El ministro del Interior (S), Marcelo Díaz, dijo ayer que "serán los tribunales los que determinarán si hubo o no irregularidades", a propósito de los 80 contratos del Estado con la empresa Saydex, que son investigados por la Fiscalía en el caso Caval.

Según publicó ayer La Tercera, la Fiscalía de O'Higgins pidió a la PDI realizar pericias contables y de análisis de contenido de los 80 contratos que la empresa Saydex firmó con distintos servicios de salud estatales.

La empresa de servicios informáticos a instituciones de salud fue uno de los primeros clientes de la empresa Caval, una de cuyos dueños es la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon.

El secretario de Estado agregó que "son contratos suscritos en la administración anterior (del ex Presidente Sebastián Piñera), fueron indagados por el Ministerio de Salud y todos los elementos fueron entregados a la justicia. Estamos sujetos a lo que determine la investigación y los tribunales".

Consultado sobre si el Gobierno del ex Presidente Piñera entregó licitaciones bajo mecanismos irregulares, Díaz dijo que "nosotros no somos los que tenemos que calificar".

los trabajos

Saydex estuvo a cargo del desarrollo del Proyecto de Información de las Redes Asistenciales (SIDRA), mientras era cliente de Caval, a la que habría pagado $ 170 millones por asesorías.

Según radio Cooperativa, Patricio Cordero, intermediario de negocios de la empresa Caval y ex administrador municipal de Joaquín Lavín, dijo en su declaración ante la Fiscalía que Mauricio Valero, el otro dueño de Caval, le habría pagado $ 20 millones al ex director del Servicio de Salud Metropolitano Central durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Nibaldo Mora, para incidir en las licitaciones a favor de Saydex, que involucran unos $ 23 mil millones.

Esta arista -que analiza posible soborno, cohecho y tráfico de influencias por un pago a un ex director de servicio- la lleva adelante el fiscal adjunto de Rancagua, Carlos Fuentes, quien solicitó al Laboratorio de Criminalística de la PDI que analizara las licitaciones, junto con las propuestas de Saydex, para determinar si correspondía o no que fueran otorgadas.

El actual titular del Servicio de Salud Metropolitano, Jorge Martínez, dijo que "ese es uno de los temas que se está discutiendo, fundamentalmente en la licitación que el Ministerio de Salud adjudicó con Sidra y Sidra 2, (que) significa indudablemente una nueva licitación con nuevas modalidades de contratación de este sistema".

"Nosotros realizamos una auditoría, la cual arrojó ciertos datos que indudablemente nos alarmaron", agregó.

Un informe realizado en diciembre pasado por la comisión de visita semestral de cárceles de la Corte de Apelaciones de Santiago, constató que los presos de 13 recintos penitenciarios de la capital viven en condiciones "inhumanas".

En diciembre la comisión, que es presidida por la ministra Romy Rutherford, visitó 13 cárceles y en su reporte alertó sobre las malas condiciones en que viven los presos.

El informe estableció, por ejemplo, que el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (ex Penitenciaría) presenta "insuficiencias, destrucción y falta de higiene evidentes, así como rotura de cañerías que mantienen un pérdida constante de aguas corriendo en los pisos". Asimismo, advierte que en ese recinto "persisten las instalaciones eléctricas irregulares, que constituyen una amenaza permanente, no sólo de electrocución de algunos internos, sino que también como agentes potencialmente generadores de incendios".

En el caso del Centro de Detención Preventiva Santiago, criticó a la empresa concesionaria a cargo y recomendó "analizar" si los incumplimientos justifican terminar el contrato "atendida las graves falencias constatadas".

El informe califica como "atentados a la dignidad humana" las deficiencias en la alimentación y las condiciones higiénicas en que viven los reos. El reporte establece que los presos reciben su última comida a las 17.00 y que luego no les dan alimentos hasta las 9.00.

La comisión denunció que los internos reciben las bandejas de comida sin cubiertos, por lo que se ven obligados a comer con la mano. "La situación, según se aprecia, no sólo tiene evidentes ribetes de tipo sanitario, sino que tal vez los más grave, es que atentan en contra de una cuestión elemental de dignidad humana", señala el documento.

Una situación aún por se vive en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I , donde los internos reciben su última comida diaria a las 15.30.

La comisión también alertó por las malas condiciones que deben vivir los funcionarios de Gendarmería, que permanecen en un "lugar estrecho y hacinado, con filtraciones de agua desde el baño hacia un dormitorio".

El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, Joe González, criticó que "el hermano pobre siempre es Gendarmería y créanme que he visto de todo: Basura, hacinamiento de la población penal, chalecos antibalas que estaban amarrados con alambre".