Se estima que 15 mil serían los ex conscriptos de la Región del Biobío que se harán parte de la demanda que la Corporación para la Integración de los Derechos Humanos de los Ex Conscriptos de Chile, para del período 1973-1990, presentará en contra del Estado de Chile.

La iniciativa jurídica era una de las acciones que hace tiempo era evaluada en la entidad y comenzó a tomar fuerza este año. Sin embargo, no fue hasta mayo, con la firma de representación jurídica de la abogada Carola Canelo, y tras el apoyo entregado por 3 mil socios en la asamblea realizada el 29 mayo en Santiago, es que se tomó definitivamente la determinación de entablar esta acción jurídica en contra del Estado.

"La abogada está haciendo el estudio jurídico desde el punto de vista de la leyes nacionales y de las internacionales, de lo que nosotros vamos a plantear en contra del Estado", expuso el vocero de la corporación, Patricio Ossandón

Aseguró que ya han firmado más de 20 mil personas la demanda y esperan que de aquí a la quincena de agosto, fecha que sería ingresada en Santiago, sean 50 mil firmas las que acompañen el escrito. Asimismo, expuso que estiman que serían 15 mil ex conscriptos de la Región los que se harían parte de la acción judicial que busca que el Estado reconozca que estas personas, más de 350 mil en el país, son víctimas de la dictadura.

DEMANDA

La base que se buscará plasmar en la demanda serán los daños físicos y psicológicos que habrían sufrido los ex conscriptos durante el período en el que estuvo la dictadura militar. A lo que se le suma, según Ossandón, un número no menor de ex reclutas que falleció al interior de los recintos militares, ya sea por pensar distinto al gobierno militar o por no seguir órdenes de atentar contra ciudadanos.

"Uno de los casos específicos y que es nuestro valuarte de lucha, es el de Michel Nash, al que se le dio la orden de matar a compatriotas y él se negó a ello. Por ese motivo fue fusilado en el acto. Todo esos antecedentes están en manos de la abogado Canelo", expuso Ossandón.

El vocero de la Corporación comentó que esta acción tiene como fin último que el Estado reconozca que son víctimas, tal como se hizo en el primer período de la Presidenta Michelle Bachelet y en el ex Gobierno de Sebastián Piñera, el que hizo una propuesta económica de US$40 millones para reparar el daño.

Esta situación no se aceptó, ya que no cumplía las expectativas de la entidad que agrupa a más de 25 mil asociados en el país.

"Llevamos 12 años golpeando puertas. Existen cuatro proyectos de acuerdo que duermen en el escritorio de los parlamentarios", expuso Patricio Ossandón.

La reparación económica es uno de los puntos del análisis que realiza la abogada Carola Canelo y su estudio jurídico, lo que quedará totalmente detallado cuando el documento que se ingresará ante la justicia.

"No hay números aún. Sin embargo, hay aspectos que son básicas para nosotros, como son el daño previsional que sufrió un grupo de conscriptos. Hay montos que serán fijados, pero será la abogada la que lo desarrollará", contó el vocero de la Corporación.

DERECHOS HUMANOS

Todo este camino jurídico es paralelo al apoyo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos les está prestando para que haya una ley reparatoria que les permita obtener beneficios por parte del Estado de Chile.

Patricio Ossandón expresó que ese proceso ha ido lento, y que fue ese uno de los motivo que los llevó a seguir también un camino judicial.

"Del Instituto ya no podemos esperar más, porque se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos y una vez que se designe a la persona responsable de la conducción de ésta, entendemos que el Instituto entregará ese informe ahí y lo más probable es que nos encontremos con que la Subsecretaría atenderá casos puntuales y no colectivos, y por eso seguimos el camino jurídico, el que sí podemos plantearlo agrupadamente", declaró Ossandón.

Desde la colectividad aseguraron que se realizaron diversas gestiones con el actual Gobierno para conversar sobre esta solicitud, pero que no tuvieron respuestas por parte de las autoridades.

"Creemos que desde el punto de vista jurídico y moral, debe ser abordado a la problemática de los ex conscriptos de Chile", enfatizó el vocero de la colectividad.

El intendente del Biobío, Rodrigo Díaz, sostuvo que en la querella por porte ilegal de armas y municiones en contra de Ernesto Llaitul (hijo del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, Héctor Llaitul) e Ismael Queupil no hubo discriminación o racismo.

De esta forma, respondió a la crítica que realizó la Corporación de Desarrollo Mapuche Trawün sobre esta acción, realizada el sábado 28 de mayo.

La Corporación Trawün expresó a través de una declaración que la acción penal ejecutada por la máxima autoridad no se midió con la misma vara que para otros delitos similares ocurridos en la Región, en donde también hubo detenidos con armas, pero que en esos casos la intendencia no se querelló.

"Entendemos que la obligación de la autoridad es aplicar la ley, pero que se aplique con un criterio de igualdad", expresó la agrupación en la declaración.

Asimismo se planteó que "en la Intendencia del Biobío flamea la wenufoye (bandera mapuche), la cual es mucho más que un simple adorno, Si optó por hacerla flamear ahí, la autoridad también tiene el deber de hacer justicia a ello".

De una línea

Respecto a estas críticas, el intendente Díaz sostuvo que su accionar ha sido claro y siempre en pos de trabajar con las comunidades.

"Lo claro y lo categórico es que el Gobierno trabaja con todas aquellas personas que quieren buscar objetivos políticos por medios pacíficos", comentó la autoridad regional.

En cuanto a la querella misma, sostuvo que la decisión para adoptar esas medidas radica en él, considerando la gravedad del hecho: "Cuando hay personas que dicen pertenecer a un grupo que abiertamente señala que quiere actuar fuera del Estado de Derecho, y que constituyen, a mi juicio, un tipo de asociación para cometer delitos, amparándose en una supuesta causa política, (...) me parece que el Estado tiene que tener una manifestación concreta, y eso es lo que he hecho".

Como un fallo relevante calificó la Defensoría Regional la resolución de la Corte de Apelaciones, tras la presentación de un recurso de amparo junto al Instituto de Derechos Humanos en favor de Claudio Valdebenito, el que sufrió agresiones al interior de la cárcel de Arauco el 14 de mayo.

Entre lo determinado por el tribunal de alzada destaca que el funcionario involucrado en la golpiza sea reubicado o suspendido de sus funciones, a fin de asegurar que no ocurran nuevos actos de hostigamiento o maltrato.

La corte penquista también determinó, entre otros aspectos, que Gendarmería debe instalar en el más breve plazo cámaras de vigilancia. El fallo incluso expuso que el proceso de constatación de lesiones de los internos que hayan sido agredidos sea de manera inmediata, y no dos o tres días después; que se deriven los antecedentes al Ministerio Público como denuncia para que se investigue, eventualmente, la comisión del delito de apremios ilegítimos y que se informe dentro de los treinta días siguientes al fallo los resultados del sumario que debe estar en curso.

"Esto es trascendental, no nos había ocurrido en ningún fallo anterior -pese a haber sido requerido-, por lo tanto, creemos que es una medida precisa y concreta para poder proteger la seguridad de una persona que tiene la condición de víctima frente a un agente del Estado", sostuvo el defensor regional, Osvaldo Pizarro.

Para dictar la resolución, el ministro Hadolff Ascencio se constituyó en el recinto penitenciario con el fin de constatar el estado de salud del condenado blanco de la golpiza.