Las intenciones de modificar la Ley de Pesca hasta el momento se han quedado sólo en eso, intenciones. Nada ha ingresado a la comisión que ve el tema en la Cámara de Diputados y sólo se creó una delegación dentro del gobierno para llegar a acuerdo sobre a algunos puntos que se deberían cambiar y donde sólo participan personeros de la Nueva Mayoría.

Estos puntos serían: desprotección social del sector artesanal, abrir las regiones para poder pescar en las macrozonas, modificar el impuesto específico o royalty pesquero, la situación de los tripulantes industriales y la renovación de las licencias transables.

El sector es relevante en la zona, considerando que sólo la sardina concentra el 80% de las cuotas de todo el país y que el primer semestre del año pasado se sacaron unas 427 toneladas entre jurel, sardina y anchoveta.

Por esto quienes se consideran afectados no han quedado de brazos cruzados. El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales (Fenaspar), Hernán Cortés, contó que ellos se encuentran trabajando en una propuesta regional "para abordar el temas que más nos preocupa a las tripulaciones artesanales y que es la plataforma social, pero a la vez estamos trabajando con los demás gremios de la Región. Con esto, serán 15 los puntos para proponer al gobierno una modificación a la ley".

Para Cortés lo mejor sería derogarla porque "este es un cuerpo legal que nació de un cohecho, de irregularidades y tiene que ser modificada. ¿En qué está hoy el gobierno? Dilatando mucho la situación, que al contrario de lo que pregonaba el señor Longueira, trajo más desempleo, menos sustentabilidad y más incertidumbre".

Hugo Roa, presidente del Sindicato Interempresa de Tripulantes de la Región del Biobío, comentó que ellos están preparando una paralización para los días 4 y 5 de abril: "Es un paro de advertencia y esto va a ir creciendo en la medida que se vaya desarrollando la discusión, porque no hemos sido escuchados, es como si no existiéramos y no hay que olvidarse que nosotros somos pescadores también".

¿QUÉ HACER?

Para los artesanales, el primer objetivo es anular la normativa. Pero si no, el tema pasaría para ellos con crear una comisión que realice una revisión a fondo de cada uno de los puntos y que considere aquello que los afectados están pidiendo.

"Otra vez el gobierno está cometiendo los mismos errores, está conversando con la gente de su entorno y excluyendo a los verdaderos involucrados, que somos nosotros", puntualizó Hernán Cortés.

El dirigente artesanal recalcó que dentro de la propuesta que están preparando está plasmada la visión regional, pero que la mayoría de ellos son temas que afectan de forma transversal a los tripulantes y, que además, en el documento se entregará la posible solución para cada punto propuesto, el que esperan entregar como máximo dos semanas más.

"Esto no es pedir cosas sin tener el sustento de dónde se pueden sacar, incluso en estas modificaciones el gobierno no gastaría ni un solo peso en implementarlas", aseguró el presidente de Fenaspar.

Por el lado de los trabajadores del sector industrial, Roa puntualizó que "nosotros no nos negamos a que se revise la ley, pero para lo que no estamos disponibles es para que se discutan las licitaciones y fraccionamiento. Porque licitar más pescado al mejor postor nos traería cesantía... Lo único que estaríamos dispuestos a revisar es la plataforma social, pero queremos revisar ese punto con preguntas nuestras y no propuestas ya hechas".

Para ellos, se debe conformar una comisión que revise la ley de forma transversal "y no donde sólo participe un sector con una postura sesgada. Se habla desde una irresponsabilidad, porque no se pueden anular las leyes y ellos lo saben", recalcó el representante de los tripulantes industriales.

CRÍTICAS

PARLAMENTARIAS

Según el diputado Cristian Campos (PPD), miembro de la Comisión de Pesca, la principal falencia hasta el momento relacionada a la modificación de la Ley de Pesca es el trabajo que ha realizado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, porque no ha conversado con ninguno de los involucrados.

"La FAO se encuentra realizando una serie de acciones que nadie conoce. El gobierno le pidió a esa organización que haga una revisión de la normativa, pero no se involucra con los protagonistas del sector. Si la metodología va a ser esa, no va a tener la legitimidad que todo el mundo espera", recalcó.

Para él, existen muchas más modificaciones que realizar que los cinco puntos que ha propuesto el gobierno y lamentó que hasta el momento no existan fechas relacionadas con el ingreso de estos ajustes.

En la vereda opuesta, el diputado Jorge Ulloa (UDI), indicó que él no tiene ningún problema en realizar modificaciones a la normativa porque "son necesarias y como cualquier ley debe tener defectos y posibilidades de mejorarla". Pero, primero, se tiene que saber qué es lo que se quiere modificar y luego, sobre esa base, iniciar la discusión, aseveró. Criticó, además, que no se haya ingresado alguna petición formal al Congreso y que el tema se esté tratando "a puertas cerradas".

La crisis que viven actualmente los políticos ha sido terreno fértil para el surgimiento de nuevos liderazgos y también organizaciones alternativas a los grandes conglomerados de izquierda y derecha.

Es el caso de Poder Ciudadano, agrupación que nació legalmente el 17 de septiembre de 2015 y que se encuentra en el periodo de recolección de firmas para así lograr constituirse como un partido político, que busca reunir a todos aquellos que se sientan descontentos con lo que está sucediendo y que no se identifiquen ni con la Nueva Mayoría ni con Chile Vamos.

Jorge Ramírez, coordinador político de la organización, contó que se encuentran desplegados a lo largo del país y que el pasado 8 de marzo ya entregaron las primeras firmas recolectadas, correspondientes a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Aysén y Magallanes.

"Tenemos plazo hasta el 25 de mayo para poder entregar las firmas de todas las regiones y, así, poder participar de las elecciones (municipales de octubre) en las comunas donde estemos legalizados. La que está complicada, y no sabemos si vamos a alcanzar, es la Región Metropolitana. Pero la idea de nosotros es conformarnos como un partido nacional y con ocho regiones te reconocen como tal, ese es el objetivo que nos hemos trazado", apuntó Ramírez.

En el Biobío, de las 2 mil 500 firmas que necesitan, ya han logrado reunir 660, en un proceso que se mantiene en pleno desarrollo y que se extenderá hasta el próximo 25 de mayo, cuando esperan entregar junto a esta zona, lo correspondiente a las regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins, Valparaíso y, si todo sale bien, también la Metropolitana.

LÍNEAS DE TRABAJO

Poder Ciudadano hace campañas políticas tan diversas como las de Marcel Claude, Alfredo Sfeir y Franco Parisi. "Fueron presidenciales que yo diría que demostraron el descontento ciudadano. Ese fue el inicio. Claro que fueron tres candidaturas muy diferentes, pero también había puntos que tenían sentido de unidad", explicó el coordinador político.

En ese sentido, planteó que actualmente están trabajando en terminar el proceso de legalización como partido con 10 regiones y en la construcción de un proyecto político ciudadano. "Estamos por la Asamblea Constituyente, por el referéndum, por una democracia participativa y comunitaria, por que se acaben las AFP, las Isapres y porque se genere una sociedad de derecho. Por lo tanto, tenemos el camino bien claro y eso lo queremos visibilizar", recalcó Ramírez.

Aseguró que como Poder Ciudadano mantienen candidatos en cada una de las regiones donde ya se han legalizado y ninguno de los participantes son rostros conocidos en elecciones pasadas, sino que más bien se trata de aquellos que trabajaron tras una campaña, pero, "por esta estructura de jerarquía que existe, nunca iban a poder levantar una candidatura propia".

De todas formas, no descartan como agrupación entregar su apoyo a candidatos independientes que compartan las ideas que ellos proponen, lo que se irá discutiendo caso a caso.