Frente a los recientes estudios que indican que las empresas lideradas por mujeres son más productivas, me desafiaron a pensar si dada esa premisa necesitamos más mujeres en el mundo laboral. Tras analizar y discutir con las ejecutivas que me lo plantearon, hice la siguiente reflexión.

En mis últimos 10 años de carrera, he trabajado principalmente con mujeres y he corroborado los estudios en la práctica. Ellas destacan por su empatía, empoderamiento, impacto e influencia, liderazgo, orientación al logro y planificación. Si bien, tienen algunos puntos débiles como la toma de decisiones y visión estratégica, esto está muy relacionado con su género.

Su antropología las hace concretas, contenedoras, orientadas al detalle. En el principio de los tiempos, fueron recolectoras, formadoras y defensoras de la aldea. De ahí su capacidad multitarea, de resolver los temas del aquí y el ahora, de no olvidar los innumerables detalles que tiene la crianza y economía doméstica.

Llevemos esto al mundo del trabajo. Las mujeres son más positivas y ejercen un liderazgo basado en la empatía, generan los espacios para sus equipos desarrollen su máximo potencial, conocen los detalles de vida de sus colaboradores: el cumpleaños de sus hijos, las enfermedades, etc.

Y a pesar de estas capacidades, tienen todo en contra. Su costo de contratación es más alto por el pre y posnatal, la sala cuna, licencias por enfermedad de hijo menor de un año, entre otras situaciones propias de la conciliación trabajo y familia. En este sentido, las empresas, sobre todo las pymes, tienen que hacer esfuerzos para incorporar más mujeres a sus equipos.

Para evitar cuestionamientos los invito a determinar el retorno de la inversión de la mujer en su empresa. En mi experiencia el ROI de una profesional o técnico es mayor que un hombre a nivel de mandos medios. Esto no quiere decir que tenemos que prescindir de los hombres, al contrario. La complementariedad en el mundo laboral es imprescindible, si no ninguno de los dos agrega valor.

Contra viento y marea, la mujer ha ganado un espacio, ya que tiene competencias que aportan una doble mirada en los negocios, en la resolución de conflictos, en el día a día y, porque la tecnología les ha permitido mantenerse conectadas en sus diversos roles.

¿Qué necesitamos entonces? Sensatez, más políticas públicas y un esfuerzo de todos los sectores sociales para alcanzar la anhelada flexibilidad laboral que favorezca la conciliación, porque actualmente, muchos de los tiempos de los 'negocios' no son compatibles con la hora al doctor o dentista de un niño, con el llamado a entrevista con la profesora del colegio. Y aún así…ellas se han ganado un espacio.

Tras realizar el balance anual de 2015, las cifras correspondientes a aquellas causas de alta connotación relacionadas con la sustracción de valores de las tiendas de retail, nos muestran un significativo aumento de un 20% en los robos con violencia. En contraste, los robos con fuerza e intimidación han descendido un 10% cada uno desde el año 2014.

Uno de los desafíos que desde sus inicios ha perseguido nuestra área especializada en el análisis táctico del delito y la persecución penal estratégica, ha sido identificar a las personas que cometen delitos violentos en contra de nuestros clientes, con el objeto de lograr sanciones más altas, y por otra parte evitar, el archivo de los casos.

Según datos de la Fiscalía, sólo un 8,4% de los robos y robos no violentos fueron delitos con imputado conocido. A este respecto, nuestras cifras, como mayor querellante privado del país en delitos de igual naturaleza, alcanzan un 14,7% en el porcentaje de imputados conocidos y un 24% los casos con imputados identificables. Esto a través del análisis de antecedentes de series delictuales y generación de información criminalística útil.

Gracias a la aplicación de la inteligencia de la información, en muchos casos logramos determinar la identidad de los imputados a través de la generación de antecedentes adicionales que permiten potenciar la investigación penal, formalizar a los imputados y conseguir medidas cautelares como la de prisión preventiva, en su mayoría.

En los delitos de robo hemos conseguido pasar de un 26% de condenas sobre el total de ingreso de casos en 2014 a un total de 65% en 2015, frente a los casos donde se decide no perseverar en la investigación los cuales han disminuido de 74% en 2014 a 35% en 2015. De esta manera, la metodología desarrollada busca abordar problemas como el referido por la Fiscalía Nacional al indicar que un 40,7% de los casos que llega a tribunales termina sin condena en la Región Metropolitana.

La clave del éxito se encuentra en el análisis de la información lo que permite investigar en profundidad, detectar series delictuales y vincular casos. Prueba de ello son las cifras de nuestra Unidad sobre el comportamiento mensual de robos durante el 2015 en la Región Metropolitana, las cuales muestran una disminución significativa de los incidentes, con una variación porcentual de un -31% de robos entre el primer semestre de 2015 y el segundo semestre del mismo año.

En este sentido, para una investigación diligente, la recopilación de información idónea, el análisis de registros existentes, la unificación y cruce de datos, y la comunicación oportuna a los distintos actores del sistema de persecución criminal es vital para enfrentar la delincuencia de forma integral y efectiva en nuestro país.

El subsecretario del Interior anunció que el gobierno estudia demandar a los padres por los daños provocados por los hijos de estos y que se causen a la propiedad pública. El anuncio como novedad de una norma que ya tiene 159 años de existencia sin ninguna modificación, debería llevarnos a pensar cuál es el sentido de este anuncio? Y ¿qué alcances prácticos puede tener?

Con respecto a lo primero, es claro que se trata de una prevención con efectos comunicacionales destinada a aparecer mostrando que se están tomando acciones respecto de un calendario de movilizaciones anunciado por las organizaciones estudiantiles y al cual se daría inicio a partir de fines de abril. Pero este anuncio, parece ser más efectista que efectivo. Por una parte cabe señalar que la norma del Código Civil, solo sería aplicable a aquellos sujetos que causando daños tengan al momento de la causación de los mismos menos de 18 años y más de 16 años, pero, por otra parte, no queda claro si los padres tendrían necesariamente que responder. No se debe perder de vista que los menores de 16 años quedan sujetos a un procedimiento previo de discernimiento, lo que haría más difícil su persecución.

Por lo demás, a diferencia de lo que se nos quiere hacer creer por el gobierno, no se trata que los padres respondan por los hechos dañosos que causen sus hijos, no es un caso de responsabilidad por el hecho ajeno, sino que los padres van a responder cuando pudiendo evitar el hecho dañoso no fueron diligentes en hacerlo, o sea responden por su propia negligencia. Cabe preguntarse ¿en qué modo un padre o madre que probablemente en el horario de una marcha se encuentre en su trabajo, puede evitar que su hija o hijo cause un daño, dentro de la marcha? ¿Está en condiciones objetivas de evitar el daño?, ¿Puede un tribunal atribuir normativamente un reproche civil a una madre o padre bajo estas circunstancias?

Se debe precisar que el padre o madre que responde no es cualquiera, sino que, la añosa norma determina que será aquel de los padres que habite en la misma casa del menor, tomando en consideración que más de dos millones de hogares en Chile tiene por jefa de hogar a una mujer, la acción del gobierno puede terminar convirtiéndose en una política de discriminación de género al cargar sobre ellas la ineficacia tanto preventiva como represiva de las fuerzas policiales respecto de los daños causados en las manifestaciones.

El Estado se reconoce incapaz de controlar a pequeños grupos que causan daños y pretende traspasar su responsabilidad de mantener el orden público a los particulares, en este caso a los padres. El gobierno pretende esconder su ineficacia preventiva respecto de los daños causados en manifestaciones, perdiendo de vista que además en los hechos si pretende implementar está política represiva, va a tener primeramente que someterse a procedimientos civiles de carácter ordinario que se sabe son de larga duración - sería bueno que el gobierno en vez de reprimir estudiantes avanzara en una reforma procesal civil destinada a acortar los procedimientos previamente-además va a terminar distrayendo la labor preventiva de las policías, la que tendrá que destinar parte importante de su contingente para que dentro de las manifestaciones se preocupen de recopilar pruebas para presentar ante un tribunal civil más que de velar por el orden público.