Corte ve apelación en causa de DD.HH. para procesar civiles
Durante la jornada de hoy, la tercera sala de verano de la Corte de Apelaciones de Concepción verá la apelación para someter a procesamiento a dos funcionarios -uno de ellos alto ejecutivo- de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (Cmpc) y Ferrocarriles del Estado por el asesinato de 19 trabajadores de las empresas. Este hecho ocurrió a los días posteriores al golpe militar que hubo en el país.
Tras varios aplazamientos, casi de tres semanas, la causa conocida como la "masacre Laja-San Rosendo" será vista por los ministros del tribunal de alzada penquista. Allí el abogado querellante, Adolfo Montiel, buscará revertir la decisión del ministro en visita por Derecho Humanos, Carlos Aldana, quien rechazó someter a proceso a los dos civiles: el ex ejecutivo y actual empresario Roberto Izquierdo Menéndez y al ex jefe de seguridad de la Papelera, Pedro Jarpa Forester.
Estas dos personas han declarado en calidad de inculpados por su presunta responsabilidad en la muerte de los obreros de la empresa, ocurrido en el Fundo San Juan de Laja.
Montiel sostuvo que hay antecedentes necesarios para que se lleve a procesamiento a Izquierdo y Jarpa. En el caso del primero sería en la calidad de encubridor, ya que éste, como asegura el jurista, sabía de la muerte de estos trabajadores. En tanto, el ex jefe de seguridad sería autor e inductor del delito de homicidio.
"Él era el que confeccionaba las listas e indicaba con el dedo a las personas que debían ser detenidas por los efectivos policiales", comentó el abogado querellante, quien sostuvo que los antecedentes aportados son suficientes para acreditar su participación en los hechos ante los jueces de la Corte de Apelaciones.
Cabe recordar que se acusa que funcionarios de la empresa Cmpc proporcionaron una serie de elementos para que se concretara el asesinato de los trabajadores: vehículos, sogas e incluso la cal con la que taparon los cuerpos después de matar a las 19 personas.
Además, en los alegatos se verá la apelación por la inhumación ilegal de los cuerpos que presentó la defensa de la decena de ex carabineros que están procesados por la muerte de los 19 trabajadores. Con ello se busca dejar sin efecto la indagación que realiza el ministro Aldana por este delito de las dos inhumaciones que se realizaron para ocultar lo sucedido.
Se debe recordar que este caso también tomó relevancia debido a que familiares de las víctimas involucraron a la ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem, en el hecho.
En 1973, la magistrada era jueza (s) de Yumbel, en remplazo de la titular, Corina Mera, quien estaba de vacaciones. La agrupación de las familias de Laja-San Rosendo ha manifestado en diversas ocasiones que ella ocultó información de la inhumación ilegal que hubo de los cuerpos de los trabajadores.