Desde el 1 de marzo se encuentra abierta la licitación de la concesión y administración del Mercado del Gran Concepción (mercado provisorio), que albergará a los locatarios que perdieron sus negocios en el incendio del 28 de abril de 2013. El siniestro afectó al recinto comercial penquista que se encuentra a una cuadra de la plaza Independencia.

Tras un largo análisis, en el que se visualizó que el mercado provisorio tuviera una administración conjunta entre el municipio y los comerciantes, se definió finalmente que ésta debe ser llevada por un privado.

Actualmente, el llamado a oferentes para hacerse cargo del establecimiento, denominado mercado de abastos, se encuentra en la plataforma Mercado Público. Sergio Villar, encargado de Fomento Productivo de la municipalidad penquista, informó que los interesados tienen hasta el 5 de abril para presentar sus ofertas económicas.

Además, declaró que la persona o entidad que se adjudique la licitación, la que será en mayo, estará a cargo de la administración del recinto por 43 meses. Sería hasta diciembre de 2019.

Villar aclaró que los parámetros que se evaluarán para otorgar la concesión de la administración del recinto comercial será "que tenga un trabajo profesional, con experiencia en este tipo de comercio. Además, que tenga una buena relación con los comerciantes que se instalarán (…). Se va a tener que relacionar con los 164 locatarios que se ubicarán".

El encargado de Fomento Productivo planteó que el administrador del recinto provisorio, que debería ser entregado en mayo, deberá preocuparse de que se cumpla con todos los servicios, entre los que se cuenta la seguridad, disposición de las basuras y cancelación de los servicios básicos.

Villar informó que por el momento 140 comerciantes han firmado el documento en donde dejan constancia de su intención de ubicarse en el recinto, que se encuentra en O'Higgins, entre Av. Prat y Padre Hurtado. El resto que aún no ha firmado tiene hasta fin de mes para realizar el trámite.

En caso de no completar el total de ocupación, se analizaría cuál será la mejor opción para utilizar los espacios que queden disponibles.

La detención de tres sujetos, uno de ellos menor de edad, más la incautación de droga y diverso armamento fue el resultado de un operativo realizado por el OS-7 de Carabineros de Concepción en Curanilahue.

De acuerdo a lo informado, los funcionarios allanaron tres domicilios. Entre la droga encontrada figuran papelillos de pasta base de cocaína y marihuana.

El arsenal más grande se encontraba en la vivienda del menor de edad, quien tenía diverso armamento, como escopetas, pistolas a fogueo, un rifle de aire comprimido y más de 60 municiones de diverso calibre.

Por instrucción del fiscal José Ortiz Jiménez, a cargo de la investigación, los sujetos pasaron a control de detención ayer bajo infracción al artículo 4 de la ley 20.000 de drogas e infracción a la ley de control de armas y explosivos.

Ya no hay certeza de que se demolerán las 509 viviendas de Paso Seco en Coronel. Desde el anuncio inicial, hecho el 7 de enero hasta ahora, ha pasado mucho. Así lo reconoció María Luz Gajardo, directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización, Serviu.

Gajardo contó que cada 15 días se han reunido con los vecinos, a lo que se suman visitas de un equipo técnico al menos tres veces por semana. El principal avance es que las familias de las cuatro etapas que componen el conjunto de viviendas sociales, ya eligieron el modelo de la casa que prefieren. Esta etapa se completó este mes.

Lo que viene ahora es revisar el estado constructivo de cada uno de los inmuebles. Esto, explicó Gajardo, permitirá determinar el grado de daño que tiene la casa y qué se debe hacer. Se partirá con las 239 viviendas que tienen ampliación, que representan el 48% del total del conjunto habitacional.

Serán los mismos vecinos los que decidirán qué hacer con sus viviendas, lo que va desde dejarlas como están hasta demolerlas, aseguró el Serviu.

Esta situación es menos drástica que la exhibida en enero, cuando de acuerdo al servicio, lo mejor era reponer completamente todo el conjunto habitacional, considerando las fallas estructurales de las edificaciones y los costos asociados a mejorarlas.

Adecuación

La primera etapa de Paso Seco se construyó en 2011. En total son cuatro las que componen el conjunto de viviendas sociales en Coronel y que, a poco de habitarse, empezaron a presentar problemas.

De acuerdo a un informe realizado desde el nivel central del ministerio de Vivienda en noviembre del año pasado, las falencias encontradas tenían relación con la mala instalación de los elementos de aislación, incumplimiento de las normativas sobre electrificación y protección del fuego y vibración del piso.

En base a lo anterior se planteó que una reparación resultaba mucho más costosa que la reposición de las viviendas, avaluada en unos 8 mil millones de pesos.

Mientras hubo vecinos que se mostraron conformes con la decisión, a otros no les hizo gracia, considerando que habían mejorado sus casas con recursos propios.

Con todos estos antecedentes se optó por revisar vivienda por vivienda, e iniciar el proceso con las que hicieron ampliaciones, a fin de determinar si la inversión realizada por los propietarios permitió a los propietarios ajustarse a la normativa.

"Esta revisión parte ahora y debería tomar un par de meses", aseguró María Luz Gajardo. Esto, agregó, avanza de manera paralela a las nuevas casas.

Plazos

Fueron dos modelos de vivienda los que se presentaron en Coronel. Cerca de un 80 por ciento de los vecinos se inclinó por una estructura de albañilería y el resto de familias por la de madera, informó el Serviu. Esta decisión se tomó en asambleas.

Como el costo se asumirá a través de subsidios (considerados dentro del presupuesto de este año, pero dentro de las inversiones para situaciones extraordinarias), el Serviu está ingresando los proyectos para una revisión previa, lo que debería durar dos semanas.

Se estima que en junio se estarán iniciando las cuatro casas piloto y a inicios del segundo semestre el resto del proyecto. Estos plazos, afirmó la directora regional del Serviu, están en conocimiento de las familias.

Los vecinos así lo ratificaron. Francisca Chuma, presidenta de la Junta de Vecinos del sector y del comité de mejoramiento de la Cuarta Etapa de Paso Seco, expuso que se ha avanzado bastante, que están conformes con el trabajo y que ahora existe mayor coordinación con el organismo de gobierno.

La dirigenta contó que de las 130 viviendas que componen el proyecto que ella representa, la mitad tiene ampliación. "Todos tienen que estar de acuerdo con la demolición. Son todos o ninguno. Eso fue lo que acordamos y el Serviu está en conocimiento de eso", afirmó Chuma.

Más tranquilo

En enero, la postura del alcalde Leonidas Romero, el único de oposición del Gran Concepción, fue de guerra. Incluso anunció que no iba a firmar los decretos de demolición de las viviendas de Paso Seco. Quería primero, dijo en esa ocasión, que se le entregara un estudio serio que avalara esta drástica decisión.

Ahora dijo que si bien no está completamente satisfecho, está conforme con el trabajo que se está realizando, sobre todo porque ya hay una coordinación con el Serviu.

De hecho, un equipo multidisciplinario, compuesto por funcionarios de la oficina de Vivienda, de Obras Municipales, de Planificación y de Desarrollo Comunitario, participan de labor con los vecinos.

Romero valoró que el organismo técnico de Vivienda haya cambiado su discurso en estos meses: "La ministra (Paulina Saball) reconoció que se demolerán sólo las casas que estén en muy malas condiciones y que además sean de los vecinos que así lo quieran. Ellos saben mejor que nadie en qué condiciones están sus casas, así que es importante considerar su opinión".

Según el jefe comunal, existe el compromiso de priorizar la regularización de aquellas viviendas que fueron ampliadas, que según el Serviu son 239. "Si el Servicio nos entrega las carpetas con los antecedentes podemos ingresarlas primero e incluso dejar sin efecto el cobro por la regularización de las viviendas", anunció.