Representantes de los gremios de cirujano dentistas, bioquímicos, médicos y también químico farmacéuticos, entregaron una carta en la Seremi de Salud con requerimientos que buscan mejoras en las condiciones de los profesionales que atienden en el sistema público.

El vicepresidente local del Colegio Médico, Germán Acuña, explicó que "las falencias de los especialistas son bastante terribles. Tenemos muchos médicos generales haciendo turnos como si fueran pediatras o internistas, y también falta de especialistas para cosas tan básicas como salud intercultural".

Coincidió con la crítica la químico farmacéutica del Hospital Regional, Mariela Baeza: "Buscamos que en el caso de nuestra profesión se haga un reconocimiento de las especialidades, para poder optar a la formación continua".

Desde el gremio de bioquímicos, la presidenta nacional de esa colegiatura, Liliana Lamperti, dijo que "es necesario que se reconozca no sólo el recurso humano, sino que también la especialización. Tenemos derecho a ser reconocidos como especialistas en laboratorio clínico y también en apoyo diagnóstico".

Finalmente, Camila Champín, representante del capítulo hospitalario de los cirujano dentistas en el Hospital Las Higueras, afirmó que "acusamos la larga lista de espera por la falta de especialistas, y también la escasa resolución de problemas en la atención primaria, lo que ayuda a la continua migración de profesionales al área privada".

En una situación compleja se encuentra la aerolínea Sky Airline, la cual enfrenta una huelga legal y un paro indefinido de los trabajadores sindicalizados, lo que ha provocado vuelos cancelados desde ayer 7 de abril, hasta el domingo 10. No obstante, el paro tendría carácter de indefinido, por lo que podrían ser más los días con trastornos en los vuelos.

De los 16.500 usuarios afectados en el país, los del aeródromo Carriel Sur, en tanto, entre ayer y hoy se cifraron en 1.800, de seis vuelos cancelados. Asimismo, de los 30 trabajadores de la aerolínea en el recinto aéreo, sólo dos están sindicalizados, por lo que en los mesones está el personal para contestar dudas, o reprogramar los vuelos.

Sobre las alternativas de solución, a los usuarios de Sky se les recomendó reprogramarlos desde el próximo 11 ó 12 de abril, considerando la inestabilidad de las negociaciones. Así también, se les comunicó a los pasajeros que además de reprogramar los vuelos está la opción de reembolsarles el dinero.

La medida de devolución del valor total del pasaje será si se hace la solicitud hasta 10 días después de la fecha original de su vuelo. Para boletos parcialmente utilizados se devolverá el monto de los tramos no volados.

En Carriel Sur las consultas en la mañana de ayer fueron pocas, no más de 8 personas, lo que se debería a que la situación de la huelga es de público conocimiento. Además, el cambio de vuelo se puede hacer en www.skyairline.com, en caso de no querer ir a las oficinas de Sky, lo que también puede hacer el usuario.

Desde la empresa explicaron que el gran problema de la movilización, es que los trabajadores que se adhirieron tienen puestos clave, siendo estos necesarios para la seguridad de los vuelos.

"La normativa exige la presencia de un tripulante de cabina cada 50 pasajeros y a diferencia de otras industrias de servicios, los trabajadores -en este caso los tripulantes- requieren contar con exigencias y calificaciones especiales. Por ende, existe una dificultad mayor para poder operar, lo que nos obliga a cancelar el 100% de nuestros vuelos, con el único objetivo de resguardar la seguridad de nuestros pasajeros", dijo el subgerente de comunicaciones de la compañía, David Fuentes.

"Aquí no importó toda la gente que falleció, importa que ellos salgan libres. Seis años esperando que la fiscal (Solange) Huerta hiciera el juicio, para que llegara el nuevo fiscal (José Luis) Pérez y haga un salida alternativa", criticó con la voz entrecortada Norma Silva, hija de una de las víctimas del tsunami del 27 de febrero de 2010 tras conocer la suspensión condicional del procedimiento.

Fueron 104 las personas que murieron por efecto del maremoto, y por estos hechos se formalizó a el ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende; la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández; el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa), Mariano Rojas; el ex jefe de operaciones del Shoa Andrés Enríquez; el ex oficial de guardia del Shoa, Mario Andina y Johaziel Jamett, ex jefe de Alerta Temprana de la Onemi. A fines del año pasado fueron formalizados por cuasidelito con resultado múltiple de homicidio.

Leonardo Mello, abogado querellante del caso, indicó que las familias reaccionaron indignadas tras conocer la sentencia. "Yo creo que el Ministerio Público confunde autonomía con que puede hacer cualquier cosa. Esperamos que la Corte de Apelaciones los llame a la cordura", señaló Mello.

Esto, porque todos los querellantes acordaron apelar a la sentencia de la jueza Carolina Guajardo, que señala que previo acuerdo con las defensas de los imputados, no irían a juicio si pagaran una multa total de $245 millones ().

ACTUAR ARBITRARIO

Los querellantes del caso tienen 5 días corridos para apelar a la sentencia dictada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Como muchos de los abogados son de otras regiones y deben viajar para interponer el recurso, la acción se realizará entre lunes y martes de la próxima semana, justo en el plazo.

Mello comentó al respecto que "lo más frustrante es la actitud del Ministerio Público, nos parece gravísimo y escandaloso que desconozcan sus propios actos".

Esto, porque siempre se les informó, mediante reuniones formales, la realización de un juicio oral. Incluso los querellantes se estaban preparando para dar sus declaraciones. "Nuestras expectativas no eran imaginarias, fueron acuerdos formales", puntualizó el abogado.

Cynthia Tapia, otra de las abogadas querellantes, explicó que "la sentencia era predecible porque ellos cumplen con los requisitos del artículo para hacer la suspensión. Lo que nosotros alegamos es que el Ministerio Público actuó a espaldas de las víctimas, incumpliendo las garantías constitucionales. Esperábamos un análisis más profundo de parte de la jueza".

Mello agregó que "claramente se han infringido normas de la ley orgánica constitucional. Nos parece impresentable que el Ministerio Pública adhiera a los argumentos de la defensa, cuando ha presentado acusaciones contra los imputados".

INJUSTICIA

Norma Silva se siente decepcionada tras conocer la sentencia y pocas esperanzas tiene sobre la apelación que realizarán los abogados querellantes la próxima semana.

"No tengo esperanza de justicia en mi país. Ellos creen que con dinero se arregla todo, pero una caricia de mi madre no la voy a recuperar jamás", aseguró la afectada, quien la madrugada del 27 de febrero 2010 estuvo a punto de sumarse a la lista de fallecidos, tras ser arrastrada por una ola en el sector Santa Clara en Talcahuano, al igual que sus familiares.

Silva comentó "que lo que más quería era llevarle unas flores a mi mamá y decirle 'se hizo justicia'. Que si ellos están en la Onemi o el Shoa, sea porque están preparados para responder ante este tipo de catástrofes, no para después deshacerse de sus responsabilidades y no actuar".

Expuso que le pesan, además, los seis años de trabajo que se han realizado, tiempo en el que ha existido un desgaste físico y sicológico dentro de todos los familiares de las víctimas. "No se dan cuenta cómo nos ha afectado el paso de estos años", puntualizó.

"SITUACIÓN INTERMEDIA"

Tras conocerse la sentencia, el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez, aseveró que "es claro que esta salida no es satisfactoria para las víctimas. La suspensión es una situación intermedia no es sentencia condenatoria, no es una sentencia absolutoria y no es una reparación completa a la víctima. Es un punto medio, que es hacia donde debería ir la justicia".

A raíz del rechazo que existe entre los querellantes sobre la suspensión del procedimiento, Pérez dijo que una de las razones fue que "en un caso como éste, que puede durar tanto tiempo, exponer a la víctima a largos periodos declarando, creemos que era hacerla revivir un drama".

Aclaró, además que la sentencia no es nada más que una alternativa al juicio oral y que a las seis personas acusadas se les atribuyeron responsabilidades en hechos negligentes y culposos.