El senador de Renovación Nacional (RN) Andrés Allamand, le hizo entrega ayer al ministro del Interior Jorge Burgos, de su propuesta de reforma constitucional que plantea un régimen semipresidencial, distinto al sistema presidencial actual.

La propuesta del parlamentario contempla la separación de las facultades del Presidente, que sería un jefe de Estado, y del Primer Ministro, en el rol de jefe de Gobierno.

Así, el Presidente sería el encargado de designar al Primer Ministro, cuyo cargo debiera ser ratificado por el pleno del Congreso.

Las funciones del Presidente serían resguardar el respeto a la Constitución, manejar las Relaciones Exteriores y la Defensa del país, y realizar los nombramientos en altos cargos como la Contraloría, el Banco Central, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y de Orden, embajadores etc.

En tanto el Primer Ministro, tendría que liderar el accionar del Gobierno, administrando el Estado y tendrá el deber de asegurar el orden interno. Este cargo además podría ser sometido a censura, la que previamente debiera ser aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, según establece la propuesta de Allamand.

El documento además plantea que el Presidente pueda gobernar por ocho años seguidos, en vez de cuatro como es actualmente, y la reelección de ese cargo de manera inmediata.

El senador planteó que el cambio al sistema presidencial ayudaría a superar la crisis de confianza en la política "haciendo que las instituciones funcionen armónicamente, en conjunto, y que tengamos toda la energía del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo orientada a darle un buen gobierno al país".

Entrega a Burgos

Tras recibir el documento, el jefe del gabinete destacó la iniciativa del senador opositor, y la calificó como "una buena noticia". "Entendiendo probablemente el ejemplo más conocido de semi presidencialismo de lo que ocurre en Francia", comentó Burgos.

El secretario de Estado interpretó la propuesta como una señal de que en la oposición hay una intención de hacer una reforma a la Constitución, pese a las reservas que han mostrado frente a la actual propuesta del Ejecutivo. El ministro dijo que da cuenta de que "en la Alianza hay interés por hacer modificaciones estructurales, lo que me parece una buena noticia", sostuvo.

La Conferencia Episcopal de Chile manifestó ayer su rechazo a los atentados incendiarios que se han producido en los últimos días en La Araucanía, que han destruido seis iglesias y realizó una dura crítica al manejo que ha hecho el Gobierno del conflicto en la zona.

"Cuando no se respetan valores tan esenciales para la existencia de un pueblo creyente como son el derecho a la vida humana, su seguridad y sus espacios sagrados, se hiere el alma misma de este pueblo", sostuvo ayer monseñor Cristián Contreras, secretario general de la Conferencia y obispo de Melipilla.

La Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó en un fallo unánime la reapertura de la investigación por el eventual delito de malversación de caudales públicos en contra de la fundación CEMA Chile, que es presidida hace 42 años, y a perpetuidad, por la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart.

Los ministros del tribunal de alzada, Hernán Crisosto, Alejandro Rivera y Jorge Norambuena, acogieron la solicitud del Consejo de Defensa del Estado, que pidió la reapertura del caso Riggs, que fue cerrado en mayo de 2014, para investigar el origen de las propiedades de la fundación, traspasadas gratuitamente del Estado, que luego han sido vendidas a terceros.

El tribunal además anunció que le pedirá a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, que investigue la situación actual de Cema Chile, "en particular su estado patrimonial y un levantamiento acerca de la existencia de bienes desde el año 1973 al presente, sus fuentes de ingreso así como determinar sus actividades", estableció el fallo judicial.

El fallo además señala que se citará a declarar al director administrativo de la fundación Julio Véjar Zamorano.

La petición del CDE fue hecha luego de que en 2014 se vendiera un terreno en Chillán por $760 millones y luego de que se supiera que la viuda de Pinochet tiene un patrimonio por $6.300 millones, por los bienes de la fundación.

El ministro de BB.NN., Víctor Osorio, aplaudió la decisión de la Corte.

El Tribunal Constitucional analizará el próximo 14 de abril, en una sesión que comenzará a las 10.30 horas, si admite a trámite el requerimiento de un grupo de senadores de Chile Vamos que busca impugnar cuatro puntos del proyecto de reforma laboral, el que fue despachado el miércoles por el Congreso.

Los parlamentarios opositores recurrieron al TC por la titularidad sindical, la extensión de beneficios, la negociación interempresa y el derecho a la información para la negociación colectiva.

De acuerdo al procedimiento, tras el requerimiento presentado por los parlamentarios el Tribunal Constitucional envió un oficio a la Presidenta Michelle Bachelet para solicitar que se abstenga de promulgar estos puntos del proyecto.

Con este trámite, el TC cumplió con el primer paso de las varias etapas que contempla el procedimiento, y que de acuerdo a las estimaciones del Ejecutivo podría concluir con la sentencia definitiva el miércoles 4 o el lunes 9 de mayo.

Si el pleno del tribunal de 11 jueces declara inadmisible el documento, la resolución no será susceptible de recurso y el Gobierno podría promulgar el proyecto.

En el caso de que el panel encabezado por Carlos Carmona opte por la admisibilidad, la resolución deberá ponerse en conocimiento de los participantes del proceso, quienes tendrán cinco días para hacer llegar al TC las observaciones y antecedentes que estimen necesarios.

Antes de los alegatos, que se podrían verificar el viernes 22 y el miércoles 27 de abril, el Gobierno espera que se cite a una audiencia pública.

El senador Hernán Larraín (UDI) y vocero de Chile Vamos dijo el jueves que el proyecto "representa graves perjuicios para un número importante de trabajadores no afiliados a sindicatos (...) por el solo propósito del Gobierno de congraciarse con la CUT. No contradice sólamente nuestra Constitución, sino también normas de la OIT".