Mientras en Sao Paulo miles de personas se manifestaban para exigir la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff y la policía militarizada salía a la calle para dispersar las protestas, la Cámara de Diputados de Brasil celebraba ayer una sesión extraordinaria para acelerar el trámite para un juicio político contra la mandataria.

El presidente de los diputados, Eduardo Cunha, anunció que el organismo legislativo celebrará sesiones de lunes a viernes, dos días más de lo habitual, con el fin de acortar los plazos del posible "impeachment" que puede llevar a la destitución de Rousseff. Con esto, el plazo de 10 sesiones legislativas para que la Jefa de Estado presente su defensa ante una comisión comenzó a correr.

Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances. Sin embargo, el trámite será netamente político, según EFE.

La crisis política y social en el país sudamericano, agravada por las imputaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se trasladó ayer a las calles, especialmente a las de Sao Paulo, donde miles de personas volvieron a manifestarse en la principal avenida de la ciudad para exigir la renuncia de Rousseff y rechazar el nombramiento del ex Jefe de Estado como ministro de la Presidencia.

La policía militarizada dispersó las protestas lanzando chorros de agua y bombas de gas lacrimógeno. El episodio reflejó el aumento de la tensión en un ya convulsionado Brasil.

Más tarde fue el turno de movimientos sociales de izquierda, sindicatos, y militantes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que se manifestaron en 20 estados del país en defensa del Gobierno de Rousseff.

recursos contra lula

Si bien un tribunal de Río de Janeiro había anulado ayer la segunda de las dos cautelares presentadas contra el nombramiento de Lula como jefe de gabinete del Ejecutivo, una nueva decisión judicial volvió a frenar la asunción del padrino político de Rousseff.

La determinación la tomó el juez federal de Sao Paulo Luciano Tertuliano da Silva, quien anuló de manera cautelar la designación con el argumento de que Lula y Rousseff interfirieron en la investigación de la corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Lula fue nombrado ministro de la Presidencia el miércoles, al día siguiente fue investido, pero 40 minutos después dos jueces ordenaron suspender los efectos de su posesión, atendiendo a sendas demandas presentadas por partidos y grupos opositores.

La primera cautelar, tomada en un tribunal de Brasilia, fue anulada el jueves, y la segunda, que procedía de una corte de Río de Janeiro, fue reprobada por el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, corte de segunda instancia.