La ausencia de familiares de víctimas para declarar debido la falta de cobertura logística, cuya responsabilidad fue atribuida al Ministerio Público y la presentación de los argumentos querellantes, fue lo que marcó la segunda jornada de audiencia en la que se analiza la suspensión condicional de la investigación del denominado Caso Tsunami. En él se aborda la muerte de 104 personas en el borde costero tras la fallida alerta de maremoto la madrugada del 27 de febrero de 2010.

SOLO UNO

Ayer se le solicitó expresamente a la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Guajardo que postergara la diligencia, ya que solo uno de los afectados (de más de 140 personas citadas) consiguió viajar para entregar su testimonio. No obstante, la petición fue rechazada por la magistrada, lo que llevó a que se iniciara la audiencia para recoger el testimonio de la única persona que logró llegar hasta el tribunal.

Tras el testimonio de la única víctima que declaró ayer, les tocó a los abogados querellantes del caso exponer sus argumentos para que el tribunal rechace el acuerdo alcanzado entre el fiscal José Luis Pérez Calaf con los defensores de los 6 imputados.

En él se estipula el pago de una indemnización de $235 millones, a repartir entre los 141 querellantes, además de otros puntos.

El abogado Leonardo Mello, que representa a seis familias de Talcahuano, expuso en la audiencia al igual que otros querellantes que el acuerdo de suspender la causa no debe ser acogida.

En primer término, porque los querellantes se adhirieron a la acusación del Ministerio Público porque se les aseguró que se llegaría a juicio oral, o en el caso que los imputados aceptaran, a un procedimiento abreviado. Y en segundo lugar porque el ente persecutor no escuchó previamente a las víctimas para tomar la decisión de solicitar la suspensión de la causa.

"Esa situación no es un capricho nuestro, no es un favor que le estaba pidiendo. Ese es un deber que impone el código procesal penal y no lo cumplió", contó Mello. Además, expresó que tienen la convicción de que la jueza Carolina Guajardo va a rechazar el acuerdo.

Hoy expondrán los abogados defensores de los 6 imputados: el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende; la ex jefa de la Onemi, Carmen Fernández ; Johaziel Jamett, ex jefe de alerta temprana del Shoa, y los tres ex miembros de la Armada que se encontraban en el Shoa: Mario Andina, Mariano Rojas y Andrés Enríquez.

"Como institución no aceptamos este tipo de amenazas". Así de clara y enfática fue la respuesta del general director de Carabineros, Bruno Villalobos, al referirse a la amenaza que publicó una persona en una red social, en donde expresa que se seguirá y torturará a familiares de los uniformados. Esto, en relación a lo que viven las comunidades mapuches de La Araucanía, en los sectores donde se han vivido episodios de violencia y que acusan de haberlos militarizado.

Las palabras de la máxima autoridad de la institución de Orden y Seguridad se dieron en la ceremonia realizada en Concepción en donde se le declaró Hijo Ilustre de la comuna. Villalobos nació, se crió y estudió en la capital regional, según contó el mismo tras ser distinguido con el reconocimiento.

TENDRÁ QUE RESPONDER

LEGALMENTE

Son más de 300 los efectivos policiales que de forma individual presentaron las denuncias por amenaza, las que están siendo investigadas por el fiscal Luis Torres de la Fiscalía de Alta Complejidad.

"Fui uno de los principales impulsores de que se realizaran las denuncias. Por una situación legal yo no puedo representar a todos los miembros de la institución en una acción de estas características, es por eso que lo hicieron en forma individual (los carabineros)", explicó el general Villalobos.

Fue enfático en sostener que "como institución no aceptamos este tipo de amenazas. Vengan de quien venga y de lo que sea".

Una de las líneas a investigar por el fiscal Torres es que si estas amenazas, como lo expresó el lunes, "pueden ser una respuesta al caso de las detenciones (de 11 personas, supuestamente vinculadas con la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay)".

También hay que recordar que en las últimas semanas las comunidades han acusado abiertamente a las policías, en especial a Carabineros, de torturar a comuneros mapuches en procedimientos policiales.

Sobre este punto, el general director de Carabineros volvió a insistir en que en la institución no hay denuncias, por lo que no hay investigaciones administrativas sobre este tipo de hechos, y que en el caso que hubiera se indagará y sancionará si hay responsabilidades asociadas.

En cuanto a las acciones que se ejecutarán en contra de quien hizo la amenaza pública (y que estaría totalmente identificada), el general Villalobos declaró que ejercerán todas las acciones legales para que este individuo reciba la sanción que sea posible, ya que la acción es catalogada de forma grave.

"Los carabineros actuamos de acuerdo a la ley, y por lo consiguiente, no podemos permitir que alguien amenace fuera de los parámetros de ésta. Eso no es algo que podamos aceptar", sostuvo la autoridad nacional de Carabineros.

El general director también aseguró que a raíz de estas amenazas la institución está "tomando alguna medidas de seguridad para nuestra gente y sus familias".

VISITA A NONGUÉN

Durante la tarde de ayer, el general Villalobos visitó el terreno que la Municipalidad de Concepción entregó en comodato a Carabineros para construir la Subcomisaría de Nonguén, la que estaría en las cercanías del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la localidad.

"Estamos contentos de iniciar con el traspaso del terreno a la institución, la construcción de la futura Subcomisaría, que va a poder abarcar las necesidades policiales del sector", expresó la autoridad nacional de la institución. Esta unidad policial debería tener una dotación de unas 70 personas.

La construcción, que tendrá financiamiento de Gobierno Regional, beneficiará a más de 30 mil usuarios. Aún no están definidos los montos, porque se debe postular el proyecto, pero se estima que no superen los mil millones de pesos.

Asimismo, el jefe de la Octava Zona de Carabineros comentó que esperan que la edificación esté terminada en 2017, ya que deberá asumir los dos nuevos sectores que serán creados en el nuevo Plan Cuadrante Seguridad Preventiva.

Bajo la iniciativa "Disposición y Recolección de Aceite de cocina usado", de la Dirección de Medio Ambiente del municipio de Talcahuano, se instaló en la sede social de Villa Las Caletas de Tumbes un contenedor para el aceite usado que se genere en los hogares.

La idea, explicó el alcalde Gastón Saavedra, es evitar que este producto vaya a parar al sistema de aguas servidas que existe en el sector, donde hay 200 familias.

"Hago un llamado a la población y dirigentes a plegarse a esta tarea que tiene que ver con la innovación y el cuidado del medio ambiente, lo que sin duda mejorará su calidad de vida", agregó la máxima autoridad de la ciudad puerto.