El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, llamó ayer a un "pacto social" para atender las necesidades de los colectivos vulnerables y resolver los problemas de corrupción tras el referéndum constitucional del domingo, en que la mayoría de los bolivianos vetó una nueva reelección del Presidente Evo Morales.

De acuerdo con el defensor, los colectivos "que ven amenazada su misma integridad" como las niñas y las mujeres y las soluciones contra la corrupción tendrían que ser la base de "un pacto que nos permita consolidar esta unidad".

Villena expresó en una conferencia de prensa que "quedó como tema pendiente" la construcción de un pacto social en Bolivia complementario a la aprobación de la Constitución en 2009.

Calificó de "preocupante" una idea transmitida por el Gobierno en el sentido de que la mitad pobre del país apoyó el "Sí" a la reelección de Morales y la mitad rica, que finalmente se impuso en los sufragios por un apretado margen, respaldó el "No".

Villena instó a "un proceso de autocrítica" al presidente Morales, al Vicepresidente del país, Alvaro García Linera, y a los ministros que estuvieron en la campaña.

El rechazo a una modificación de la Constitución para permitir una nueva postulación del Presidente Morales en 2019 se impuso en el referéndum por un margen estrecho del 51,29% frente al 48,71% de votos válidos favorables a la reforma.

Recomendó "repensar otra vez Bolivia, repensar el proceso de cambio", como se conoce a las reformas de Morales. "Esa es una tarea pendiente".

Un fiscal argentino presentó ayer un dictamen en el que afirmó que su colega Alberto Nisman fue asesinado, y requirió que la investigación del caso quede a cargo de la justicia federal debido a que esta tiene más competencias.

Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires, es el primer funcionario judicial que pone por escrito y de forma oficial una opinión concreta sobre lo que le ocurrió a Nisman y su hipótesis podría suponer un giro importante para la causa.

El persecutor del atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue hallado sin vida en su departamento de Buenos Aires el 18 de enero de 2015, horas antes de presentarse ante el Congreso para fundamentar la denuncia que había presentado contra la entonces presidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento de ex funcionarios y ex diplomáticos iraníes imputados por ese ataque.

La causa de la muerte de Nisman, que convulsionó el escenario político argentino, está a cargo de la jueza en lo criminal Fabiana Palmaghini, quien consideró días atrás que no hay pruebas suficientes para determinar que el investigador fue asesinado, rechazando una solicitud de sus familiares de que la causa sea trasladada al fuero federal.

La familia de Nisman apeló esa decisión, lo que dio paso al dictamen de Sáenz. La petición del fiscal deberá ser definido en los próximos días por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la que fijó para el 18 de marzo una audiencia para ampliar los argumentos.

En su escrito, Sáenz señaló que coincide con los familiares querellantes en la importancia del "contexto histórico en el que se inscribe la muerte de Nisman, circunstancia de vital importancia para decidir sobre la competencia federal".

"Se señala que Nisman era el encargado de la investigación del mayor atentado terrorista sufrido por nuestro país, que aparece muerto cuatro días después de haber formulado una gravísima denuncia por encubrimiento de ese atentado", dijo Sáenz.

Sostuvo, además, que hay pruebas suficientes de que Nisman había recibido amenazas de muerte previas, que fue sometido con sendos golpes antes de ser asesinado de un disparo en el cuarto de baño de su departamento, que su cadáver "fue movido alterándose así la escena del crimen" y que tanto su computador como su teléfono móvil fueron manipulados para borrar datos y llamadas que recibió horas antes de su muerte.

Los allegados de Nisman, como su ex mujer y jueza federal Sandra Arroyo Salgado, consideran que su muerte fue un "magnicidio" en represalia a las denuncias realizadas por su ex marido y que debe ser investigado por la justicia federal por gozar de competencias más amplias.

Sáenz es uno de los fiscales que ha expresado públicamente su apoyo al difunto fiscal en marchas organizadas en su homenaje en la capital argentina.

La denuncia que Nisman hizo contra la presidenta Fernández fue desestimada en 2015 por varias instancias judiciales.

El gobierno venezolano ordenó una reducción en los horarios de trabajo de los empleados públicos y en el consumo de energía eléctrica de sus dependencias, como medidas de ahorro de energía debido a la sequía que afecta la generación hidroeléctrica del país.

Un decreto del presidente Nicolás Maduro publicado ayer fija "para los órganos y entes de la administración pública nacional un horario especial laboral hasta nueva orden verbal o escrita, de 7:30 am hasta la 1:00 pm", quedando excluidas "las dependencias y oficinas de atención al público, y los servicios esenciales". La orden para los entes públicos y gubernamentales también incluye que se ejecuten "planes para reducir al menos en un 30% su consumo".

Las autoridades argumentan que Venezuela "está afectada por el fenómeno climatológico de El Niño", que ha "disminuido severamente" las lluvias en el país, lo que -afirman- ha mermado la capacidad de generación hidroeléctrica.