Ha sido lamentable lo ocurrido con las familias de Chiloé en las últimas semanas, las que se han visto impedidas de extraer y comercializar productos del mar por la presencia de un inusitado episodio, en intensidad y extensión, de marea roja. Esto significó una serie de movilizaciones comunitarias exigiendo apoyo del Gobierno, quien desplegó autoridades en la zona para llegar a acuerdos de apoyo monetario con los afectados.

La comunidad no estuvo conforme con las medidas ofrecidas por la autoridad, ni por los tiempos de respuesta ni las magnitudes de las ofertas. Los chilotes han responsabilizado a la industria del salmón por los vertimientos al océano de peces muertos por el Bloom de algas ocurridos recientemente y que sigue afectando a este sector.

Los cambios en el medio ambiente, que según expertos es el resultado del cambio climático, ayudarían a explicar tanto el Bloom de algas como la marea roja, ambos episodios que se instalaron sin previo aviso, lo que indicaría la falta de alertas tempranas para anticipar dichos fenómenos o, al menos, para preparar a la comunidad.

Este caso, a diferencia de otros desastres naturales como erupciones volcánicas, terremotos o inundaciones, afecta directamente los medios de sustento de vida de las personas. Ello exige soluciones por parte del Estado, distintas: la ayuda no va destinada a reconstrucción de infraestructura, sino que a compensar la pérdida de ingresos que se extendería por varios meses. Claramente, el Estado no está preparado para ello y no existe ningún instrumento que solucione dicho problema.

Un afectado adicional ha resultado ser la industria salmonera, la que ha generado miles de puestos de trabajo en la zona, divisas para el país y una significativa actividad productiva relacionada y de servicios, y que ha debido afrontar, primero el virus ISA, y ahora el Bloom de algas junto con las acusaciones como responsable de la actual situación de Chiloé.

Flaco favor para una industria que ha asumido inversiones cuantiosas, que atraviesa por problemas financieros y que por décadas ha realizado una apuesta productiva y comercial no ausente de riesgos. Se ha convocado a un panel de expertos que analizará los alcances medioambientales de esta industria en la zona. Sin embargo, el tema abre un debate respecto de los arreglos institucionales y regulatorios para el funcionamiento de esta industria.

Un cambio en las condiciones medioambientales -que podría ser producto del cambio climático- está aconteciendo con escasa información e investigación, por lo que se requiere de mayores recursos y de un fortalecimiento institucional en la materia, con una mirada territorial más que sectorial. El Estado debe establecer soluciones donde el apoyo considere la pérdida de los ingresos de las familias por razones medioambientales, comprometiendo su restitución por un periodo de tiempo determinado. Es necesario avanzar hacia una relación entre comunidad, medioambiente e institucionalidad que aborde estos desafíos sobre la base de diagnósticos objetivos, rápidos y bien comunicados, sin dejar espacio para que una comunidad angustiada busque culpables donde no los hay.