La defensa de los puestos de trabajo. En eso se centró la presentación que hizo ayer, ante la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas, el Sindicato Número de Trabajadores de Huachipato, la propia empresa (CAP Acero) e Inchalam, que están pidiendo salvaguardias por un 70% y por cuatro años.

Tras la extensa cita, que tuvo lugar en Santiago y que comenzó a las 10.30 horas y se extendió hasta pasadas las 13.30, Héctor Medina, secretario general del Sindicato Número 1 de Trabajadores de Huachipato, fue claro que el objetivo es mantener las fuentes de trabajo, lo cual significa colocar un salvaguardia mínimo por 4 años y del porcentaje citado, porque los márgenes que coloca la administración, citó, "desde mi punto de vista es que tenemos que ganar plata".

La presentación de los dirigentes se extendió por 20 minutos y se centró en la protección de los trabajos. La parte técnica, que según el representante sindical, estuvo a cargo de la administración, la cual estuvo a un alto nivel y la felicitó por eso. Medina explicó que se aclaró sobre todo lo relativo a los precios. Por ejemplo, cuando les aplicaron una salvaguardia de 38,6%, los chinos redujeron los valores de inmediato.

"No tengo ninguna duda que la comisión acogerá la solicitud. Incluso, también nos serviría que la dieran por menos tiempo. Aún, podríamos demostrar en el tiempo que los chinos seguirían en su actitud de subsidiar y hace dumping", estimó.

Respecto a que si no obtienen lo que piden, sostuvo que se podrían producir varias cosas, como un movimiento de trabajadores a nivel regional y nacional. "No queremos ponernos en ese escenario. Todos los países del mundo que tienen siderúrgica han puesto salvaguardias. Sería una irresponsabilidad de la comisión si no coloca este beneficio", apuntó. Se estima que durante abril debería haber una respuesta del organismo.

A INCHALAM TAMBIÉN

A su vez, Freddy Zambrano, director del sindicato Inchalam, indicó que esta medida de salvaguardia es para el alambrón de CAP, pero como empresa la compra el 90% de ese material para la elaboración de malla, clavos y alambre. "En la exposición también hubo otras empresas que por precio prefieren comprarle a los chinos que a Huachipato, lo que perjudica a todos. De ahí que como trabajadores dejamos en claro ante la comisión que si se le da salvaguardias a CAP, también se nos debe a dar a nosotros", aclaró.

Destacó que el costo de producción, dependiendo del proceso, es un 40 a 60% de cualquier producto de Inchalam, por eso es el pedido ante el organismo. Adelantó que a principios de este mes o principios de abril debiera ser la audiencia de esta firma para el sindicato. "Ahí debiéramos exponer, tal como lo hizo Huachipato, cómo nos afecta en cuanto a trabajadores no contar con una salvaguardia. Muchas de las empresas que también expusieron hoy (ayer) son importadoras de producto. Por eso también quieren esta modalidad, pues también les afecta, pero no compra el alambrón, que compra Inchalam".

Zambrano dijo que la comisión hizo varias consultas técnicas. El gerente de Inchalam, Ricardo Sáenz, según el dirigente, afirmó que a quienes golpea duro son a los importadores. "Por eso es clave la valoración de la mano de obra nacional", recalcó.

Ahora, cree que a la comisión le quedó clara la cadena de valor que implica aplicar una salvaguardia.

EMPLEO Y CIRCULANTE

El alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, quien acompañó a los representantes de ambas empresas, señaló que no aplicar esta medida de protección no solo hay una condición riesgosa a la que se está sometiendo a la industria del acero, sino a la gente que trabaja. "Según estudios, la acería estaría dentro de las 40 empresas con más eficiencia y productividad, pero el costo de eso lo han pagado los trabajadores con pérdida de empleos y no solo los de la misma empresa, también pequeñas y medianas empresas que estaban al interior de CAP y que implicaban 4.000 empleos".

A esto se suman, según el jefe comunal más de US$ 140 millones en circulante que producían los empleados. "Por ende, es una decisión sociopolítica la que debe tomarse. Debe haber una edición precisa", recalcó.

Respecto a que en caso, como dijo Medina, de que no se acogiera la solicitud, esto se traduciría en movimientos regionales y nacionales, Saavedra compartió eso, pues no quedaría otro camino, ya que hay que imaginarse que el cierre de CAP implicaría una pérdida de 2.000 empleos directos, más 3.000 indirectos. Inchalam viviría lo mismo, sumado el transporte y el comercio. "Viviríamos una situación compleja, por eso mi presencia obedecería a eso, lo que implica no contar con la medida", cerró.