Fue el atentado en contra el fiscal Mario Elgueta y los diversos ataques incendiarios ejecutados en la zona durante el 2008 lo que había llevado al primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet a a invocar por última vez en la Región la Ley Antiterrorista.

Eso hasta el lunes, ya que el intendente Rodrigo Díaz presentó una querella de estas característica por el ataque incendiario al Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria (Citta) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Ucsc), ocurrido en la madrugada de ese día.

¿Pero qué efectos concretos tiene invocar esta ley para la investigación que llevará el Ministerio Público?

LAS MEDIDAS

El fiscal regional Julio Contardo expuso que la normativa entrega la posibilidad de que el juez de Garantía autorice ampliar por 10 días el plazo para poner al detenido a su disposición y para formalizar la investigación.

"Es factible también decretar restricciones al régimen de visitas de los imputados en prisión preventiva y tener acceso a sus comunicaciones, ya sean telefónicas, informáticas o por escrito", contó el fiscal regional.

Contardo añadió que uno de los puntos relevantes es la protección de testigos, ya que permite la reserva de cualquier dato que pudiera ser utilizado para su identificación.

"El tribunal podrá decretar la prohibición absoluta de revelar sus antecedentes personales, incluso en una fase posterior al término del juicio. También se considera la opción de recibir anticipadamente sus declaraciones cuando exista riesgo para sí y de fijar como domicilio la propia Fiscalía para recibir notificaciones", contó el fiscal regional.

Para el ex fiscal Andrés Cruz, que estuvo a cargo del juicio en contra de 17 personas, incluidos los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco acusados del atentado sobre el fiscal Elgueta, la invocación de la Ley 18.314 sólo tiene impacto en el resguardo de los testigos protegidos y en otras medidas, pero ninguna en la investigación que pueda llevar el Ministerio Público.

"No tiene ninguna relevancia práctica, salvo medidas de publicidad política (…). Esta actualmente está regulada de tal manera que le entrega muy pocas facultades adicionales a las que ya tienen los fiscales del Ministerio Público", declaró Cruz.

AUMENTAN PENAS

Uno de los aspectos que sí permite la Ley Antiterrorista, y que explicó el ex persecutor penal, es que las penas para los responsables por estos hechos son más graves a las que se le puede asignar por un delito común.

En términos hipotéticos, Cruz comentó que si se declara culpable a una persona por un delito, como puede ser, de incendio en lugar habitado donde hubiera una o más personas, la pena sería de presidio mayor en su grado medio a perpetuo simple (20 años de cárcel).

"El artículo 3 de la Ley Antiterrorista hace que se aumente uno, dos o tres grados la pena. Es decir, si parte en 10 años y un día (presidio mayor en su grado medio), el fiscal puede pedir aumentarla en tres grados, lo que la deja en un rango del presidio perpetuo", contó Cruz, el que aclaró que al ser bajo la Ley Antiterrorista el presidio perpetuo sería calificado, por lo que llegaría a los 40 años.

El ex persecutor sostuvo que esta pena se daría si no hubiera atenuantes, como puede ser irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial a la investigación, entre otras, ya que de ser así ésta se podría ver reducida.

DIFÍCIL CONDENAR

Pese a que considera que la Ley Antiterrorista no aporta mucho a la investigación que realice la Fiscalía, el ex fiscal avaló que se invocara en esta ocasión, ya que este ataque no sería un hecho aislado, sino que parte de una seguidilla de acciones realizadas en la zona, las que tendrían características de un delito terrorista.

Sobre la posibilidad de lograr una condena bajo esta ley, Cruz declaró que en la práctica es difícil que los tribunales la apliquen, ya que tiene una fuerte carga política.

"Son reacios (los jueces) porque fue concebida para perseguir a personas que pensaban distinto y que eventualmente realizaban actos de resistencia a la dictadura", comentó el ex fiscal, el que sostuvo que desde que se publicó en 1984 se ha modificado en más de 30 oportunidades.

Esta situación se debería porque además de los testigos protegidos es necesario tener otros medios de prueba.

El fiscal regional expuso que la Fiscalía ha manifestado ante el Congreso una serie de ideas para que sean incorporadas a la Ley Antiterrorista, con el propósito de disponer de mejores herramientas para el éxito de este tipo de indagatorias.

"Entre las propuestas está incorporar el estatuto de técnicas especiales de investigación regulado en la Ley 20.000, sobre tráfico de drogas, en particular los siguientes: agente encubierto e informante; interceptación de comunicaciones aun antes de la formalización de la investigación; entregas vigiladas o controladas, y un estatuto especial en materia de medidas cautelares reales e incautación", expresó Contardo.

Con el objetivo de evaluar las condiciones de seguridad y preparación, además de medir los tiempos de evacuación en los establecimientos educacionales y fomentar la participación de la comunidad escolar, durante la jornada de ayer el Comité Regional de Operaciones de Emergencia entregó información del "Simulacro de terremoto y tsunami del Sector Educación".

El próximo 18 de mayo y enmarcado en el Plan Integral de Seguridad Escolar se desarrollará la iniciativa en la que participarán todos los establecimientos educaciones de la Región.

En este contexto, el intendente de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, señaló que "una de las labores que tiene cualquier Gobierno es ayudar a que la población se prepare para circunstancias que puedan ocurrir (…), y que ha ocurrido muchas veces en la historia de nuestra Región, es que hemos tenido eventos sísmicos acompañados de maremotos. Con esa finalidad, de estar preparados, vamos a hacer un simulacro de terremoto y maremoto en el sistema escolar".

El seremi de Educación, Sergio Camus, indicó que "en la generación de culturas preventivas y culturas de autocuidado es vital la participación del conjunto de la comunidad escolar en procesos de esta naturaleza, es por eso el esfuerzo que vamos hacer desde el Ministerio de Educación para invitar a participar a padres y apoderados, docentes, asistentes de la educación, en este ejercicio el 18 de mayo que busca generar y potenciar las acciones de prevención ante desastres como lo son los terremotos y tsunamis en aquellas zonas que tienen peligro de inundación."

En tanto, la directora regional de Onemi, Gilda Grandón, informó que para el ejercicio se invitó a todos los establecimientos educacionales con la finalidad de actualizar los planes de emergencia, específicamente en las variables de terremoto y tsunami.

Grandón precisó que "el Plan Integral de Seguridad Escolar, que es una metodología para trabajar integralmente en cada establecimiento educacional, de acuerdo a su realidad propia la gestión de los riesgos. Estos, además, debe contener planes de respuesta y de emergencia".

La Universidad Católica de la Santísima Concepción está en proceso de terminar de recopilar información sobre los daños que dejó el ataque incendiario en las instalaciones del Centro de Transferencia Tecnológica (Citta), en la madrugada del 18 de abril.

Luego de determinar todos los daños, se pretende establecer cómo se enfrentarán los futuros proyectos del centro de estudios, así como la continuidad logística del Citta en el Fundo Peleco de Cañete. Así lo explicó la vicerrectora de Vinculación con la Sociedad de la Ucsc, María Carolina Piderit, no obstante también manifestó que el hecho es aún reciente y se deben tener todos los antecedentes.

El ataque incendiario arrasó con las dependencias centrales de Citta, avaluadas por la universidad en unos $500 millones, y que ha ejecutado varios proyectos con la comunidad mapuche y no mapuche del área, así como otros varios proyectos por concretar.

PROYECTOS

La vicerrectora de Vinculación con la Sociedad de Ucsc explicó que actualmente hay tres proyectos en distinta situación. "Estamos ejecutando un nodo de competitividad con Corfo Arauco, que se llama "Picadas con Sabor e Historia de Arauco", dura 24 meses, agrupa a unas 23 personas que tienen distintos cocinas que son picadas, a quienes se les entregará herramientas para que sigan siendo picadas, pero mejores", dice Piderit.

Un segundo proyecto es el de "Etnoturismo comunitario sustentable de Tirúa, de 12 meses con Corfo Arauco y que está a punto de ser lanzado. Y estábamos iniciando para trabajar con la Conadi un proyecto con la comunidad Pascual Pocol, y eso implica tres áreas de trabajo, uno es cultivo de papas, otro es de flores, y por último el cultivo de ñocha (una planta con la que se puede tejer)", explica la vicerrectora.

Además, la Ucsc, a través del centro de estudios también tiene un proyecto que avanza, y que consiste en entregar a familias de la comunidad ovejas melliceras preñadas, donde las crías se las quedan los beneficiados, y después de un tiempo estos ovinos son retirados para continuar otro ciclo.

Rescatar las gallinas araucanas también es parte del trabajo que realiza Citta, sin embargo, tras el ataque incendiario se quemaron las incubadoras, pero no así las gallinas, por lo que se deberá ver cómo se continúan con la labor.

SITUACIÓN ACTUAL

"Han pasado menos de 24 horas (ayer) desde lo ocurrido, y estamos todavía recogiendo información para ver cómo nos reorientamos. Estos proyectos son el trabajo que se hace hoy, pero si miramos hacia atrás hay varias iniciativas que se hicieron, que se podrían volver a levantar", dice María Carolina Piderit.

Respecto de la seguridad, planteó que "hay que ver cómo seguir trabajando. Lo que pasa es que hay un tema súper serio para nosotros en relación al Fundo Peleco, que es la seguridad, eso tiene que ser evaluado porque gracias a Dios no tenemos ninguna desgracia personal que lamentar. Pero ¿y si la próxima sí?", puntualiza la vicerrectora.

Por su parte, David Milla, presidente de la comunidad Pascual Pocol, Territorio Peleco Huentelolén, expresa que "no encuentro desde qué punto verlo porque ha sido desastroso el ver el lugar acá como quedó y donde hemos tenido capacitaciones, porque nuestra comunidad y otras han estudiado acá. Hay parte de la comunidad que estudia en la Ucsc y ha sido fuerte como comunidad, dirigentes, al saber que esto está sucediendo hoy".