La falta de reglamentos para las garantías bancarias en el proceso de autocompra o información respecto al traspaso de bienes inmuebles son solo dos de las problemáticas que los sostenedores de colegios particulares subvencionados han hecho latente. Esto, en relación a la implementación de la Ley de Inclusión que entró en vigencia a principios de este año.
Las dudas sobre algunos detalles financieros y bancarios los tiene hoy analizando todas las opciones posibles y sin poder tomar una decisión sobre el futuro de sus recintos educativos, la que pretenden postergar lo más posible.
Esto, porque la normativa indica que al 2020 todos los establecimientos deben ser dueños de sus edificios y sólo les permite arrendar por un máximo de tres años. Por lo mismo, hay vacíos en cuánto a los préstamos que se realizarían con garantía Corfo y el porcentaje de interés, por lo que el financiamiento sería el problema de los sostenedores, que ven el punto como inviable.
Decisión
Por ahora no saben cuántos colegios se cambiarán al sistema público y cuántos al privado. Según el seremi de Educación, Sergio Camus, "esperamos que muy pocos establecimientos subvencionados pasen a pagados".
Informó que, hasta el momento, ningún establecimiento educacional ha informado sobre su futuro -si pasará a la gratuidad o será particular-, aunque el plazo se extiende hasta diciembre del próximo año.
Los representantes de los sostenedores no quisieron adelantar el escenario sobre dicha decisión, pero aseguraron que con el complejo escenario respecto al financiamiento no sería de extrañar que el camino a escoger sea el de transformarse en un establecimiento particular pagado, lo que va en directa afectación a las familias de sus estudiantes, aseguraron, ya que las mensualidades aumentarán.
IMPRECISIONES
"Todas las problemáticas que hemos encontrado en este camino fueron las que hicimos notar en su momento, pero no nos escucharon", explicó Andrés Carter, presidente de la Red Colegios Particulares Subvencionados del Biobío (Redcol).
Agregó que detectaron la falta de reglamentos, desinformación en el financiamiento bancario respecto de la autocompra, además de las garantías bancarias para dicho proceso. "El tema está en estudio, porque muchos sostenedores, por ejemplo, tenían desactualizadas la tasación fiscal y todo depende de esos elementos", puntualizó Carter.
El vocero de la Asociación de Colegios Particulares Subvencionados (Asepar), Roberto Coloma, recalcó que las fallas se han dado en el marco regulatorio de la normativa y prevé un escenario complejo, no sólo "en cuanto a la educación, sino que también en lo tributario y laboral, en las relaciones con sus trabajadores, ¿qué es lo que pasará? Esto va a ser un aterrizaje forzoso".
Por el mismo lado apuntó David Cáceres, secretario de Colegios Particulares (Conacep) del Biobío: "Consideramos que el mecanismo de traspaso de los bienes inmuebles a la nueva entidad sin fines de lucro con aval de Corfo será un proceso difícil, porque la banca se ha manifestado reacia a pronunciarse al respecto".
Los involucrados explicaron que, por ejemplo, si el sostenedor decide hacer el proceso de autocompra en tres años más, va a vender el establecimiento en cierta cantidad de dinero que será fijada por el avalúo fiscal y al promedio de matrícula de los últimos años, lo que significa un desmedro en la tasación y, además, tendrá que pagar un impuesto por eso.
POSTERGACIÓN
Las tres entidades están de acuerdo en que de aquí a diciembre de 2017 la puesta en marcha de la ley de inclusión será un proceso difícil, complejo y abogan por un retraso de la misma.
"Estamos pidiendo que se atrase el proceso de incorporación, de puesta en marcha de ley, sobretodo el traspaso de propiedades", comentó Carter, de Redcol.
Mientras que Coloma aclara que no sólo hace falta una prórroga, sino que una revisión completa de la normativa. "Nosotros hemos realizado asesorías a colegios particulares para poder entregar información lo más objetiva posible, pero también vamos a desplegar otras acciones con el fin de sensibilizar a las autoridades y parlamentarios para que se pueda revisar la ley. Porque así como está, el escenario se ve muy complejo", aseguró Coloma.
INFORMACIÓN
Sobre la entrega de información sobre el proceso, el seremi de Educación aseveró que "tenemos una oficina, la Unidad de Apoyo al Sostenedor, que funciona hace más de un año en Rengo 26. Esta unidad ha tomado contacto con casi el 100% de los sostenedores de la Región del Biobío, indicándoles cuáles son los pasos a seguir para incorporarse a los desafíos que tiene la ley de inclusión".