Dos nuevos episodios sumó ayer el caso de la golpiza que sufrieron dos internos de la cárcel de Chillán. Esto, tras la presentación de una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) y también porque la Corte de Apelaciones de la capital ñublensina acogió el segundo recurso de amparo por agresiones a un tercer involucrado.

En primer término, fueron representantes de la sede regional del Indh los que llegaron al Tribunal de Garantía de Chillán, con el objeto de presentar una acción judicial que buscará agilizar la investigación (desformalizada) que lleva adelante la fiscalía local de Chillán contra los cinco suboficiales de Gendarmería que, según las cámaras de vigilancia de la unidad penitenciaria, son los que propinaron los golpes de pie y puño a los tres internos, quienes fueron reducidos ante un altercado ocurrido en el patio de la misma cárcel, el 11 de marzo.

Argumentos

"La prohibición de la tortura es absoluta y así lo establecen diversos tratados suscritos y ratificados por el Estado de Chile. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos señalan que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes", informaron desde el Instituto de Derechos Humanos.

Además, citaron el código penal, que en el artículo 150 cabe establece que "el empleado público que aplicare a una persona privada de libertad tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales, u ordenare u consintiere en su aplicación, será castigado con las penas de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente".

Amparo

Otro punto de importancia es que ayer la Corte de Apelaciones de Chillán decidió acoger el recurso de amparo presentado por el defensor penitenciario Rodolfo Aguayo, defensor de Patricio Zambrano, quien también se vio afectado por la golpiza de los gendarmes.

La resolución, básicamente, apunta a que Gendarmería finalice el sumario instruido por el director regional, coronel Pablo Toro, y se tomen medidas para evitar que situaciones como estas ocurran nuevamente. En cuanto a los cuestionados funcionarios, dos fueron suspendidos, mientras que otros tres trasladados de recinto penitenciario.