Revisando y firmando documentos, además de solicitar información estadística de la Corte de Apelaciones de Concepción, ha pasado sus primeros días como presidenta del tribunal penquista la ministra Patricia Mackay Foigelman.
La magistrado desde 2006 ocupa una silla en la Corte de Concepción. Antes había desarrollado funciones en diferentes juzgados de la Región. Estará un año en su cargo, al igual que su antecesor, el ministro Carlos Aldana. Dentro de ese tiempo expuso que el sello que impondrá se centrará en lograr los objetivos del plan plurianual 2016-2017 que desarrolló el Poder Judicial.
"Este plan está enfocado en mejorar sustancialmente el acceso a la justicia, entregando información comprensible, oportuna, que tanto se necesita (….), modernizar la gestión. Todo esto implica en definitiva acortar los tiempos", expuso la ministra Mackay, añadiendo que este trabajo debe incluir un acercamiento a las personas para entregarle información clara del trabajo que realizan y de las diferencias que tienen con otras instituciones que intervienen en la justicia.
La nueva presidenta de la Corte de Apelaciones no sólo se refirió a su gestión. También expresó su opinión sobre la sensación de inseguridad que vive la población, situación que muchas veces es recriminada en el accionar de los jueces. También respecto a las nuevas leyes que se tramitan y al caso Matute.
INSEGURIDAD
-En estas acciones intervienen distintos actores, el Poder Judicial, el Ministerio Público a través de sus fiscales, Carabineros, Policía de Investigaciones, el Poder Legislativo a través de la creación de las leyes que regulan la acción que debemos ejercitar para lograr la justicia tan importante en la sociedad.
Entonces, frente a estas voces que se elevan por el aumento de la delincuencia hay distintos aspectos. Por ejemplo, la comunidad comenta que de 100 delitos se investigan solamente cinco, y por lo tanto 95 quedan en la impunidad. La respuesta a ese clamor tiene que darlo quien se encarga de la investigación de los delitos, y que no es el Poder Judicial, sino el Ministerio Público. También se critica mucho que personas que cumplen condena comenten delitos porque se les dio beneficios carcelarios, salida dominical. En esto tampoco intervenimos, es resorte de Gendarmería de Chile. En el punto donde las críticas van dirigidas hacia nosotros, que es la llamada puerta giratoria, en un discurso realizado el 2014, el entonces presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, llevó estadísticas y en ese momento, de 250 mil casos en donde se pidió la prisión preventiva, solamente un poco mas de un 1% fue negada, de manera que la puerta giratoria es una excepción.
-La prisión preventiva está reglamentada en el artículo 140, de manera que no es a capricho o a opinión de cada juez decretarla. Ahí tenemos la primera traba, cumplir con el articulo en tres aspectos: (...) que existan antecedentes que acrediten el delito que se investiga, que permitan presumir la participación de alguien y que sea peligro para la seguridad de la sociedad o para la investigación.
Qué es lo que sucede aquí. Volvemos a tener una intervención del Ministerio Público, ya que son los fiscales los que tienen el deber de entregar al juez los antecedentes. Entonces, en primera parte hay que ver si se otorgaron esos antecedentes. Entregados estos, es cierto (yo por lo menos creo) que hay jueces que tienen una mirada muy estricta con respecto al art.140 y que han sido llamados los garantistas.
-Es evidente que en la falla tenemos que partir diferenciando las labores. (...) A veces se involucra al Poder Judicial como todo el responsable de la administración de justicia, y eso no es así. Si me dicen "ministra, hágase cargo de lo que dice la comunidad de por qué no se investigan todas las denuncias", a veces la gente se queja que ha llevado películas, fotos y no hay una investigación. La respuesta es que vayan al Ministerio Público. Si dicen que rechazaron la petición de la cautelar de prisión preventiva porque no había antecedentes que justificaran el delito, vaya y pregunte al Ministerio Público que es el encargado.
-Yo creo que el Ministerio Público ha sido superado, creo que ha hecho un esfuerzo, pero el apoyo que tiene y el aumento de la delincuencia tal vez ha hecho que su labor no sea la que todos quisiéramos (…). Fueron superadas todas las instituciones que deben investigar.
-Sin duda la sociedad va exigiendo cambios y no me cabe la menor duda que se necesita hacer un estudio profundo que vaya directamente al código penal. Se está haciendo y están en tramitación varias leyes que dicen más bien relación con los procedimientos de algunas penas, pero esa no es labor del Poder Judicial.
AGENDA
AnTIDELINCUENCIA
A raíz de la impunidad que ha acusado la población durante el último año, el Gobierno comenzó a trabajar en la ley corta Antidelincuencia, la cual busca aumentar las penas en ciertos delitos que hoy muchas veces no tienen una sanción de presidio, además de incorporar el control preventivo de identidad como herramienta para detener a personas que tengan órdenes de detenciones pendientes.
La ministra Mackay dijo que es un proyecto que está en tramitación. No obstante, comentó en líneas generales que "llevo 41 años en el Poder Judicial y mi experiencia práctica dice que el endurecimiento de las penas y el cumplir penas efectivas no ha funcionado para disminuir la delincuencia ni para evitar la reincidencia. Entonces, creo que como sociedad tenemos un trabajo muy grande, exige que trabajemos como sociedad en la prevención de los delitos".
