"Necesitamos que tanto los papás como los médicos que los apoyan en el seguimiento a sus hijos tengan clara la garantía de la Ley Ricarte Soto para que ningún bebé que calce con los criterios quede desprotegido frente al próximo invierno". Con ese llamado, Romina Ruz, presidenta de Asociación de Padres de Prematuros, Asprem, recalcó la importancia de estar atentos al cumplimiento de la garantía que beneficia a los niños nacidos prematuros en la Ley Ricarte Soto, referida al acceso a inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) para los niños que cumplen con los criterios de inclusión.

Agrega que la cobertura que beneficia a los prematuros tiene una estacionalidad (de mayo a septiembre) por lo que considera necesario difundir el acceso entre los potenciales beneficiarios. "Para un bebé prematuro extremo el invierno es una estación muy delicada, donde la principal amenaza la reviste el VRS, que puede provocar hospitalizaciones recurrentes e, incluso, la muerte", sostiene Ruz. Al respecto, la doctora Ivonne D'Apremont, pediatra neonatóloga del Hospital Sótero del Río, explica que los recién nacidos prematuros tienen más riesgo de sufrir una infección severa por VRS, ya que tanto sus pulmones como el sistema inmunológico están subdesarrollados.

CRITERIOS

Haber nacido con menos de 32 semanas de gestación o 1.500 gramos al nacer, tener diagnóstico de Displasia Broncopulmonar y menos de 1 año cronológico al 1 de mayo de 2016 son los criterios para poder acceder a la cobertura gratuita de la inmunización contra el VRS, que consiste en la administración mensual de ésta entre mayo y septiembre.

Según añade Romina Ruz no hay exclusiones de ningún tipo en relación a la cobertura de salud que se tenga, destacando que es clave que los padres de los niños que nacieron después del 1 de mayo de 2015 soliciten lo antes posible la postulación de sus hijos. Agrega que el trámite debe ser efectuado por el médico tratante, ya sea pediatra, neonatólogo o broncopulmonar, quien debe estar acreditado ante la Superintendencia de Salud y tener activa una clave en el sistema de la Ley Ricarte Soto.

En este mes, donde la discusión sobre educación ha concentrado la agenda noticiosa, fuimos testigos de cómo millones de estudiantes comenzaron las clases. En la otra vereda, casi 100 mil niños, niñas y jóvenes aún continúan con sus mochilas vacías y son marginados del sistema escolar.

Esta realidad responde a que el modelo educativo formal no distingue el contexto de aquellos jóvenes que han experimentado vivencias negativas en su proceso educativo.

El entorno de vulnerabilidad acentúa las dificultades de aprendizaje presentes en cualquier grupo escolar, derivando en abandono y expulsión.

Fue en este contexto que el Ministerio de Educación, durante el 2015, informó que más de 90 mil estudiantes matriculados durante el año 2013 no regresaron a estudiar en 2014, y que sólo en el ámbito municipal fueron más de 48 mil los que no regresaron a clases.

Los números nos deben obligar a pensar qué será de ellos y, más aún, con qué mecanismos cuentan para volver al sistema escolar. Por otra parte, las alternativas tampoco son favorables, muchos se reducen a regresar a aquellos establecimientos desde donde fueron expulsados o integrarse al sistema de educación de adultos y exámenes libres.

Este escenario nos obliga a asumir el desafío concreto de generar políticas integrales para facilitar la reinserción educativa de quienes han abandonado los estudios. Debemos discutir la posibilidad de incluir una modalidad que involucre a estos niños, niñas y jóvenes, que requieren una oportunidad para nivelar sus conocimientos educativos y de esta manera insertarse nuevamente en la educación formal. Debemos visibilizar la realidad de estos jóvenes que no marchan, ni cuyas demandas son parte de ninguna reforma en nuestro país.