Hay varias razones para que Ricardo Cifuentes Lillo -subsecretario de Desarrollo Regional, ex intendente de Coquimbo (2006-2010) y licenciado en Historia y Ciencias Sociales- disfrute por estos días como pocos de su cargo en el Gobierno.
La primera es que se considera un hombre "de regiones". Y no sólo porque pasó sus primeros años en San Javier, Región del Maule, sino también porque hasta hoy mantiene su residencia en La Serena, a donde viaja cada vez que sus compromisos laborales se lo permiten.
Un segundo motivo es que al cumplirse dos años del inicio de su labor al frente del organismo dedicado a impulsar reformas institucionales en materia de descentralización, asegura que el país ha avanzado significativamente en esta materia.
Marzo ha sido particularmente satisfactorio para el subsecretario, pues dos iniciativas emblemáticas de la denominada Agenda Descentralizadora -la que establece la elección directa de las primeras autoridades regionales y la que devuelve a los alcaldes la facultad de modificar las plantas funcionarias municipales- han dado pasos relevantes en su tramitación legislativa.
Por ello, en diálogo telefónico desde Santiago con El Sur, profundizó en el significado de estas iniciativas, respondió a las críticas en relación a una eventual falta de atribuciones para los futuros gobernadores regionales que serán elegidos popularmente y precisó el rol del Biobío en el mayor empoderamiento de los territorios.
-Efectivamente, ha habido un acuerdo unánime en ambas cámaras, con el apoyo también de los trabajadores y los alcaldes. Ha sido una labor muy integrada y esto se ha traducido en un proyecto de ley que está en su último trámite. Ahora sólo tenemos que ir a un tercer trámite en el Senado, muy corto, porque hubo dos o tres modificaciones en la Cámara y las tenemos que resolver en la sala del Senado. Esperamos que eso ocurra en marzo, para que en abril vayamos al Tribunal Constitucional y tengamos una ley municipal antes del 21 de mayo.
-Este es un aporte adicional que hará el Gobierno Central, a través del Fondo Común Municipal. Son $36 mil millones en régimen a partir del año 2018, que van a ser íntegramente aportados para que los alcaldes lo destinen al pago de estas mayores remuneraciones. Eso ya está aprobado en la ley y tiene el certificado de Hacienda.
RESPONSABILIDAD FISCAL
-Efectivamente, a nosotros nos interesa mucho mejorar las condiciones de nuestros funcionarios municipales, pero siempre ateniéndonos a la realidad del país. Y lo que hacemos en la ley es mantener un límite al gasto en personal, que hoy es del 35% del total de los ingresos municipales, pero lo elevamos al 42%. Esto significa que el municipio va a poder destinar un poco más de recursos a su planta funcionaria, lo que se traduce en que habrá un mejoramiento en la calidad de los servicios que se entregan a los vecinos.
-Depende del grado y de la condición profesional de los funcionarios. Pero tengo un ejemplo que hemos calculado para el grado 10, que es uno bastante común al interior de las municipalidades. El año 2015 este funcionario ganaba en promedio unos 990 mil pesos mensuales brutos. Cuando estén implementadas todas las medidas que considera este proyecto, va a llegar a ganar casi un millón y medio de pesos brutos. Es decir, el aumento en términos reales es de casi un 50% para ese grado. Ahora, no todos mejoran en el mismo porcentaje, porque la ley hace una preferencia en dos ámbitos: uno en los grados más bajos (del 15 al 20), que van a subir más en términos relativos, porque es la gente hoy que gana menos; y también en los profesionales, porque al reconocerse esa asignación ellos van a tener una fuente de recursos adicionales que no tenían considerada en su estructura de remuneración.
-Ese fue un tema sumamente estudiado. Lo primero es que llegamos a un consenso entre todos los actores en que el diseño de plantas no se puede hacer en un año electoral. Por eso no se va a hacer en 2016, pese a que en el caso de los beneficios de los funcionarios la ley va a comenzar a regir inmediatamente. En el caso de la nueva planta, regirá a partir del 1 de enero de 2018, porque el 2017 se obliga a los municipios a hacer un estudio, escuchando a los funcionarios municipales, de tal manera que la implementación se haga cuando el municipio esté más calmado desde el punto de vista de la presión electoral que pueda recibir. Además se crea un organismo tripartito entre funcionarios, alcalde y la organización municipal para conocer el estudio y la propuesta. Por último, el alcalde decidirá en conjunto con el Concejo Municipal y el proyecto tiene que pasar por la toma de razón obligatoria de cada Contraloría Regional, para certificar que las modificaciones se hagan en concordancia con la responsabilidad en el gasto y a favor de los funcionarios y su protección.
EN EL BIOBÍO
-Allí hay un movimiento regionalista muy importante. Además, hay una institucionalidad muy interesante, un Gobierno Regional, un intendente y consejeros regionales muy preocupados por estos temas. Biobío para nosotros es un laboratorio en sí mismo para la descentralización. Hay un interés muy grande de parte de la ciudadanía por hacer que estos proyectos marchen rápido para adquirir nuevas competencias. Tenemos mucha fe en las experiencias que ocurran allá, no solo por el Biobío, sino también para poder implementarlas en el resto de las regiones.
-Hay una experiencia que empezamos a desarrollar a fines del año pasado, que tiene que ver con los instrumentos de fomento productivo. Ya está creada, informalmente por ahora, la división de fomento productivo. Ya se contrató al jefe de la división y la Corfo y Sercotec crearon un comité de fomento que preside el intendente, donde se articulan los recursos de los programas de estos organismos. Antes eso se hacía desde Santiago. Y hoy se está haciendo en la Región del Biobío. Nosotros estamos mirando con mucha atención esa experiencia. Me decían que ya están creando instrumentos sólo para la Región del Biobío. Eso se aplica también a las regiones de Antofagasta y Los Ríos. Después vamos a empezar también nuevas experiencias en materia de vivienda y desarrollo social, que se van a ir aplicando paulatinamente en todas las regiones.
-Esa es otra experiencia de gran valor en el Biobío, donde los alcaldes de las comunas conurbadas se van a juntar en un consejo con el futuro gobernador electo, donde van a tener un fondo para hacer frente a tres tareas: transporte público y la movilidad en general, el medioambiente y los residuos sólidos. En el Biobío ya estamos cerca de constituir el área metropolitana y esperamos que de aquí a fin de año tengamos una unidad piloto que empiece a funcionar, de tal manera que cuando la ley esté aprobada haya un camino avanzado.
