La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh), Lorena Fries, desestimó ayer las críticas realizadas por el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, quien afirmó que la acción de la policía uniformada en las protestas del 21 de mayo fue "limitada" y "coartada"por las denuncias que pesan en contra de la institución por violaciones a los DD.HH.

"Nosotros no nos sentimos aludidos por esas palabras del general director, puesto que tenemos un mandato legal de presentar acciones judiciales frente a violaciones a los DD.HH. Son los tribunales de justicia los que juzgarán si hay fundamentos", indicó Fries tras reunirse con el ministro del Interior, Jorge Burgos, en La Moneda.

La titular el Indh reaccionó así después de que Villalobos señalara que el caso de Rodrigo Avilés (ocurrido el 21 de mayo de 2015) y las denuncias "infundadas", "limitan" y "coartan" el accionar de los uniformados en situaciones como la ocurrida el sábado pasado en Valparaíso, donde un grupo de encapuchados provocó un incendio que causó la muerte de un funcionario municipal.

Las palabras del jefe de Carabineros fueron compartidas por la Presidenta Michelle Bachelet.

"cumplir con mandato"

Al respecto, Fries indicó que "lo que nosotros podemos decir a eso es que evidentemente Carabineros y cualquier funcionario público actúa condicionado por el mandato legal que tienen y por el respeto a los DD.HH."

"En ese contexto, me parece que no caben inhibiciones o no inhibiciones. Lo que cabe es cumplir con el mandato legal de resguardo del orden público en el caso de Carabineros, y todo ello dentro del marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos", aseveró la directora.

Además, recordó que cada vez que no se respetan los DD.HH., "es labor del Instituto esgrimir ese tipo de situaciones y presentarlas en los tribunales de justicia".

"Aquí son las instituciones las que deben decidir y cada uno cumple un rol, y el rol del Instituto es la defensa y protección de los DD.HH.", subrayó la funcionaria.

No obstante, opinó que lo que sucedió el 21 de mayo, durante la cuenta pública presidencial, "es lamentable, es condenable, absolutamente rechazable y, por ende, tanto como un llamado a la ciudadanía que se manifiesta pacíficamente a condenar estos hechos e incluso impedir que estos hechos se produzcan, es una necesidad".

"Esperamos de la ciudadanía una mayor cultura cívica en el ejercicio del derecho a manifestarse en paz, y esperamos que ese sea un proceso que vaya abrazando cada vez más la ciudadanía", finalizó.

Haciéndose pasar por turistas, cerca de 40 estudiantes ingresaron ayer por la fuerza al Palacio de La Moneda, donde desplegaron un lienzo con el mensaje "notifíquese, hoy comienza la ofensiva".

El hecho, muy bien planificado, ocurrió pasadas las 9.30 horas, cuando los manifestantes se acercaron al edificio portando gorros y bolsas de color naranjo, e incluso tomándose fotos. Aprovechándose de un descuido de la guardia policial, lograron entrar al Patio de Los Cañones. Algunos llevaban cadenas nuevas con la intención de amarrarse a ventanales.

La guardia de Palacio e integrantes del cuerpo de seguridad presidencial reaccionaron y después de unos minutos lograron evacuar La Moneda.

Según CNN Chile, la acción fue realizada por un grupo perteneciente a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) quienes protestaron porque no se incluyeron sus demandas en el mensaje presidencial del 21 de mayo.

Fueron detenidos 32 manifestantes, de ellos 22 secundarios y 10 universitarios.

MOTIVOS

Al ingresar a la sede del Ejecutivo, los manifestantes lanzaron panfletos en los que explicaron el motivo de la intervención: "Los estudiantes de Chile irrumpimos en estas dependencias para notificarle al Gobierno y a la Presidenta que fracasaron", decía el texto.

Asimismo, indicaba que "tras años de legislaciones que favorecen a los empresarios, entre proyectos como el Transantiago, con el fortalecimiento del sistema mixto en la educación, con la privatización de nuestra salud, la contaminación de nuestros mares en manos de las salmoneras y la corrupción que convirtió SQM y Penta en las nuevas sedes de gobierno (...) hemos decidido notificar a la Presidenta en su propia casa, para que no se entere por la prensa, que fracasaron, y Chile se cansó de esperar".

En Santiago también hubo tomas en algunos liceos emblemáticos.

La Fiscalía solicitó ayer ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la prisión preventiva para el desaforado senador Jaime Orpis (ex UDI), tras formalizarlo por supuesto cohecho, delitos tributarios y fraude al Fisco investigados en el caso Corpesca. Según la fiscal Ximena Chong, el parlamentario constituiría "un peligro para la sociedad" por la "gravedad" y "reiteración" de los hechos.

Orpis fue formalizado también por fraude al Fisco por presuntas irregularidades en el uso de sus asignaciones parlamentarias.

El abogado de Orpis, Carlos Cortés, manifestó que aún no se ha notificado al tribunal sobre el fallo de la Corte Suprema que desaforó al senador, por lo que la resolución no está ejecutoriada. Su representado, según Cortés, no podría ser sometido a medidas cautelares.

Luego de más de ocho horas de audiencia, la jueza Ana Emilia Ethit optó por continuar desde las 9 horas de hoy con la discusión de esa solicitud tanto para el senador como para el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, para quien pidió arresto domiciliario total.

la audiencia

En la primera audiencia de formalización del caso Corpesca, donde se indaga al parlamentario por presuntos delitos tributarios y de cohecho mientras se desarrollaba la tramitación de la Ley de Pesca en el Congreso, la Fiscalía expuso una serie de antecedentes que sustentan la pretensión del Ministerio Público.

Entre los argumentos ventilados ante la jueza Ana Emilia Ethit, el fiscal Emiliano Arias aseguró que el legislador utilizó los dineros entregados por Corpesca entre los años 2009 y 2013, para supuestamente pagar gastos como contribuciones, lavandería, personal de la Fundación La Esperanza y tarjetas de crédito. También habría destinado parte de los fondos para pagar una membresía a un club de yates y algunas deudas de sus campañas políticas.

La abogada del Consejo de Defensa del Estado (querellante en la causa al igual que Ciudadano Inteligente), Lupi Aguirre, apuntó al ex representante gremialista como "una persona que tenía muchos problemas económicos y tenía que andar pidiendo plata, pero mantenía el club de yates. Eso es muy lógico, ¿no?".

La fiscal Chong aseguró que el parlamentario recibió "un manual de cómo votar" la Ley de Pesca, que habría sido enviado por el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica.

En total, el Ministerio Público aseguró que se trataría de 76 boletas de honorarios ideológicamente falsas las que Orpis entregó a Corpesca a través de documentos emitidos por sus cercanos, por cerca de $ 233 millones. Para la Fiscalía, Orpis habría estado "a disposición" de los ejecutivos de la pesquera y habría "representado los intereses" de la compañía a cambio de beneficios económicos, infringiendo los deberes propios de su cargo.

The Clinic publicó ayer un correo en que Orpis solicitó al empresario Wolff Von Appen (Ultramar) aportes por $ 289 millones para 13 candidatos a las municipales de 2012.