Los problemas detectados con las viviendas de Paso Seco en Coronel no son los únicos registrados en la Región. Desde 2014 a la fecha la Seremi de Vivienda ha sancionado a siete empresas (dos constructoras y cinco entidades patrocinantes) por diversos incumplimientos.

Además, hay dos investigaciones en curso en contra de dos constructoras, a quienes se les liquidó el contrato, más tres a entidades patrocinantes, conocidas como egis. Se suma la solicitud por parte del Serviu para revisar a otras 15.

Jaime Arévalo, seremi de Vivienda, expuso que la cifra es baja. Esto, considerando que en el registro actual hay unos mil contratistas, 2.500 empresas que hacen viviendas sociales y 160 entidades patrocinantes a través de convenio marco.

Las compañías, manifestó, en términos generales se portan bien: "Tenemos un buen comportamientos de las constructoras. Como en todas las cosas tenemos empresas que no dan el ancho, pero en términos generales hay responsabilidad y que ha ido mejorando en el tiempo".

No obstante, reconoció que la capacidad de fiscalización debería mejorar, situación que espera que se dé el próximo año, cuando se envíe un proyecto de ley que abarque esta materia.

Lo que se está trabajando, adelantó Arévalo, es una modificación a los Decretos Supremos que regulan a las constructoras y a las empresas que hacen viviendas sociales. De aprobarse el cambio, explicó, mejorarán las capacidades de revisión y también se endurecerán las sanciones.

Focalizar recursos

Aunque no hay claridad respecto a la cantidad de compañías sancionadas por problemas asociados a viviendas de reconstrucción, al menos a febrero de este año el intendente, Rodrigo Díaz, cifró en 43 mil los millones utilizados para reparar 57 proyectos, los que beneficiarían a 8.700 familias.

Por eso, Arévalo cree que se requieren mejorar las capacidades fiscalizadoras de Vivienda. Aún así, afirmó que la cartera en el Biobío ya trabaja para optimizar las revisiones de las obras para garantizar la calidad de cada una de ellas y así optimizar los recursos asignados a la Región. "Para que se orienten a la construcción de nuevas obras", manifestó.

Entre los inconvenientes que actualmente tienen, por ejemplo, está el que en el caso de las entidades patrocinantes, las investigaciones se hacen sólo cuando el Serviu, que es el organismo que trabaja directamente con estas entidades lo solicita.

Con las constructoras es un poco más fácil, pues el sistema fija una evaluación obra a obra, calificación que incluso podría derivar en la expulsión de la empresa del registro.

Sanciones

El seremi Arévalo explicó que su entidad trabaja con cuatro registros, agrupados por tipo de empresa y función que presta.

Las sanciones varían dependiendo de la gravedad de la falta cometida. "Por ejemplo, dentro de las entidades patrocinantes que fueron sancionadas ya, en el caso de Felmer Ltda se hizo una amonestación por escrito, en el caso de Asesorías Octava Limitada se hizo una suspensión por tres meses. Lo máximo es suspensión hasta tres años", detalló.

Aunque las restricciones aplican a la razón social de la empresa, Arévalo descartó que exista un vacío legal que permita a quienes incumplen con sus contratos volver a acreditarse bajo otra figura legal.

"Eso no es tan así, porque hoy civilmente entiendo que la ley puede perseguir a la persona natural que está detrás de una determinada obra, por lo tanto no es tan a libre albedrío el tema. El decreto de contratistas persigue a la constructora y sus socios al momento de aplicar la sanción. No basta con que cambie su razón social para liberarse de la sanción impuesta por el Ministerio", explicó.