La incautación de 30 mil 630 dosis de cocaína base, una pistola Beretta 9 mm y 14 cartuchos sin percutar, más dinero en efectivo de baja denominación y un vehículo Hyundai Tucson 2011, fue el resultado de un operativo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en Hualpén y Talcahuano.

El jefe de la Brigada de Investigación Criminal Talcahuano, subprefecto Cristian Meneses, detalló que la acción forma parte del plan Microtráfico Cero y surgió a raíz de una serie de denuncias de los mismos vecinos del puerto, que mencionaban la comercialización de cocaína base por parte de un clan familiar, quienes generaban un ambiente de inseguridad debido a la continua presencia de desconocidos que en ocasiones protagonizaban riñas.

Esto llevó a que se hicieran allanamientos en cinco domicilios en la población Emergencia de Hualpén y Villa San Antonio de Talcahuano.

Llamativo

"Con los blancos establecidos y los domicilios georefenciados, se realizaron allanamientos simultáneos donde participaron 50 detectives de la zona y 12 vehículos policiales, ejecutando órdenes de entrada y registro en cuatro inmuebles de Hualpén y una casa en Talcahuano", detalló Meneses.

Añadió que llamó la atención de los detectives el hallazgo de un chaleco antibalas de una empresa de seguridad que estaba oculto en un domicilio, el cual fue remitido al Laboratorio de Criminalística de la PDI para su pericia, al igual que el artefacto de fuego y la munición decomisada.

En cuanto a los cinco detenidos en el procedimiento, se informó que tenían antecedentes policiales reiterados por infracción a la Ley Nº 20.000 de Drogas, además de robos en sus diferentes tipos y hurtos.

El fiscal a cargo de la investigación, Álvaro Hermosilla, detalló que "la totalidad de los aprehendidos (3 hombres y 2 mujeres) fueron puestos a disposición del tribunal competente para la audiencia de control de detención, debiendo responder por el delito de tráfico de sustancias prohibidas".

Después que los familiares de un paciente que falleció en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Lagunillas, en Coronel, golpearan a un médico y destrozaran parte del lugar, el Colegio Médico regional a través de su presidente, Juan Enríquez, presentó una querella en contra de los responsables de la agresión.

La acción judicial fue ingresada a través del abogado de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico (Falmed), Nicolás Hauri, y busca castigar un acto que los últimos años se ha ido incrementando según acusaron los representantes del gremio médico.

El líder del gremio médico expuso que los ataques se han visto sobre todo en los servicios de urgencia y algunos Cesfam. "Esto es súper preocupante. Antes ya habido amenazas, pero esta vez patearon al médico en el suelo y destruyeron parte del consultorio. Esto se ha ido generalizando y no es tolerable", mencionó.

TASA DE AGRESIONES

El abogado que presentó el recurso judicial desde el Colegio Médico explicó que a nivel regional esta es la cuarta querella que se ha cursado en los últimos tres años por agresiones en centros de salud como el Hospital de Lota y el Cesfam de Leonera en Chiguayante.

Explicó también que "estamos presentando una querella para hacernos parte de esta causa y solicitar a la Fiscalía una serie de diligencias para investigar el lamentable y cobarde ataque que afectó a un médico de nuestra Región, que en el ejercicio de sus funciones y en su lugar de trabajo fue agredido con golpes de pie y puños por familiares de un paciente. (...) Pediremos las penas establecidas por el Código Penal para este tipo de delitos", dijo el abogado.

Durante la presentación del recurso se entregaron estadísticas nacionales, que dan cuenta que en 2014 hubo querellas en representación de cuatro médicos que fueron atacados en el ejercicio de su trabajo en servicios de atención pública, cifra que se elevó a ocho casos el año pasado.

También contaron que un estudio de percepción de seguridad y agresiones realizado por la agrupación de ex médicos generales de zona, junto a Falmed, estableció que el 64% de estos facultativos reconoció haber sufrido algún tipo de agresión, siendo el 10% de ellas de carácter físico.

Responsabilidades

"Hay responsabilidad del Ministerio de Salud, porque no se ha hecho una buena educación a la población. La gente tiene expectativas muy altas y equivocadas de lo que se puede hacer en un centro de salud", planteó Juan Enríquez.

Agregó que el hecho de que las autoridades de salud hayan ahondado sistemáticamente en su discurso sobre el tema de los derechos de los pacientes ha generado no se valore de igual forma el comportamiento que un usuario debe tener en un centro de salud.

"Es que siempre se habla de derechos, pero en contadas ocasiones he escuchado a alguna autoridad de salud referirse a los deberes que se deben cumplir. Hoy hay algunos consultorios en donde ya nadie quiere ir a trabajar", aseguró Enríquez.

Exigió también empezar a planificar una campaña de educación. "No quedó ningún derecho para los funcionarios, pero la ley salió así y con eso hay que trabajar. Cuando se estaba iniciando el proyecto de ley se hablaba de derechos y deberes de las personas en salud, incluyendo así a los funcionarios y no sólo a los usuarios. falta una campaña educativa desde el Ministerio hacia la población", pidió también el médico.