La comisión parlamentaria de Brasil que analiza si existen méritos jurídicos para someter a la Presidenta Dilma Rousseff a un proceso político que lleve a su destitución entra la próxima semana en una fase decisiva al presentar su informe final, que todavía tendrá que recibir la aprobación del Congreso.
La comisión, que inició hace dos semanas las sesiones para estudiar la solicitud de apertura del juicio político, espera que la Abogacía General de la Unión entregue mañana la defensa de la Mandataria.
Antes de que el grupo, formado por 65 diputados, dé su parecer, serán debatidos los alegatos presentados por la defensa y los de la acusación durante cinco reuniones más.
El trámite contra Rousseff se basa en unas irregularidades fiscales en las que incurrió el Gobierno entre 2014 y 2015 para maquillar sus balances, de los que habría ocultado unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.
De acuerdo con las acusaciones, formuladas por juristas y cuatro partidos de la oposición, la Presidenta incurrió en un "delito de responsabilidad", uno de los motivos que recoge la Constitución brasileña para deponer a un Mandatario.
No obstante, el ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, negó el jueves ante la comisión que Rousseff realizara operaciones ilegales y aseguró que el maquillaje fiscal fue cancelado en 2015, lo que anularía los argumentos que sustentan el proceso, que no pueden referirse a faltas cometidas en mandatos anteriores.
El titular de Hacienda argumentó también que las maniobras fiscales por las que se pretende abrir el juicio no alteraron el presupuesto aprobado para la gestión de Rousseff en los años referidos.
informe definitivo
Tras las cinco sesiones de la comisión, se prevé que el diputado instructor del caso presente su informe definitivo, que será votado entonces por los parlamentarios que conforman la comisión, lo que podría ocurrir el próximo 11 de abril.
Si le dan luz verde al documento, este pasará al pleno de la Cámara de Diputados, donde deberá contar con el respaldo de una mayoría calificada de dos tercios (342 votos) para llegar hasta el Senado.
La Cámara Alta decidirá por mayoría simple si archiva la causa o inicia el propio juicio político, en cuyo caso la Presidenta estará obligada a apartarse de su cargo durante 180 días, plazo que tendrá el Senado para concluir el proceso.
A lo largo de ese tiempo, Rousseff sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, que completaría el mandato hasta el 1 de enero de 2019 si la Jefa de Estado es finalmente depuesta.
Como se trata de un proceso netamente político, la correlación de fuerzas es crucial en un Congreso totalmente fragmentado y en el que Rousseff cada día cuenta con menos respaldo.
El martes, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza política del país y liderada por Temer, decidió romper con el Gobierno, lo que dio una sacudida al Ejecutivo.
La esperada salida del PMDB fue interpretada como un claro apoyo al eventual juicio contra la Presidenta.
Ayer, la jueza del Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber rechazó incluir en el proceso del juicio político contra Rousseff unas acusaciones que vinculan a la Mandataria con la corrupción en Petrobras.
La magistrada rechazó el pedido del diputado opositor Arnaldo Faria de Sá para que se anexaran a los cargos el testimonio de implicados en las corruptelas, según los cuales Rousseff sabía lo que ocurría y trató de obstruir la investigación.
