¿Vamos a anular todas las leyes económicas donde participaron parlamentarios que también recibieron financiamiento irregular de otras empresas?
Es la pregunta que se hacen los pescadores industriales de la zona centro sur, liderados por su presidente Luis Felipe Moncada. Un argumento que de plano rechazan como justificación de un sector minoritario del país que pretende desconocer una ley de la República vigente desde 2012, y que ya se encuentra plenamente operativa.
Pese a ello, el gremio insiste en condenar la gravedad de los hechos de financiamiento irregular a la política que afectaron a un senador y una ex diputada y reitera que "son hechos graves".
-Antes que todo nosotros hemos condenado los hechos de financiamiento irregular a la política que han afectado a un senador y a una ex diputada, pues son graves y afectan a la democracia y al país. Sin embargo, anular o deshacer una Ley de la República bajo el planteamiento que ésta es producto del cohecho y la corrupción significaría establecer que todos los parlamentarios que votaron positivamente esta legislación fueron partícipes de los delitos mencionados, situación absolutamente falsa e injusta para los diputados y senadores honestos que votaron en conciencia la señalada normativa. Le recuerdo que más de 100 parlamentarios, diputados y senadores votaron a favor de la actual Ley de Pesca.
-No quiero calificar las intenciones de los partidos políticos ni sus fines, pues no me corresponde. Sin embargo, la Asociación de Industriales Pesqueros ha llamado públicamente al Parlamento en su totalidad a evitar sacrificar la Ley de Pesca pretendiendo con ello recuperar la confianza de la ciudadanía, tras los graves problemas de legitimidad ocasionados por el financiamiento irregular de la política.
-Le respondo con algunos datos de la realidad de la zona centro sur que representa a Asipes. Entre las regiones V y X, prácticamente 6 de cada 10 peces están en manos del sector artesanal. En el caso de la sardina y anchoveta, el 78% es artesanal y el 22% industrial; en la jibia 80% artesanal y 20% industrial; merluza 40% artesanal y 60% industrial. Solo el jurel se escapa a este fraccionamiento, que en este caso favorece a la pesca industrial, por las condiciones de lejanía en las cuales debe extraerse este recurso. Con esto quiero decirle que la ley sí beneficia -y mucho- en nuestra zona a los pescadores artesanales, con los cuales además somos socios naturales y trabajamos en conjunto.
-Creo que la disputa por la Ley de Pesca no es entre artesanales e industriales, sino una pugna con actores internacionales que quieren participar de los recursos pesqueros chilenos y ellos son quienes están tras la amplificación de este clima de irregularidades que afectan a la Ley. Son intereses económicos muy poderosos que buscan entrar al negocio pesquero en Chile. Esta semana leí en la prensa una entrevista al ex subsecretario de Pesca Pablo Galilea, donde confirma esta afirmación, y donde además sostiene que estos actores financian diversos grupos de presión. Concordamos plenamente con esa visión.
Estos intereses extranjeros han abogado por la licitación de los recursos pesqueros, que es el corazón de este conflicto, como de seguro podrá confirmarse en los próximos meses. Licitar internacionalmente las cuotas de pesca significaría la destrucción de un sector productivo que es un motor de desarrollo y empleo para las zonas donde opera. En los países con tradición pesquera no existen las licitaciones de pesca, por el riesgo que esto conlleva para la seguridad alimentaria de las naciones.
-Significaría volver al período anterior a 1991, de ausencia de ordenamiento efectivo, mientras se discute una nueva normativa. Mientras tanto- se estima unos 18 meses- habría una carrera olímpica en las pesquerías por parte de todos los actores, es decir, todas las embarcaciones saldrían al mar sin ninguna restricción a capturar cuotas de pesca que hoy esos recursos no podrían soportar. Las especies en estado delicado sencillamente colapsarían dada la capacidad de captura industrial y artesanal.
¿
No, por el contrario, nosotros estamos a favor de mejoras a la Ley, pues la creemos perfectible. Por eso la revisión de la FAO solicitada por el gobierno es necesaria e importante. Los pescadores industriales estamos a favor del análisis experto que desarrollará este órgano internacional que revisará que su texto esté en concordancia con las mejores prácticas y estándares legislativos mundiales. Adicionalmente, es importante señalar que la actual ley recién está entrando a regir plenamente. De las instituciones que crea, hay Comités de Manejo recién constituidos y deben establecerse Planes de Manejo y Planes de Recuperación, esenciales para el futuro de las especies. Una ley de pesca basada en la conservación, demostrará sus resultados en un plazo de varios años, pues sólo así es factible comprobar la recuperación de los peces.