Varios países abrieron ayer una serie de investigaciones tras las revelaciones de la operación denominada "Panama Papers", que entregó datos sobre la existencia de fondos de políticos, deportistas y millonarios de todo el mundo depositadas en paraísos fiscales por la mediación de la oficina de abogados panameña Mossack Fonseca.

La investigación de más de un centenar de medios, dada a conocer en nuestro país por Ciperchile, aseguró el domingo que 140 políticos o personalidades internacionales habían llevado dinero a paraísos fiscales. Los documentos fueron obtenidos a partir de una fuente anónima por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung, que los compartió con medios de todo el mundo a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En estos documentos, que cubren un periodo de unos 40 años, salen citadas cerca de 214.000 empresas y sociedades en paraísos fiscales.

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En los papeles figuran nombres de allegados y varios Jefes de Estado, como el ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping, el argentino Mauricio Macri, el mexicano Enrique Peña Nieto o el rey de Marruecos Mohamed VI.

Moscú acusó ayer a ex agentes de la CIA y del Departamento de Estado de EE.UU. de estar presuntamente detrás de la filtración de los documentos, que apuntan a que personas cercanas al Presidente Vladimir Putin tendrían sociedades en paraísos fiscales. "Hay otros nombres que figuran (en la investigación) pero está claro que el blanco principal de estos ataques es nuestro país, nuestro Presidente", dijo el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, y aseguró que "en la llamada comunidad periodística" hay muchos ex agentes de la CIA y del Departamento de Estado.

Por otro lado, miles de islandeses se reunieron anoche ante el Parlamento en Reikiavik para reclamar la renuncia del primer ministro Sigmundur David Gunnlaugsson, quien aparece junto a su esposa como titular de una sociedad en un paraíso fiscal.

En Chile

La lista también mencionó a personas de distintos ámbitos en Chile. Entre ellos, el ex futbolista Iván Zamorano, Gonzalo Delaveau, quien dejó la presidencia de Chile Transparente, el presidente de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman -a través de la sociedad Aladin Marine Corporation- y el ex presidente de la CPC, Alfredo Ovalle. Mientras Zamorano afirmó que "siempre mis dineros han tenido origen conocido y han tributado en los países que correspondía", Gonzalo Delaveau presentó ayer su renuncia a la presidencia de Chile Transparente, pues "se estaba cuestionando a una institución a la que he dedicado más de cuatro años", dijo a CNN Chile. El apoderado de Agustín Edwards, Felipe Lyon, dijo en una declaración pública que "la sociedad Aladin se financió con dineros tributados en Chile, que fueron registrados y su salida formalizada de acuerdo a nuestra normativa cambiaria. La totalidad de sus activos están radicados en Estados Unidos de América, y sujetos, en consecuencia, a las regulaciones legales de ese país. La sociedad no tiene, ni jamás ha tenido, cuentas corrientes en jurisdicciones offshore". Ovalle no emitió declaraciones.

Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunciaron ayer detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzosos y al menos 20 ejecuciones extrajudiciales en redadas policiales y militares en barrios populares y de inmigrantes en Venezuela.

En un informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en la que estarían representantes del Estado venezolano, HRW y Provea afirmaron que los abusos se cometieron durante la Operación Liberación del Pueblo (OLP), implementada en 2015 y por el que se desplegó un gran número de policías y militares en zonas consideradas "violentas".

"En múltiples redadas a lo largo del país, las propias fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos -incluyendo asesinatos ilegales- nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección", aseguró el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un comunicado.

En febrero, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo que 245 personas habían muerto en la ejecución de la OLP en 2015, y "decenas más han sido asesinadas" desde que empezó este año, según HRW. Aunque Caracas atribuye las muertes a "enfrentamientos" con delincuentes armados, las dos organizaciones identificaron "20 casos en los cuales familiares de víctimas o testigos indicaron que no se había producido ningún enfrentamiento".