Con la finalidad de visibilizar y combatir la explotación sexual en niños y adolescentes, ayer se realizó un seminario para abordar y erradicar este flagelo. En la Región se estima que esto afecta a unos 1.200 menores.
La actividad fue organizada por la Mesa Regional Contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, y que está conformada por el Ministerio Público, Servicio Nacional de Menores (Sename), Universidad Católica de la Santísima Concepción, Proyecto Especializado Aura (perteneciente a la Fundación Social Novo Millennio de la Vicaría de Pastoral Social de la Iglesia de Concepción), entre otros organismos.
Asistieron más de 100 personas entre estudiantes y profesionales del área social.
EXPLOTACIÓN SEXUAL
Una de las integrantes de la mesa regional y jefa del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Ucsc), Verónica Gómez, expuso que la explotación sexual se encuentra presente desde hace años, pero que ha estado invisibilizada debido a diferentes factores, como la situación de niños que viven en la calle o el consumo de drogas y alcohol.
A pesar de esta invisibilización del tema, en la Región existen antecedentes de cuántas son los menores y adolescentes que están siendo explotadas sexualmente. "Hicimos un estudio el año 2013 con fondos de la Comunidad Económica Europea, en donde un especialista en Derechos Humanos, junto con estudiantes de nuestra universidad (Ucsc), levantaron un diagnóstico regional con cifras aproximadas. En ese momento se identificaron a 800 niñas y niños, y adolescentes que eran víctimas de explotación sexual", contó Gómez.
Sobre estas cifras, la profesional sostuvo que haciendo una proyección, en el Biobío aumentó en un 50% el número de menores que son parte de este tipo de flagelo: "Creemos que ahora la cifra real llega a las 1.200, considerando que en Chile hay al menos 7 mil niños y niñas que son explotados, ya sea por personas de su misma familia o por ajenas que operan en redes de explotación sexual".
Agregó que en la Región hay antecedentes de este tipo de organizaciones que reclutan a menores para que ejerzan acciones de índole sexual con personas adultas. "Hace años atrás, a partir de un proyecto del Hogar de Cristo y Sename, se detectó a niños (de la Provincia de Arauco) que eran traídos en taxis a eventos con caballeros acá en Concepción. Eso ocurría todos lo fines de semana, y la que era operada como una verdadera red".
NO HAY APOYO
La profesional de la Ucsc expuso que actualmente realizan un estudio en donde trabajan con jóvenes que fueron en su infancia explotados sexualmente, en el que ya tienen algunos resultados, los que esperan presentar pronto.
Estos, adelantó, apuntan a la forma en cómo estas personas pueden resolver este trauma, ya que habrían seguido con sus vidas, pero que no son felices.
"Tú no puedes trabajar como se hace hoy con niños y niñas en programas que duran dos o tres años. El trabajo con estas personas, tan profundamente dañadas, es para toda la vida. Necesitamos tener políticas de Estado para que estas personas sepan que hay instituciones que los van apoyar cuando tengan que utilizarla", expuso Gómez.
La jefa del Departamento de Ciencias Sociales de la Ucsc declaró que el Estado no tiene una acción o políticas que aborden de forma directa este flagelo, y las actividades que realiza la Mesa Regional contra la Explotación Sexual Comercial se realizan con el esfuerzo de los miembros que la componen.
"No hay recursos y una política debe tener objetivos, organismos de control, estrategias de evaluación, y tiene que generar incidencia en los organismo del Estado. Si como mesa quisiéramos realizar algo, en algún servicio del Estado es por la presión nuestra, porque no hay nada que obligue a que la mesa técnica se pronuncie sobre una política", declaró Gómez.
Vivianne Hasse, trabajadora social y directora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad del Bío Bío, reafirmó lo complejo de la situación: "Hay leyes y normas que protegen, pero son insuficientes. Creo que nos falta generar conciencia de que los niños, las niñas y adolescentes son sujetos de derecho".
Además, expuso que hace falta modificar culturas y entregar más recursos para la formación de los funcionarios que trabajan directamente con los menores y adolescentes, sean estos en los sistemas de protección abiertos o cerrados.