Tras sesionar por 15 horas seguidas, hasta las 5.00 horas de ayer, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó el proyecto que crea el Sistema de Educación Pública, conocido como desmunicipalización.

El proyecto es uno de los ejes de la reforma educacional impulsada por el Gobierno, y traspasa la administración de los colegios públicos desde los municipios al Estado.

Este proceso, según establece la iniciativa, se realizará en un plazo de seis años, comenzando en 2017, y con el objetivo de que la calidad de los establecimientos públicos no dependa de los recursos que tenga cada municipio.

La iniciativa, que se encuentra todavía en su primer trámite legislativo, ahora debe votarse en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, antes de pasar a votación en la Sala de la Corporación.

Lo que implica

El proyecto crea 67 Servicios Locales de Educación (SLE) a lo largo del país, que se encargarán de la administración y mejoramiento de los cerca de 5.500 colegios públicos. Sus directores serán elegidos a través del sistema de alta dirección pública y durarán seis años en el cargo, lo que busca que no tengan vinculación con los ciclos políticos.

Cada SLE tendrá un Consejo Local de Educación, que estará compuesto por representantes de la comunidad educativa. Este consejo tendrá facultades en áreas como el reglamento interno de los colegios.

La iniciativa además crea una Dirección de Educación Pública (DEP), que coordinará a los SLE para que trabajen en red. También distribuirá los recursos destinados a los establecimientos. Esta entidad deberá proponer cada diez años, previa consulta ciudadana, una estrategia nacional de educación pública.

El proyecto contempla obligaciones de los sostendedores hacia los jardines, escuelas y liceos públicos como el desarrollo profesional, el apoyo técnico pedagógico oportuno, el fortalecimiento del liderazgo directivo, entre otros.

La Comisión de Educación además aprobó una norma que establece que los colegios que tengan un mal desempeño no cerrarán, como ocurre ahora, y esto sólo pasará en los colegios particulares.

Uno de los puntos que ha generado controversia, es que el proyecto no modifica el sistema de financiamiento de los colegios públicos -que se basa en la subvención por asistencia. El Ejecutivo anunció que enviará otra iniciativa sobre ese punto.

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, afirmó ayer que "los jueces son independientes y ellos han resuelto de acuerdo a la ley", al expresar la postura del máximo tribunal por la polémica relativa a los 1.827 reclusos que recibieron el beneficio de la libertad condicional.

El magistrado sostuvo "no creo que haya errores. Eso está bien hecho y la comisión tiene facultades para hacerlo. Si se estima que la ley no es la correspondiente, otro poder del Estado tendrá que resolver el problema".

El magistrado enfatizó que "nosotros no vamos a dar ninguna explicación ni mucho menos entrar en polémica" y aseguró que el Poder Judicial es respetuoso de la libertad de los jueces. "Si alguien cree que nosotros no somos respetuosos de la independencia de los jueces, está equivocado. Los jueces son independientes y ellos han resuelto de acuerdo a la ley y eso no admite ninguna explicación", manifestó.

Dolmetsch agregó que si la ministra de Justicia, Javiera Blanco, quiere recabar antecedentes respecto de los beneficios, él la recibirá porque "las cortes están abiertas a todas las personas".

Un total de 1.827 reos de todo el país han recibido hasta ahora la libertad condicional. La cifra significa el 38,4% de todos quienes han solicitado la libertad condicional (4.633).

Desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, confirmó que el Ejecutivo está a la espera de una reunión entre la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch.

"Imagino que podremos tener un diálogo que permita ver cómo mejoramos esto para no tener dificultades en el futuro", comentó Aleuy. La autoridad agregó que "llama la atención" la gran atención de reos que resultaron liberados, por lo que "va a haber una reunión" con el presidente de la Corte Suprema "para poder esclarecer qué pasó ahí".

"La ley cambió el año 2012 y una de las condicionantes que se estableció en esa época fue que con el 50% de la pena cumplida las personas podían acceder a esto. Nosotros, en la actual discusión de la ley corta, hemos propuesto que sea dos tercios", afirmó.

sin informe favorable

Según un comunicado de Gendarmería entregado ayer, la Corte de Apelaciones de Valparaíso otorgó la libertad condicional a 528 internos que no contaban con un informe favorable de Gendarmería para recibirlo.

"En el caso particular de la Quinta Región, del total de postulantes, Gendarmería sugirió no otorgar el beneficio a 528 internos. No obstante aquello, la Comisión de Libertad Condicional, en uso de sus facultades legales, decidió concederles el beneficio a 788 internos incluyendo a aquellos que contaban con informe desfavorable de Gendarmería".