Ha pasado un año y medio desde que entró en vigencia el uso de tobillera electrónica como medida alternativa a la reclusión y actualmente son 270 las personas condenadas que portan este elemento y que circulan por las calles de la Región.
Entre agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, según informaron desde Gendarmería, se han instalado 1.223 tobilleras, lo que deja al Biobío con el 12,23% del total nacional, siendo sólo superada por la Región Metropolitana, que concentra el 25% con 2.518 instalaciones.
La diferencia entre las instalaciones y las que actualmente están vigentes tiene que ver con la alta rotación que se da del dispositivo, debido a que está pensado para condenados por penas inferiores a los tres años. Se observa que en la zona, el 80 por ciento de quienes la utilizan recibieron condenas de entre 41 y 61 días.
El balance del sistema es positivo, tanto para Gendarmería como para la Defensoría Penal Pública. Esto, pese a reconocer que aún pueden hacerse mejoras y que existe un porcentaje -aunque menor- de condenados que no hace un uso apropiado del dispositivo.
Solicitudes
Este mecanismo de monitoreo telemático es para garantizar el cumplimiento de reclusión parcial. Quienes pueden optar a ella son aquellas personas condenadas por manejo en estado de ebriedad, infracción a la Ley 20.000 (drogas), delitos contra la propiedad (robo, hurto, receptación), lesiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.
El director regional (s) de Gendarmería, coronel Álex Ilufí Ayala, contó que en la zona 6.493 personas han solicitado, desde agosto de 2014 a la fecha, su informe de factibilidad técnica, requerido para postular al beneficio, el que finalmente es determinado por los tribunales.
"La cifra equivale al 15 por ciento nacional, también después de la Región Metropolitana. Las solicitudes emanan principalmente de la Defensoría Penal en un 73 % de los casos y lejos, con un 27%, de los tribunales de Garantía u Oral en Lo Penal", detalló Ilufí.
Añadió que si bien no corresponde calificar si la cantidad de solicitudes es alta o baja, sí puede afirmar que el sistema ha sido capaz de absorber la demanda.
En términos generales, el defensor regional, Osvaldo Pizarro, evaluó en buenos términos este sistema: "La evaluación es positiva, ya que el mecanismo minimiza los casos donde se debe privar de libertad a una persona en delitos de baja o mediana gravedad, evitando de esa forma el contagio criminógeno e instando a la reinserción social".
Monitoreo e
incumplimientos
La administración y control directo de la pena es facultad de Gendarmería a través de sus centro de Reinserción Social (CRS). En el caso de la Región funciona en Concepción, Los Ángeles, Cañete y Chillán.
Quien lleva el control de la pena es el Departamento de Monitoreo, quien hace el seguimiento a través de medios tecnológicos licitados.
"Este control se realiza en la central de monitoreo ubicada en Santiago y ésta, a través de los operadores, tiene la capacidad de identificar cuando un condenado no cumple las condiciones impuestas por el tribunal competente, vale decir, no respetar una zona de inclusión en el horario indicado (o sea la permanencia en el domicilio) y/o la manipulación del dispositivo de monitoreo", detalló el coronel Ilufí.
Aclaró además que la comisión de un nuevo delito estando con la tobillera operativa no es causal de incumplimiento, aunque sí puede ser causal de revocación. Esta decisión, mencionó, queda en manos de los tribunales.
No obstante, Ilufí aclaró que a nivel nacional el porcentaje de revocaciones como causal de desinstalación por la comisión de nuevos delitos no supera el 2 por ciento. "Cerca del 80 por ciento de las desinstalaciones a nivel nacional responden al cumplimiento total de la pena", afirmó.
Lo que sí es causal de incumplimiento es el corte de correa, tener el dispositivo apagado, el no ingreso a la zona de inclusión (o sea el domicilio) y otros que se alejan de las condiciones establecidas por el Tribunal.
Complicaciones
Sobre lo que puede mejorarse, el defensor regional dijo que desde el punto de vista práctico, han visto situaciones respecto a la carga de la batería del dispositivo: "Se debe pensar en aquellas personas con una larga jornada laboral, que llegan tarde a sus hogares, donde se complica por un tema de tiempo el cargar el aparato antes de empezar con el cumplimiento".
También se han presentado problemas, explicó, respecto a la factibilidad técnica del uso de la tobillera, por estar en lugares en que la señal es débil o no existe.
"Por otra parte, si bien es cierto la obligación es de permanecer en un lugar en la noche y eso es lo que controla este sistema, no se puede obviar que para el condenado implica estar las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, con el dispositivo adosado en el cuerpo, lo que genera estigmatización y que debe ser revisado en orden a ver alguna manera de usar el equipo sólo durante el tiempo al que está obligado y no tener que portarlo las 24 horas del día", agregó.
Para Gendarmería, las dificultades pasan por la manipulación del dispositivo por parte de los condenados. "Por ejemplo debido a la falta de carga o el daño físico del mismo (cortes de correa)", expuso el director regional subrogante, Álex Ilufí.
"Otro factor, aunque en un porcentaje menor, se debe a la no presentación del penado al CRS (centro de reclusión) o la etapa de la instalación de la "tobillera", lo que es informado al tribunal competente, indicó Ilufí.
