Por cerca de una hora se extendió la inspección que ayer realizó el director nacional de Gendarmería, Tulio Arce, en la cárcel de Chillán. El recinto ha recibido serios cuestionamientos en las últimas semanas, una vez que se revelara que el 11 de marzo tres internos fueron agredidos en el patio para imputados.

Acompañado del secretario regional ministerial (seremi) de Justicia, Jorge Cáceres y altos oficiales de Gendarmería, visitó a los internos de los diversos patios (imputados, condenados y la sección de juveniles), donde enfatizó el compromiso de respetar los derechos humanos de todos los internos.

"Previo a la visita de la cárcel fui a entrevistarme con el presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, ministro Guillermo Arcos, manifestando que Gendarmería quiso estar presente a raíz de los lamentables hechos ocurridos, tratándose de uso irracional de la fuerza y maltrato hacia la población", comentó Tulio Arce.

Destacó que "en la misma medida que nosotros exigimos, cuando nuestros funcionarios son agredidos, y esos hechos deben ser denunciados y son sancionados, pedimos también a los gendarmes el respeto irrestricto hacia los internos".

Por ello, afirmó que los cinco suboficiales cuestionados fueron suspendidos de sus funciones en la cárcel de Chillán, a la espera de que termine el sumario instruido por el director regional de la institución, coronel Pablo Toro.

"También vine para manifestar nuestro apoyo a los funcionarios que sí realizan un trabajo como corresponde. Consideramos que estos hechos son aislados y nuestra institución es reconocida a nivel latinoamericano, por su profesionalismo y también por estar enfocada en la reinserción social", declaró Arce.

Otra de las medidas de contingencia que adoptó la dirección nacional fue traer una comitiva de la unidad de Derechos Humanos de la propia institución, que tuvo una reunión con los funcionarios relacionada con el trato hacia los internos.

Nueva cárcel

Si bien no se pronunció directamente con respecto a la nueva cárcel biprovincial de Ñuble y Bío Bío, el seremi de Justicia salió al paso y aclaró que a la fecha no hay novedades. Sólo adelantó que "estará resuelto antes que termine este gobierno".

Asimismo, planteó que "hay terrenos en estudio que están bastante avanzados". Esto, en alusión al trabajo de la unidad especializada de gendarmería que está encargada de ver dónde se podría emplazar el nuevo recinto penitenciario, que ya tiene aprobado un monto de inversión cercano a los $50 mil millones.

En un segundo juicio, el tribunal de Cañete absolvió nuevamente a los cuatro comuneros que fueron imputados por un hurto de madera ocurrido a principio del año pasado en el Fundo Canihual, a 15 kilómetros de Tirúa.

Esta causa tomó importancia debido a que dos de las personas detenidas fueron heridas en el procedimiento policial, el que fue cuestionado por las comunidades, ya que no se dio en un contexto de hurto de madera, sino que una acción de reivindicación territorial.

Por el accionar policial, Martín Marileo sufrió una herida grave en su pierna izquierda, producto de un impacto de bala a quemarropa. En tanto, Gastón Antileo perdió uno de sus ojos.

SEGUNDO JUICIO

En diciembre de 2015 el mismo juzgado había absuelto a los imputados, pero el juicio se volvió a repetir luego que el Ministerio Público presentara un recurso de nulidad a la Corte de Apelaciones penquista, la que fue aceptada.

Tras varios días de un nuevo juicio oral el resultado nuevamente fue absolutorio. Javier Pereira, defensor local jefe de Cañete, explicó que todo fue un montaje para disfrazar el ataque que sufrieron dos de sus representados por parte de carabineros

La defensa logró demostrar además que los comuneros heridos no estaban en el lugar realizando faenas madereras y los otros dos, que no resultaron lesionados, estaban haciendo una Ruka, en el contexto de una reivindicación territorial de la comunidad Antonio Paillao.

Para sostener ambas tesis se usó pericia fotográfica, balística y las declaraciones de un antropólogo y una arqueóloga. Se presentaron además una serie de testigos que vieron el ataque de carabineros.

Por haber emitido más de 32 mil licencias médicas en el plazo de cinco años, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) se querellará en los próximos días contra una médico de Concepción.

La acción en contra de la facultativa penquista es parte de las querellas criminales por el delito de falsedad ideológica (por licencias fraudulentas) que realizará la institución en contra de seis médicos en el país. Este grupo de profesionales emitió entre 2010 y 2015 más de 145 mil licencias en total, lo que significó que se pagaran más de $1.220 millones en Subsidios de Incapacidad Laboral.

Desde la Superintendencia informaron que los médicos querellados ya habían sido sancionados administrativamente en más de una oportunidad, y es por esta situación que se recurrió a una instancia que está desde mayo de 2012 (ley 20.585) en potestad de la Suseso.

El superintendente, Claudio Reyes, comentó que es la primera vez que se emprende una acción criminal de este tipo, y que esta tiene como finalidad disuadir a los médicos a realizar esta acción.

Estos profesionales arriesgan multas de 50 UTM (más de $2 millones) a 500 UTM (más de $22 millones) y penas de cárcel que pueden alcanzar hasta los tres años y un día y la prohibición de emitir licencias médicas por el tiempo que dure la condena.

LICENCIAS FRAUDULENTAS

En la jornada de ayer la Superintendencia ingresó las dos primeras acciones de este tipo ante los Juzgados de Garantía de Santiago (8º y 11º) y en los próximos días estarían interponiendo la misma querella en otros tres tribunales del país: Puente Alto, Concepción y Rancagua.

"Hoy presentamos las de Santiago y la próxima semana estaremos en Concepción y en Rancagua", detalló Reyes, que aclaró que la presentación judicial se está haciendo porque hay una constatación de parte de ellos de que no existió una prestación de servicios, análisis o evaluación de los enfermos.

"Aquí no ha existido ninguna posibilidad de que esas personas hayan sido atendidas, sino que simplemente se les está vendiendo un servicio de reposo", enfatizó el superintendente, sosteniendo que estos documentos son fraudulentos.

En cuanto al grupo de médicos que serán perseguidos penalmente, Reyes expuso que "la médico de Concepción es la que más licencias entregó. En los últimos cinco años fueron casi 32 mil (...). Ésta ya había sido sancionada anteriormente con multas y con suspensión".

Desde la Superintendencia informaron que entre mayo de 2012 y marzo de 2016 han sancionado a 216 médicos (44 son reincidentes), incluyendo a 4 contralores de isapre. Asimismo, estas acciones han implicado multas por más de $211 millones o suspensiones de la facultad de emitir licencias médicas por más de 2.000 días a 40 médicos.

NO SE AVALA

De forma enfática el presidente del Colegio Médico Regional Concepción, Juan Enríquez, rechazó el accionar de médicos que otorguen esa cantidad de documentos de salud.

"De ninguna manera el Colegio Médico puede avalar que se entreguen esta cantidad de licencias, porque es un acto fraudulento", expuso Enríquez.

Sobre qué medidas se puede tomar en contra de esta profesional u otros médicos que ejecuten este tipo de hechos, el presidente del Colegio Médico comentó que si están colegiados la medida que se puede adoptar si hay suficientes antecedentes de este tipo de accionar es pasarlos al Tribunal de Ética, en donde se toma la decisión de expulsarlos o no del gremio.

El seremi de Salud, Mauricio Careaga, comentó que este tipo de situaciones provocan un daño, ya que la entrega excesiva de licencias va en contra de los trabajadores que efectivamente necesitan un reposo.

"No es ético, no es moral y es poco solidario con los que necesitan el servicio (…). Estos médicos al hacer mal uso de las licencias lo han viciado y después tenemos las consecuencias que cuando queremos ponernos estrictos de saber si la licencia corresponde o no es que somos tildados de que nos demoramos en pagar o indolentes con las personas enfermas", contó la autoridad.

Agregó que se ha detectado este tipo de situaciones, en donde se ha multado al que lo realiza o no se les entregan los talonarios de licencias médicas.