Injusta, contradictoria y que no "empareja" la cancha. Esos son algunos de los calificativos que los presidentes regionales de partidos políticos asignaron a la recién promulgada ley de financiamiento de campañas electorales. Pero también hubo un acuerdo: la normativa permitirá trasparentar los gastos que realicen los candidatos y, eso, lo valoran transversalmente.

Las diferencias se dan entre los partidos más pequeños y, también entre la oposición y el gobierno. Los primeros, son los más críticos a la hora de señalar de que este cambio dejará latente las mismas diferencias de siempre en relación a los dos grandes conglomerados, a quienes les beneficiará la cantidad de votos obtenidos en las elecciones anteriores. Finalmente, son quienes más aporte estatal tendrán.

Todos concuerdan en que la promulgación de esta nueva ley no cambiará el escenario que tienen actualmente en relación a los recursos con los que cuentan. Sólo el demócrata cristiano Jorge Sabag, aseguró que tenían aportes reservados de empresas privadas, pero que la ausencia de ese monto podría nivelarse con el aporte estatal.

SIN CAMBIOS

El presidente regional del Partido Ecologista Verde (EPV) Félix González, señaló que esta ley "no nos afecta para nada, porque nosotros jamás hemos recibido aportes de ninguna empresa, ni siquiera de un quiosco de papas fritas".

Agregó que, pese a que se aumentó en un 25% el aporte estatal, esto se realizará en base a la distribución de los votos "tal como funciona para la franja electoral, es un sistema que viene funcionando desde el año 2004 y que, al fin de cuentas, siempre se ha financiado a los partidos tradicionales", recalcó el ecologista.

Una opinión similar presenta la líder regional de Evópoli, Francesca Parodi, agrupación que recientemente logró constituirse como un partido legal y que como entidades más pequeñas, siguen estando en desventaja con esta nueva normativa.

"Aquí tenemos nuevamente una cancha dispareja para poder competir de tú a tú con los partidos tradicionales", reconoció Parodi.

De todas formas, la presidenta de Evópoli considera que los montos estatales que se van a entregar por campañas políticas son excesivos, considerando que en el país existen otras prioridades que también necesitan fondos.

Desde la visión de un partido tradicional, Frank Sauerbaum, presidente regional de RN, puntualizó que a ellos no les va a afectar el cambio de las reglas. "No hemos tenido muchos aportes de empresas grandes, si no que nuestro financiamiento siempre ha funcionado con recursos propios y se ve cómo hemos estado un poco más alejados de los casos de financiamiento irregular", dijo.

Sauerbaum agregó que "esto cuenta con una serie de contradicciones, porque no puede ser que un candidato pueda colaborar con sólo un 5% de su patrimonio y el 95% restante sea financiado con fondos de cercanos. Ese es un defecto de la ley".

A FAVOR

A su vez, el presidente de la DC en el Biobío, diputado Jorge Sabag -integrante de la coalición gobernante- defendió la ley. "Creemos que es una manera mucho más transparente de financiar las campañas y nos va a permitir a los partidos contar con una mayor libertad, actuar con independencia y buscar los intereses nacionales. Además, esto va a permitir que en la próxima elección no tengamos el espacio público lleno de palomas y las ciudades rayadas", indicó Sabag.

Coincidió en ese punto Parodi, quien destacó que con estas nuevas reglas "se dio un paso importante en relación al control del financiamiento en general. Claramente hubo casos de corrupción que hicieron que este tema se volviera urgente. Lo bueno es que Chile cambió, la democracia es voluntaria y el trabajo no se hace gastando tanto en campañas, sino que el trabajo se debe hacer con la gente, movilizando ideas".

En ese punto se detuvo Sabag, para explicar que la cancha se nivela porque las condiciones son más favorables para que los movimientos se legalicen como partidos y "permitirá que existan más agrupaciones nuevas que van a aportar a la competitividad en la política, porque ningún partido tiene sus votos asegurados", admitió.

Despachado al Senado para cumplir con su segundo trámite legislativo quedó el proyecto de ley que sanciona el acoso sexual callejero, lo que fue valorado por la diputada del PPD, Loreto Carvajal, quien fue una de las parlamentarias que patrocinó la iniciativa.

La diputada aseguró que se trata de un proyecto que "está visibilizando un tipo de agresión que se ha mantenido impune ante la justicia y que puede afectar tanto a hombres como mujeres".

En este sentido, destacó que "nuestro país tiene una deuda pendiente con este tema, ya que no existe una figura legal para denunciar y proteger a las víctimas, tal como se ha hecho positivamente en otros países".

MULTAS

La nueva norma establece que cuando el hostigamiento sea realizado a través de conductas físicas, tales como abordajes o persecuciones intimidantes, o bien por medio de actos de exhibicionismo, obscenos o de contenido sexual explícito, se impondrá al autor una multa entre 10 a 20 Unidades Tributarias Mensuales.

También se estipula que si estos actos ofensivos consisten en la captación de imágenes, videos o cualquier otro registro audiovisual del cuerpo de otra persona o de alguna parte de él, se impondrá una pena de multa entre 5 a 10 Unidades Tributarias Mensuales.

Sin perjuicio de lo anterior, si tal registro es divulgado por medios de difusión, se impondrá una pena de multa entre 10 a 20 Unidades Tributarias Mensuales.

Tras conocerse que la fundación Cema Chile ha estado vendiendo por millonarios montos las propiedades que les fueron cedidas gratuitamente por el Estado en la década del 80, el senador Alejandro Navarro (MAS) presentó un proyecto de ley para que dichos inmuebles sean destinadas a organizaciones sin fines de lucro.

El parlamentario señaló que "hace tiempo que la fundación dejó de ser una institución benéfica, pasando a ser una inmobiliaria que funciona como la chequera de (Lucía) Hiriart, quien se ha dedicado a hacer negocios con las propiedades".

El proyecto indica que las personas jurídicas de derecho privados que sean canceladas por el Ministerio de Justicia antes del 12 de diciembre del 2016 y que hayan adquirido bienes raíces por vía de donación por parte del Fisco entre 1973 y 1990, no podrán destinar su patrimonio a las personas jurídicas que establecen en sus escrituras constitutivas, "sino que a aquellas personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro en las que no sea parte el Fisco o cualquier persona jurídica de derecho público", señala el documento .

Navarro aclaró que "presentamos el proyecto porque en el caso de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) demande la disolución de Cema, en virtud de los estatutos de esta, los bienes pasarían a organizaciones de igual naturaleza".

Según el parlamentario, el CDE podría demorarse mucho tiempo en dirimir dicha situación, tiempo en el que la fundación podría seguir vendiendo sus inmuebles "lo que es totalmente ilegítimo e inmoral, por lo que se debe actuar rápido".

Alejandro Navarro se reunió el pasado 23 de marzo con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, oportunidad en que le solicitó la caducidad de la personalidad jurídica de Cema Chile, por no cumplir con los objetivos de bien social para los que fue creado.

El 2006 se aprobó un proyecto de ley que permitió terminar con los aportes que le realizada la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción a la fundación y que correspondían al 20% y 3% de sus ganancias, respectivamente.