Hace un par de semanas la Organización Mundial de la Salud (OMS) nombró a Coyhaique como la ciudad más contaminada de Latinoamérica. Tan sólo días después se decretó emergencia ambiental en el sur de Chile por los críticos índices de calidad del aire; Coyhaique, junto con Osorno, presentaban la situación más compleja.

La OMS mide dos tipos de material particulado: el PM10 y PM 2,5. Ambos penetran en los pulmones y sistema cardiovascular. Mientras más finas las partículas (PM 2,5), aumenta el peligro porque entran directo al sistema respiratorio y luego al sanguíneo.

En términos simples, estas partículas en suspensión no permiten oxigenar los pulmones, lo cual genera dificultades respiratorias. Así las cosas, se hacen frecuentes en la población expuesta a altos niveles de polución las infecciones respiratorias, empeorando patologías crónicas como el asma bronquial o infartos agudos al miocardio. Además, el PM 2,5 se asocia a mayor incidencia de cáncer pulmonar.

Más aún, la OMS ya advirtió que la polución de aire es actualmente la mayor causa de enfermedades y muertes en el mundo.

La población más vulnerable, como los niños, adolescentes, adultos mayores, quienes trabajan al aire libre o pacientes crónicos son los más propensos a sufrir enfermedades por la mala calidad del aire.

Por ello las recomendaciones de la autoridad buscan proteger la salud de las personas. Así, en estados de emergencia ambiental no debe realizarse actividad física, ni concurrir a zonas especialmente contaminadas. Si es necesario, la indicación es usar mascarilla, la que debe cambiarse cuando se humedece, aproximadamente cada una hora.

Entre las medidas tomadas está la restricción del uso de calefactores a leña (principal causa de contaminación en el sur de Chile), la prohibición del funcionamiento de calderas industriales fuera de la normativa y la suspensión de actividades deportivas al aire libre en los colegios.

Mientras en las grandes ciudades una de las principales fuentes de contaminación es el tráfico automotor, hoy nos encontramos que las ciudades del sur de nuestro país se encuentran tristemente presentes en el ranking de las más contaminadas por el uso de combustibles sólidos, como la leña y el carbón. Situación que requiere de un profundo cambio cultural, económico y social, en orden a reconvertir los sistemas de calefacción.

El vasto crecimiento de Internet y la gran proliferación de medios y servicios digitales, ha dado lugar a un debate a nivel mundial: ¿quién debe controlar la red? Los defensores de la neutralidad de la red, proponen que el acceso debe ser igual para todos, sin barreras económicas ni condicionamiento con respecto al contenido que se publica y, por supuesto, sin trabas hacia quien se dirige el mensaje.

En Estados Unidos la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) emitió una orden, en vigor desde el 12 de junio de 2015, que reclasifica la banda ancha como un servicio público e impone regulaciones a los proveedores de acceso a Internet, para que todos los ciudadanos puedan acceder en igualdad de condiciones. Si bien esta decisión puede parecer beneficiosa para los usuarios, en su condición de consumidores, a la vez se están estableciendo mecanismos para limitar y controlar quién y cómo difunde la información dentro de la red.

El surgimiento de Internet, trajo consigo una sensación, utópica, de libertad absoluta, un mundo de libre flujo de las ideas y de la información. Pero esto no ha sido más que una ilusión. En pleno siglo XXI la tradicional censura a la prensa se ha traslado hacia Internet, con el fin de impedir la libre difusión de ideas y noticias. Los antiguos argumentos del desnivel informativo en el mundo, o flujo en una sola dirección, en base de las fatídicas discusiones por un nuevo orden mundial de las comunicaciones, se han desmoronado con la llegada de la difusión de noticias por medios sociales y la web. Ayer se reclamaba que el flujo de noticias provenía del norte al sur imponiendo un dominio cultural e informativo. Hoy Internet ha permitido el balance del flujo, pero los detractores no están contentos pues el fondo de la cuestión es el control del mensaje para reprimir una de las mejores formas de expresión y difusión de las ideas.

La censura a la web da paso al control informativo de distintos gobiernos, que apagan la libre difusión de noticias pero amplían la hegemonía comunicacional controlada por sus propios aparatos. Así como en el pasado la censura se practicaba en forma diaria en las redacciones de los periódicos, hoy los gobiernos disponen de múltiples herramientas para alcanzar su objetivo de intentar controlar Internet. Algunas son de tipo financiero, como el establecimiento de tarifas e impuestos que los usuarios no pueden cubrir; otras son de tipo tecnológico, con el filtrado y bloqueo de los servicios disponibles; y también las hay de tipo administrativo, imponiendo la obligación de registrar los sitios web que desean operar en su territorio nacional.

Las formas de control se acentúan en países donde Internet está viviendo un crecimiento más rápido. China, cuya Constitución señala respeto a la libertad de expresión de prensa, es uno de los países donde existe el mayor control del contenido que se difunde por Internet, con la excusa de que es esencial para proteger la seguridad nacional, el orden público y los secretos de estados. Corea del Norte, donde todos los websites están bajo el control del gobierno; Cuba, donde Internet está disponible en puntos de accesos controlados por el gobierno; Arabia Saudita con más de 400,000 sitios bloqueados.

A partir de la encuesta Cerc- Mori dada a conocer recientemente, en la que se afirma que un 84% de los chilenos no confía en sus compatriotas y que el 56% de los encuestados sabe de alguien que ha utilizado una licencia médica para no ir a trabajar, creemos que son cifras alarmantes que dejan en evidencia la crisis de credibilidad que está afectando a nuestra sociedad.

Pero no solo eso, además, deja en evidencia la falta de claridad de la gente en cuanto a la gravedad de emitir o recibir licencias médicas fraudulentas. Esto en parte se atribuye a que los chilenos perciben esta acción sólo como una falta y no como lo que es: un delito, que conlleva por ley penas privativas de libertad que van desde los 541 días a los tres años de cárcel, y multas por más de 2 millones y medio de pesos.

A pesar de ser una práctica poco visible, el mal uso de este instrumento afecta negativamente tanto a empleadores como empleados y puede derivar a la emisión de una mayor cantidad de licencias de trabajadores que sí presentan deterioro en su salud y deben por derecho recuperarla.

A cuatro años de la promulgación de la ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, se evidencia el desconocimiento que existe aún entre los chilenos del poder de este instrumento y de las facultades legítimas que tienen para denunciar malas prácticas ligadas a éste. El mal uso de las licencias médicas es considerado un delito, lo cual implica multas y penas tanto para el paciente como para el médico quien las emite o vende.

Es necesario un trabajo en conjunto a nivel público y privado para que este instrumento se consagre únicamente como la manera para recuperar la salud de las personas realmente enfermas, para contribuir así a la disminución de los costos en salud, en el alza en los precios, en las demoras en la tramitación y pago de las licencias médicas.

Creemos que tener conocimiento de una conducta ética y legalmente reprochable de algún cercano, tal como lo esgrime la encuesta, puede justificar la fragilidad en las confianzas, pero también traer consigo repercusiones negativas a nivel personal, interpersonal y también a nivel colectivo.