Hace 128 años nació en Chillán un hombre que dedicó su vida a la aviación nacional, construyendo la institucionalidad aeronáutica de Chile y constituyéndose en el personaje más influyente de su historia aeronáutica.

Una figura de liderazgo relevante, dado su espíritu de lucha, su pensamiento crítico respecto al desarrollo de la aviación y su inquebrantable afán por desarrollarla con una clara visión de futuro y con el propósito de permitir la conectividad aérea de todo el territorio nacional y por consiguiente mejorar su desarrollo y el bienestar de todos sus habitantes.

Concibió sistemáticamente el sistema aéreo de la nación, organizando la Dirección General de Aeronáutica Civil; la primera fábrica de aviones derivada de la adquisición de aeronaves comerciales en Estados Unidos, con técnicos y materias primas nacionales; impulsando la aviación civil deportiva.

Fundó el Club Aéreo de Chile; fundó la Línea Aérea Nacional (LAN), estableció las rutas aeropostales hacia Arica, Puerto Montt y Aysén; abrió personalmente, con evidente riesgo a su propia vida, la ruta aérea a Punta Arenas.

También organizó el servicio meteorológico, el servicio de tránsito aéreo y de fotogrametría aérea y estableció los marcos normativos fundamentales que hoy conforman la institucionalidad aeronáutica nacional.

Hoy, cuando en forma rutinaria se efectúan operaciones aéreas a lo largo del territorio nacional, trasladando pasajeros por la vía aerocomercial o acudiendo en ayuda de zonas afectadas por catástrofes naturales con medios aéreos institucionales operando en muchos de los aeródromos y aeropuertos que él mismo ideó y desarrolló, no podemos menos que reconocer y realzar la obra de Arturo Merino Benítez, como promotor de las primeras políticas públicas respecto a la aviación, otorgándole un sólido sustento al sistema aeronáutico nacional.

Decía un amigo, Silvio Canese (q.e.p.d.), que la pobreza se combate desde la rabia, no desde la pena. Y rabia es lo que siente un gran sector de la sociedad al escuchar, ahora que se acerca el día del trabajador, frases como "el trabajo dignifica al hombre", "el empleo es el motor de la movilidad social" y "creando más empleos superaremos la pobreza".

Rabia porque quienes pronuncian con total demagogia esas frases están totalmente ajenos a la realidad que viven las familias más vulnerables del país.

A modo de ejemplo, el 90% de los jefes de hogar de las familias de campamento tienen trabajo (dependiente o independiente). Sin embargo, el 60% de ellos gana menos del sueldo mínimo. Es más, en nuestra región del Biobío, el 59% de los hogares percibe un ingreso mensual menor al sueldo mínimo. ¿Es, entonces, aumentar el empleo la forma de superar la pobreza? La respuesta es que, por lo menos por sí solo, no. Tener un pleno empleo, pagando el sueldo mínimo miserable que se paga en Chile, sólo aumentará la segregación profunda afecta a nuestra sociedad. Y esto genera rabia.

Rabia genera que se hable de que "no hay plata para subir los sueldos", "que debemos crecer primero" y que "aumentar el sueldo mínimo va a frenar la economía". Holanda, en el año 1987 poseía el mismo PIB per cápita (Pibpc) que Chile y el sueldo mínimo era 3,4 veces mayor. En Japón, mismo año y mismo Pibpc, era 1,6 veces mayor. Chile tiene una de las razones sueldo mínimo/Pibpc más bajas de la Ocde y, entre los países de la Ocde con Pibpc similar, Chile posee la mediana de sueldo más baja.

Rabia genera también que nuestros empresarios sigan hablando de "dar empleo". Como si ellos estuvieran haciendo un favor a alguien al contratarlo, como si no lo necesitaran. Como si no estuvieran generándose riqueza con el trabajo que esa persona desarrolla para ellos. En el día del trabajador, cuando se conmemora a los mártires de Chicago que lucharon por derechos que hoy nos parecen tan básicos como la jornada laboral de 8 horas, debemos replantear la lucha por los trabajadores de este país, especialmente los más desprotegidos. Debemos encarar al gobierno por una reforma laboral que quita derechos sindicales en vez de aumentarlos, al parlamento por la indicación a la ley electoral que prohíbe a los dirigentes sociales en ejercicio ser candidatos a puestos de elección popular, a los empresarios por pagar bajos sueldos y a nosotros mismos, como integrantes de esta sociedad por el país que estamos construyendo.

El 1 de mayo fue el Día Internacional del Trabajo, pero no fue una oportunidad para saludar, felicitar, ni celebrar, sino que destacamos la fuerza de los trabajadores chilenos y especialmente de la Región del Biobío. De ese 70% de los trabajadores de nuestra región que gana menos de $350.000, de aquellos que además de tener que arreglárselas con los bajos sueldos, deben soportar vivir en un campamento, con ausencia de servicios básicos, con malos accesos y cargados de estigmas.

Por sobre todo, destacamos a quienes se inventan tiempo para ejercer el trabajo no remunerado de ser dirigentes sociales.

La Ley de Inclusión atiende a prohibir el lucro, elimina el financiamiento compartido y regula los procesos de admisión de las y los estudiantes en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. Cuando la ley se encuentre en plena vigencia, se eliminarán las barreras económicas y de acceso efectivo que actualmente existen para algunos establecimientos que reciben subvención del estado.

La implementación de la Ley de Inclusión escolar significa un enorme esfuerzo en términos de los recursos que el Estado debe invertir para lograr equiparar los aportes que las familias estaban destinando para mantener el otrora sistema de financiamiento compartido. En este sentido, es pertinente preguntarse ¿Cómo la Ley de Inclusión Escolar busca alcanzar la anhelada mejora en la calidad de la enseñanza?, especialmente si el foco se encuentra en corregir aspectos mas bien económicos del funcionamiento del sistema educacional representados por el copago y el lucro. Es de esperar que una vez que la ley entre en plena vigencia, el foco deje de estar en la corrección de las inequidades del sistema y se logre avanzar hacia el objetivo central de la ley, a saber, una verdadera inclusión social.

La respuesta a la pregunta enunciada con respecto a la mejora de la calidad de la enseñanza no es simple. Es necesario considerar que la Ley de Inclusión es parte de una serie de reformas impulsadas por la actual administración que incluyen una nueva carrera profesional docente, fortalecimiento de la educación pública y la consolidación de reformas anteriores donde se destaca la creación de una Superintendencia y Agencia de Calidad de la Educación. Por otro lado, se espera tener establecimientos educacionales y salas de clases que realmente representen la diversidad en términos socioculturales, étnicos y necesidades educativas particulares de cada estudiante. Así, la Ley de Inclusión debe ser entendida como una transformación al sistema educativo, donde es necesario avanzar hacia la preparación de material curricular, capacidad organizacional y un cuerpo docente capacitado para desempeñarse efectivamente en contextos de amplia diversidad.

El desafío es mayor, considerando el aumento en inmigración, el fomento a los programas de integración escolar y el acceso efectivo a los establecimientos educacionales. Es de esperar que esta oportunidad sea aprovechada por todos los actores vinculados al desarrollo de la educación y que a partir de la promoción de comunidades educativas más diversas, se logre contribuir hacia una educación más integra y de calidad.