La campaña #YoExisto fue lanzada por el Injuv en el marco del Día contra la Homofobia y Transfobia, para ayudar a la comunidad transgénero en la defensa de sus derechos.

El director del Injuv, Nicolás Farfán, sostuvo que "Chile cambió y debemos hacernos parte de un país que entiende la diversidad y la inclusión no desde la tolerancia, porque tolerancia significa soportar. Queremos reconocer la diversidad como parte de la riqueza de nuestra sociedad, por eso hoy decidimos izar ambas banderas, para visibilizar a todas las comunidades que siguen siendo discriminadas". Esta actividad no se replicó en la Región.

En ese marco, entregó la primera tarjeta joven con nombre social a Carolina Espinoza, con el objetivo de respetar ese nombre por sobre el del nacimiento. Ella señaló que "por fin existe un documento que reconoce quién soy, es un granito de arena que nos va alivianar el día a día".

La medianoche del martes venció el plazo para que la Nueva Mayoría le informara al Servel sobre algún retiro de candidatura, de las 66 primarias que van a realizar a lo largo del país. En la Región del Biobío se habían notificado nueve comunas con este mecanismo para definir a candidatos a alcalde, pero finalmente en Cobquecura se optó por desechar el proceso. Quedó Julio Fuentes, del Partido Radical, como la carta del conglomerado oficialista.

Según informó el presidente regional de dicho partido, Javier Belloy, el candidato socialista, Jorge Romero, fue quien decidió marginarse del proceso por las bajas probabilidades de éxito que podría tener en las primarias, por lo que entregó su apoyo a la carta radical.

Dicho escenario se dio con anterioridad a que la Nueva Mayoría tuviera oportunidad de inscribir sus primarias, tras el fallido episodio con el Servel la noche del 20 de abril, plazo final para hacer el trámite.

De esta forma, el conglomerado de gobierno realizará ocho ejercicios ciudadanos en el Biobío: Chillán, Curanilahue, Coelemu, Ninhue, Los Álamos, San Carlos, San Pedro de la Paz y Yungay. Y, sigue teniendo cuatro comunas en estado pendiente: Talcahuano, Cañete, Coronel y Chillán Viejo.

El resto de las comunas cuenta con candidato único, que en su mayoría se trata del alcalde que va a la reelección y que será apoyado por el resto del conglomerado, como es el caso de Concepción, Penco y Chiguayante, entre otras.

NEGOCIACIONES

Frente a este escenario, el presidente regional costa de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Sabag, señaló que hay interés en que se bajen las primarias en Ninhue. "La elección será muy estrecha y es mejor unir esfuerzos", aseguró pese a que ya no es materia de negociación.

El argumento de Sabag es que "la experiencia de las primarias señala que el perdedor después no apoya al ganador y eso termina dividiendo los apoyos".

Además, expuso que en Yumbel hay un candidato de su partido que está interesado en medirse en el proceso junto al actual alcalde, Jaime Gacitúa (PR), quien llegó al puesto tras la muerte del jefe comunal, Camilo Cabezas.

Ante esta situación, Belloy dijo que los procesos de negociación ya se habían realizado "y es algo que no se puede extender eternamente. Si ellos no propusieron su candidato en el momento apropiado, no podemos andar detrás de ellos recordándoles donde tenían interés. La etapa de negociación en esas comunas ya terminó".

PENDIENTES

Hasta el momento y tras ratificar las ocho primarias en el Biobío, la Nueva Mayoría ahora debe decidir qué pasará con las comunas en donde no tiene candidato único y no se realizarán primarias.

Hasta el momento no han escogido el mecanismo de elección ni se ha fijado un plazo para definirlo, que va desde una encuesta, pasando por una consulta ciudadana o derechamente la decisión entre la mesa central de los partidos.

La Comisión Mixta rechazó el apartado de gratuidad en el proyecto de ley que regula el cobro de estacionamientos en centros comerciales.

El diputado Marcelo Chávez (DC), autor de la normativa, señaló que "los temores que habíamos planteado a tiempo sobre el destino que tendría este proyecto de ley en la comisión mixta han quedado ratificados, ya que en ella se ha eliminado definitivamente".

El proyecto originalmente establecía gratuidad para la primera media hora de estacionamiento en un centro comercial y dos horas más libres, presentando una boleta de compra de bien o servicio prestado por el centro.

La falta de reglamentos para las garantías bancarias en el proceso de autocompra o información respecto al traspaso de bienes inmuebles son solo dos de las problemáticas que los sostenedores de colegios particulares subvencionados han hecho latente. Esto, en relación a la implementación de la Ley de Inclusión que entró en vigencia a principios de este año.

Las dudas sobre algunos detalles financieros y bancarios los tiene hoy analizando todas las opciones posibles y sin poder tomar una decisión sobre el futuro de sus recintos educativos, la que pretenden postergar lo más posible.

Esto, porque la normativa indica que al 2020 todos los establecimientos deben ser dueños de sus edificios y sólo les permite arrendar por un máximo de tres años. Por lo mismo, hay vacíos en cuánto a los préstamos que se realizarían con garantía Corfo y el porcentaje de interés, por lo que el financiamiento sería el problema de los sostenedores, que ven el punto como inviable.

Decisión

Por ahora no saben cuántos colegios se cambiarán al sistema público y cuántos al privado. Según el seremi de Educación, Sergio Camus, "esperamos que muy pocos establecimientos subvencionados pasen a pagados".

Informó que, hasta el momento, ningún establecimiento educacional ha informado sobre su futuro -si pasará a la gratuidad o será particular-, aunque el plazo se extiende hasta diciembre del próximo año.

Los representantes de los sostenedores no quisieron adelantar el escenario sobre dicha decisión, pero aseguraron que con el complejo escenario respecto al financiamiento no sería de extrañar que el camino a escoger sea el de transformarse en un establecimiento particular pagado, lo que va en directa afectación a las familias de sus estudiantes, aseguraron, ya que las mensualidades aumentarán.

IMPRECISIONES

"Todas las problemáticas que hemos encontrado en este camino fueron las que hicimos notar en su momento, pero no nos escucharon", explicó Andrés Carter, presidente de la Red Colegios Particulares Subvencionados del Biobío (Redcol).

Agregó que detectaron la falta de reglamentos, desinformación en el financiamiento bancario respecto de la autocompra, además de las garantías bancarias para dicho proceso. "El tema está en estudio, porque muchos sostenedores, por ejemplo, tenían desactualizadas la tasación fiscal y todo depende de esos elementos", puntualizó Carter.

El vocero de la Asociación de Colegios Particulares Subvencionados (Asepar), Roberto Coloma, recalcó que las fallas se han dado en el marco regulatorio de la normativa y prevé un escenario complejo, no sólo "en cuanto a la educación, sino que también en lo tributario y laboral, en las relaciones con sus trabajadores, ¿qué es lo que pasará? Esto va a ser un aterrizaje forzoso".

Por el mismo lado apuntó David Cáceres, secretario de Colegios Particulares (Conacep) del Biobío: "Consideramos que el mecanismo de traspaso de los bienes inmuebles a la nueva entidad sin fines de lucro con aval de Corfo será un proceso difícil, porque la banca se ha manifestado reacia a pronunciarse al respecto".

Los involucrados explicaron que, por ejemplo, si el sostenedor decide hacer el proceso de autocompra en tres años más, va a vender el establecimiento en cierta cantidad de dinero que será fijada por el avalúo fiscal y al promedio de matrícula de los últimos años, lo que significa un desmedro en la tasación y, además, tendrá que pagar un impuesto por eso.

POSTERGACIÓN

Las tres entidades están de acuerdo en que de aquí a diciembre de 2017 la puesta en marcha de la ley de inclusión será un proceso difícil, complejo y abogan por un retraso de la misma.

"Estamos pidiendo que se atrase el proceso de incorporación, de puesta en marcha de ley, sobretodo el traspaso de propiedades", comentó Carter, de Redcol.

Mientras que Coloma aclara que no sólo hace falta una prórroga, sino que una revisión completa de la normativa. "Nosotros hemos realizado asesorías a colegios particulares para poder entregar información lo más objetiva posible, pero también vamos a desplegar otras acciones con el fin de sensibilizar a las autoridades y parlamentarios para que se pueda revisar la ley. Porque así como está, el escenario se ve muy complejo", aseguró Coloma.

INFORMACIÓN

Sobre la entrega de información sobre el proceso, el seremi de Educación aseveró que "tenemos una oficina, la Unidad de Apoyo al Sostenedor, que funciona hace más de un año en Rengo 26. Esta unidad ha tomado contacto con casi el 100% de los sostenedores de la Región del Biobío, indicándoles cuáles son los pasos a seguir para incorporarse a los desafíos que tiene la ley de inclusión".