Una serie de rutinas destinadas a evitar los efectos de la copia de tarjetas de crédito o debito, fueron parte de las recomentaciones entregadas por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones de Concepción.

Advirtieron que gracias a la oportuna coordinación entre esa brigada especializada de Concepción y los encargados de seguridad de los centros comerciales y bancos han evitado la perpetración de delitos en cajeros, no existiendo nuevas denuncias en la Bridec penquista.

Los elementos utilizados en la clonación se ubican generalmente en la puerta de cajeros automáticos, en los cajeros y receptores de compra en red. Los datos obtenidos se traspasan a un computador y son copiados en una tarjeta virgen.

De esta forma, se facilita que terceros giren dinero y paguen productos y/o servicios con cargo a su cuenta, como si los hubiera realizado el propietario.

RECOMENDACIONES

Dentro de los consejos entregadas por el personal de la policía civil, se encuentran el cuidado de la privacidad de su clave secreta. Para ello, es importante evitar compartirla con terceros, cambiarla periódicamente, utilizar códigos difíciles de adivinar, y memorizar la clave para evitar llevar anotaciones en las que aparezca.

Se recordó que el clonador requiere la clave, por lo que si bien es sencillo clonar una tarjeta a través de los skimmers de fácil instalación, el delincuente requiere su clave secreta para poder usar su tarjeta, por lo que no basta con tener los datos de la banda magnética.

Por último, se entregaron recomendaciones sencillas, como no perder de vista la tarjeta que se está utilizando, sobre todo si debe ser entregada a un empleado del lugar donde se está pagando y comprobar que el lector de tarjetas sea el de uso habitual.

En cajeros automáticos, es importante respetar el turno para su uso y bloquear la vista de terceros o de los dispositivos tapando el teclado alfanumérico.

El miércoles 3 de febrero, a las 9 de la mañana, en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Chillán se iniciará el juicio en contra de la alcaldesa de San Fabián de Alico, Lorena Jardúa, y tres colaboradores por presunto fraude electoral durante las elecciones municipales de 2012.

La autoridad comunal, que está suspendida de sus funciones desde hace unas semanas, arriesga una pena de 4 años por los hechos que le imputa el Ministerio Público.

El juicio que se desarrollará en la primera sala del tribunal de Chillán y está programado que tendrá una extensión de 14 días, concluyendo el 16 de febrero. Esto, debido a la gran cantidad de pruebas testimoniales y documentales que expondrán tanto la fiscal Patricia Suazo, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Chillán, como los tres defensores que tienen los cuatro imputados en el proceso de investigación.

Cabe recordar que además de Lorena Jardúa, fueron acusados durante la indagación su esposo, Ariel Torres Manríquez; el concejal Juan Carlos Parada Fuentes y la funcionaria municipal Marcia Ortiz Godoy, a quienes se le solicitan penas diferenciadas.

ACUSACIÓN

El delito que el Ministerio Público le imputa a Jardúa y a las otras tres personas se remonta a las elecciones municipales de 2012.

Según los antecedentes en la carpeta investigativa, el entonces candidato a concejal, Juan Carlos Parada, se habría comunicado personal y telefónicamente con diversos electores domiciliados en San Carlos, específicamente del sector Paso Ancho Sur, para que cambiaran su domicilio para votar por él y por Lorena Jardúa, asegurándoles que se preocuparían de las necesidades de estos. Esta misma acción habrían desarrollado la actual alcaldesa y Ortiz en la localidad de San Manuel de Verquicó y en el sector de Junquillo, también de la comuna de sancarlina.

La información recabada por la Fiscalía de Chillán daría cuenta que desde febrero a junio del año 2012, más de un centenar de electores domiciliados en la comuna de San Carlos, por diversas razones, cambiaron su domicilio electoral inscribiéndose en el registro electoral correspondiente a la comuna de San Fabián de Alico.

Esta situación había sido denunciada públicamente por la dirigenta Eulalia del Carmen Salinas, quien aseguró que se estaba trasladando a personas en buses para inscribirse en los registros electorales de San Fabián de Alico. Es así que el hecho denunciado llegó a los tribunales luego que la misma dirigenta, junto al senador del MAS, Alejandro Navarro, y el ex alcalde de la comuna, Cristian Fernández hicieran la presentación acusando que Lorena Jardúa había ganado el sillón edilicio de manera ilegal.

En definitiva, a los cuatro imputados se les acusa del delito de incitar u organizar a electores a proporcionar domicilio electoral falso contemplado en los art. 54 nº 3 en relación con art. 55 de la Ley 20.568 que modifica la Ley 18.556 Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

Son los jueces Jorge Muñoz Guiñez, María Paz González y Claudia Montero los que tendrán que analizar y ponderar las pruebas, con el fin de determinar si los acusados son responsables por el delito que el Ministerio Público les imputa.

DEFENSA DE JARDÚA

Como una acusación débil catalogó el abogado de la alcaldesa de San Fabián de Alico, Ricardo Robles, los hechos que la fiscalía le imputa a su representada.

"La acusación es irrelevante desde el punto penal. Se reduce al supuesto de que 10 electores se habrían cambiado de domicilio de la comuna de San Carlos a San Fabián de Alico. Estas personas supuestamente fueron incitadas por Lorena Jardúa para hacerlo, pero el tema es que éstas nunca votaron, eso está certificado por el Servel", contó el jurista.

Robles, además, comentó que su representada ganó por más de 900 votos, por lo que esta situación no tendría ninguna incidencia en el resultado de la elección. El jurista, además, comentó que las personas que aparecen como cambiándose de domicilio son todas familiares de una de las denunciantes, en este caso, Eulalia del Carmen Salinas.

"Esta señora está vinculada políticamente al senador Navarro (Alejandro) y Fernández (Cristian). Uno no puede más que concluir que esto parece una jugada política", expuso Robles.

El abogado sostuvo que su representada no habría ejercido presiones para que personas se cambiaran de comuna para votar y que eso es lo que acreditarán en el juicio. "Si uno analiza los antecedentes es una acusación débil. Además, desde el punto de vista penal, es insignificante porque el bien jurídico (la victoria en la elección) jamas se vio afectado", comentó Robles.