Sin desvíos se desarrollarán los primeros trabajos de recarpeteo (mejoramiento del asfalto) que comienzan hoy en calle Freire, como una forma de aminorar el impacto en el tránsito vehicular durante el tiempo que dure la obra, que debiera terminar en julio.

El inspector técnico de la obra, Cristian Olivares, contó que los trabajos para la intervención entre Lientur y Aníbal Pinto se programaron en tres tramos, siendo el primero el que va de Lientur a Galvarino.

Se continuará en junio con el trayecto entre Galvarino y Paicaví. En ambos casos las obras se desarrollarán en una pista de manera alternada, lo que evitará cortar el tránsito.

Finalmente, el tercer tramo comprenderá las cuadras entre Paicaví y Aníbal Pinto, donde sí habrá un cierre completo de calle Freire, lo que debiera permitir un trabajo más rápido, pero también obligará a generar desvíos, los que aún se están diseñando con la Seremi de Transportes y Carabineros, a fin de reordenar el tránsito, especialmente el de la locomoción colectiva.

La obra fue encargada por la municipalidad de Concepción y adjudicada a la empresa Santa Carla por un monto de $166.500.000 y busca mejorar las condiciones de desplazamientos de la arteria en tramos en que el pavimento está muy deteriorado.

Intervención

Olivares explicó que se va a aplicar una capa de asfalto sobre la estructura existente, lo que dejará lisa la superficie actualmente agrietada.

Además, se restablecerá el nivel de la solera en los puntos en los que las raíces de los árboles han sobresalido a la superficie levantando el concreto.

El proyecto fue presentado a fines de abril en una reunión a los vecinos y comerciantes del sector.

Hay que recordar que en 2013 también se hizo una intervención en calle Freire, pero comprendió desde Aníbal Pinto hasta Prat. Se hizo algo similar con Maipú, por donde también transita locomoción colectiva.

Pronto a construirse está el nuevo edificio de la Comisaría de Lomas Verdes. Esto, luego que Contraloría informara que ya tomó razón de la iniciativa, por lo que ahora sólo falta que la empresa a cargo de los trabajos inicie las obras.

El proyecto demandará una inversión de más de 2.300 millones de pesos, los que provienen del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr. La construcción tendrá 1.500 metros cuadrados, repartidos entre salas de guardia, calabozos, oficina de violencia intrafamiliar y dependencias establecidas en el plan cuadrante de seguridad preventiva de Carabineros.

Allí trabajarán 10 oficiales, 167 carabineros de orden y seguridad y 14 personas de civil.

El conflicto social y ambiental que se vive en Chiloé desde hace por lo menos dos semanas, y que tuvo como detonante la detección de áreas afectadas por la marea roja y el reclamo por el vertimiento de toneladas de salmones muertos al mar, plantea interrogantes respecto de las causas que generan las movilizaciones ciudadanas.

Esto, porque la explosión social de la Décima Región se podría repetir en otras zonas del país ante proyectos industriales que tienen impacto ambiental en los entornos en los que se desarrollan.

Son varios las iniciativas de esas características que en el Biobío han generado oposición por parte de las comunidades. Es el caso de las salmoniculturas que pretenden instalarse en el borde costero o la planta de distribución de gas en Penco. Y, aunque junto a otras propuestas no han escalado al nivel de otros eventos recientes, todos tienen como factor común el reclamo de mayor participación de las comunidades en relación a las iniciativas.

DECISIONES CENTRALIZADAS

El alcalde de Cobquecura, Osvaldo Caro (RN) se está oponiendo al desarrollo de un proyecto acuícola que busca instalar 11 centros de cultivo a mar abierto frente a sus costas.

"Los mecanismos que hoy tiene la legislación chilena promueven el descontento social porque se llama a participar, pero esa participación no es considerada al momento de la toma de decisiones", argumenta el alcalde, quien expone que la empresa a cargo del proyecto no se ha acercado al municipio, sino que se enteraron de la iniciativa a través del Servicio de Evaluación Ambiental.

"Se están tomando decisiones a nivel central, pero que nos afecta a nivel local", enfatiza Caro.

"Las crisis que estamos viviendo como país se debe a que no se escuchan ni se respetan las decisiones de los territorios. Mire lo de Chiloé, nosotros no queremos otra tragedia de ese tipo en nuestras costas".

MÁS COMPROMISO

Eduardo Pedreros, de la agrupación "Todos Somos Cobquecura", cree que las leyes ambientales no representan el sentir de las voces ciudadanas.

"La legislación hace un esfuerzo por hacer las cosas bien en Chile, pero tienen una regla que es el 'no obstante'. Entonces se parte proponiendo cuidar el medio ambiente, 'no obstante', si hay un proyecto rentable, se puede hacer lo que quiera".

Pedreros asevera que "todas las decisiones ambientales pasan por un tema político. Da lo mismo toda la experticia técnica que se tenga para argumentar, las decisiones ambientales pasan por un estamento político".

El ambientalista afirma que las problemáticas que afectan al medio ambiente se han socializado bien a nivel de ciudadanía, pero si bien hay manifestación de buenas voluntades por parte de la clase política, éstas no se han visto reflejadas en acciones más concretas.

"No son 11, sino 72 proyectos en la Región. Esto no es un problema sólo de Cobquecura, hay que hacer algo así como 'Todos somos Biobío', un trabajo más amplio".

PROCESOS NO VINCULANTES

"Los procesos de participación ciudadana en materia ambiental se limitan a procesos que son casi de poder conocer una opinión y el proyecto que se somete a una evaluación, pero hay una tremenda asimetría entre una empresa que quiere llevar adelante un proyecto con un equipo técnico voluminoso en contraposición a la comunidad, que por lo general no tiene un asesoramiento integral técnico", afirma el diputado Marcelo Chávez (DC), quien ha revisado varios casos similares a nivel nacional como presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

Precisamente, uno de los principales problemas que observa el parlamentario es que los instrumentos para poder recoger la opinión de la ciudadanía son bastante débiles y una de las explicaciones sería que en Chile la legislación ambiental es de data reciente. "La ley base de Medio Ambiente es del año '90, la superintendencia también es reciente y sólo hace tres años tenemos tribunales ambientales", expone Chávez.

Aún más, el diputado tiene una opinión crítica respecto de la relación que las empresas establecen con las comunidades que, dice, es prácticamente nula: "No hay una intención de vincularse y ser parte de un mismo vecindario. Las empresas tienen harta responsabilidad en poder entender el desarrollo de manera conjunta y armónica, no como una suerte de imposición y de querer pagar una especie de peaje social, ahí falta harto que hacer".