El primer ministro y líder del Partido Progresista de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, presentó ayer la renuncia a su cargo por su vinculación en el caso de los "Panama Papers" en el que se le relaciona con una sociedad en ese país.

La dimisión, anunciada por el ministro de Agricultura Sigurdur Ingi Johannsson a la radio islandesa RUV, se registró aunque el Presidente Olafur Ragnar Grimsson aún no confirmaba si aceptaba o no la renuncia.

La salida se produjo dos días después de que su nombre y el de su esposa se vieran implicados como propietarios de la empresa Wintris en la Islas Vírgenes Británicas, según los documentos del bufete panameño Mossack Fonseca filtrados a numerosos medios internacionales.

Más de 10.000 personas se manifestaron el lunes en la capital islandesa, Reikiavik, pidiendo su salida del poder.

Como consignó EFE, el ex primer ministro protagonizó el domingo pasado un incidente en la televisión pública sueca al abandonar una entrevista en la que se le preguntaba por su intereses en Panamá, al considerar que las preguntas "no tenían sentido".

Nacido el 12 de marzo de 1975 en Reikiavik, vivió en Washington entre 1982 y 1985 durante el tiempo que su padre trabajó en el Banco Mundial.

Gunnlaugsson negó toda irregularidad y afirmó que él y su esposa pagaron todos sus impuestos y "no hicieron nada ilegal", según citó la agencia AP. El ex premier agregó que sus operaciones financieras "no afectaron sus negociaciones con los acreedores de Islandia durante una aguda crisis financiera nacional".

Un chileno mencionado en la investigación es el ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, quien negó ayer, a través de uná declaración pública, estar relacionado con sociedades offshore. "Debo decir que esa información no es efectiva, no soy ni he sido nunca cliente de la referida oficina de abogados (Mossack Fonseca), ni tengo participación en las sociedades contenidas en esos antecedentes", dijo y agregó que Ciperchile "se comunicó por escrito con la representante legal de la sociedad Compton Investment Inc., a la que se me asocia específicamente en el reportaje periodístico, quien le respondió sus consultas, ninguna de las cuáles se refería a mi persona".

El magistrado Marco Aurelio Mello, de la Corte Suprema de Brasil, ordenó ayer que la Cámara de Diputados comience el trámite para un juicio político contra el vicepresidente Michel Temer, similar al proceso en curso contra la Mandataria Dilma Rousseff.

El pedido de un juicio político contra Temer fue presentado por un abogado y rechazado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, pero el denunciante apeló al Supremo y obtuvo el apoyo del magistrado Mello, quien alegó que la acusación es similar a la que llevó a iniciar el proceso contra Rousseff.

El autor de la acción, Mariel Márley Marra, sostuvo en su denuncia que el vicepresidente habría incurrido en el mismo "delito de responsabilidad" que Rousseff al firmar algunos de los decretos que facilitaron maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en los últimos dos años.

El presidente de la Cámara Baja, que en diciembre pasado aceptó iniciar el trámite para un juicio político contra Rousseff, se negó sin embargo, en la misma época, a aceptar las acusaciones contra Temer.

El juez explicó que su sentencia "no emite juicios en relación a la conducta del vicepresidente de la República", pero consideró que Cunha, al rechazar una demanda y aceptar otra, "no atendió la debida formalidad legal".

Según EFE, Temer, primero en la línea de sucesión y quien asumiría el poder en caso de que Rousseff sea destituida, tiene las relaciones con la Mandataria completamente congeladas, sobre todo después de que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que el preside, anunció la semana pasada su ruptura con el Gobierno.

La Presidenta Rousseff dijo ayer que no planea modificar su gabinete, ignorando a quienes le pidieron la medida para conseguir respaldo político y superar el posible juicio político. El Partido de los Trabajadores pidió el reemplazo de seis ministros del PMDB por personeros de otro partido para fortalecer una nueva alianza.

De ser elegido Presidente, Donald Trump obligaría a México a pagar por un muro fronterizo amenazando con bloquear los miles de millones de dólares en remesas que envían los inmigrantes desde Estados Unidos a sus familias, de acuerdo con un memorando de su campaña difundido ayer por el Washington Post.

El documento explica cómo Trump trataría de obligar a México a pagar por el muro de 1.600 kilómetros. Según su propuesta, Trump amenaza con modificar una cláusula de la ley antiterrorista "Patriot Act" para detener las remesas de dinero a México. Añade que retiraría la amenaza y si México efectuara "un pago único de US$5 mil a US$10 mil millones para financiar el muro, informó el Post.

En Estados Unidos viven alrededor de 12 millones de mexicanos, muchos de ellos indocumentados, quienes junto a migrantes de otros lugares remiten dinero a sus países a través de agencias especializadas o bancos para ayudar a sus familias. El Presidente de EE.UU., Barack Obama, reaccionó a la propuesta y señaló que "las implicancias serían enormes". Por su parte, Ciudad de México hizo público ayer su cambio de embajador en EE.UU., hasta donde llegará el ex cónsul general en Los Angeles, Carlos Sada Solana, en medio de los polémicos ataques de Trump.