de las escuelas.

En paralelo, los administradores de quioscos de colegios se han mostrado disconformes frente a una ley que los obliga a acotar su oferta, pero no así a su competencia fuera de los recintos. Asimismo, la Seremi de Salud, que lleva adelante la tarea de fiscalizar, explicó que su labor se remite a lo que dice la ley, es decir, controlar dentro de los establecimientos.

Bajo esa mirada, el escenario en la Región es diverso. Si bien los jefes comunales de Chiguayante, Concepción, San Pedro de la Paz y Talcahuano reconocen que la eliminación del comercio de comida chatarra en las escuelas es importante, difieren en la posibilidad de generar una ordenanza.

PARA DOS MESES MÁS

El alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, contó que en su comuna preparan para dos meses más una ordenanza en esa línea: "Estamos con los equipos de educación, salud y del departamento jurídico preparando una propuesta de ordenanza, que luego va a ser llevada a los vecinos, estudiantes y profesores, que esperamos tener lista en agosto".

Rivas contó que la idea es que la ordenanza vaya acompañada de un proceso de educación y apoyo a los comerciantes que hoy venden productos considerados dañinos, para así no dejar a nadie afuera. Tal como se ha hecho con los quioscos escolares, manifestó el jefe comunal, quieren integrarlos también a ellos a la nueva ley.

También en la línea de promover una ordenanza se mostró el alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, quien dijo que seguramente en las próximas sesiones del concejo municipal, replicar esa idea sería tema.

"Vamos a analizar la viabilidad y efectividad de una ordenanza que regule la venta de comida chatarra, como lo están haciendo otras comunas. Sin duda que si es un aporte para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, la vamos a promover", dijo Retamal.

SIN RESTRICCIONES

Aunque no descartó analizar la opción de una ordenanza, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, se mostró cauto frente a esa alternativa. Dijo que para él es más un tema de salud, y que tanto el Ministerio o el Servicio de Salud son instancias más apropiadas para intervenir en esa materia. Además, consideró que es mejor promover estilos de vida saludable.

"Es un tema que viene por una ley que se aplica dentro de los establecimientos educacionales. Prohibir en todos los quioscos y lugares de la comuna, o cuadras alrededor de un colegio, también coarta", dijo el alcalde penquista.

Ortiz además explicó que entendía que la idea de la nueva ley "no es sólo prohibir, sino regular y mantener informadas a las personas de lo que están consumiendo, por tanto, no sé si da para que un municipio empiece a prohibir este tipo de alimentos fuera de un recinto educacional".

Con esa misma cautela, el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, planteó que "la mejor forma de que los niños y jóvenes tengan una mejor alimentación pasa por enseñarles sobre los beneficios de una nutrición sana y por incentivarlos a realizar alguna práctica deportiva de manera constante. Eso, por sobre eventuales restricciones que no atacan el problema de fondo".

De esta manera Saavedra explicó que al menos por ahora esa posibilidad no ha sido abordada por el concejo municipal porteño.