Gobierno indagará contratos de las empresas de Riquelme
El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, anunció ayer que realizará una indagación para determinar si los millonarios contratos suscritos entre el Estado y dos firmas creadas por el actual administrador de La Moneda, Cristián Riquelme (PPD), se ajustaban o no a la legalidad.
Según informó Ciper el lunes, las sociedades Comercial A y R y Greentec recibieron $ 417 millones entre 2013 y 2015 por otorgar insumos clínicos a la red de salud. Aunque el funcionario del Ejecutivo -cercano al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo- se desprendió de su participación en dichas empresas, su esposa (Ada Álvarez) controla Comercial A y R, mientras en Greentec quedó uno de sus ex socios.
La versión de ese medio reveló que algunas órdenes de compra fueron emitidas a nombre de Riquelme con posterioridad a los traspasos y una de las sociedades figura con su residencia como dirección comercial.
"A propósito de esa información de la que tuvimos conocimiento ayer tarde (lunes), hoy (ayer) instruimos a la Subsecretaría de Redes hacer un levantamiento de la información respecto de esos contratos, si se ha cumplido con la ley de compras o no, y estamos a la espera de los resultados que van a ser dados a conocer en su momento", dijo el ministro (S) de Salud, Jaime Burrows.
La autoridad agregó que "vamos a levantar la información y vamos a cumplir con todo lo que requiere la ley de nosotros respecto de los controles que tienen que realizar sobre las compras que se hacen a nivel de los servicios".
la opinión de burgos
En esta línea, el ministro del Interior, Jorge Burgos, afirmó ayer que "yo tengo una opinión sobre eso y la opinión se la voy a dar a su excelencia la Presidenta de la República cuando vuelva, que ya está pronto, de su periodo legal de vacaciones".
Sin entregar mayores detalles sobre la postura que finalmente asumirá el Gobierno respecto de la permanencia o no de Riquelme en La Moneda, la de ayer fue la segunda mención del jefe de gabinete sobre la forma de actuar de Riquelme.
El miércoles de la semana pasada, Burgos enfatizó que -a su juicio- los funcionarios públicos tenían que entregar declaraciones de intereses y patrimonios lo más amplias posible, a diferencia de lo que hizo el administrador de La Moneda, quien mantenía en reserva el avalúo de sus propiedades, tal como lo permite la ley que regula esa materia.
Esos dichos provocaron la posterior decisión de Riquelme de actualizar su información en esa misma jornada, cuando dio a conocer los cerca de $ 500 millones que posee en bienes inmuebles.