Más allá de proyectos de ley y gestión ejecutiva puntual, tónica clásica de la Cuenta Pública de los gobernantes chilenos, Michelle Bachelet buscó disminuir la incertidumbre y tensión del sistema social y económico haciendo referencia al progreso que ha logrado Chile y lo orgullosos que debemos estar de ello.

Si bien el diagnóstico es correcto, pues Chile en los últimos treinta años ha producido crecimiento, empleo y bienestar social con un ritmo y nivel nunca antes visto en nuestra historia, es preocupante la disociación que posee el Gobierno entre dicha declaración de buenas intenciones y las iniciativas que promueve. Si analizamos los 95 proyectos enviados al Congreso, está impresa la idea fuerza de aumentar el rol, poder y tamaño del Estado y su burocracia.

Entonces, mientras por un lado la Presidenta hace referencia a los logros de una institucionalidad clara, sencilla y con espíritu de equilibrio entre lo estatal, público y privado, por otro, ella y su coalición han buscado incesantemente los últimos veintiséis meses implementar reformas profundas y estructurales, que rompan las bases institucionales que permitieron aquello que, en sus palabras, "nos llena de orgullo".

En síntesis, este 21 de mayo exhibe que el Gobierno sabe que lleva el rumbo equivocado, pero al mismo tiempo sus iniciativas indican que no cambiará lo trazado. Así, su marcada visión ideológica evita que emplee el pragmatismo necesario para asegurar el desarrollo y bienestar de Chile y sus ciudadanos.