Detectives de la agrupación Microtráfico Cero, dependiente de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Tomé, detuvieron a un sujeto por infracción a la ley 20.000 de drogas.

El detenido se dedicaba al cultivo de marihuana en su domicilio, emplazado en los faldeos de un cerro en el sector California de Tomé. Para no ser descubierto, implementó y mantuvo oculto en la mansarda de su casa de tres pisos un laboratorio artesanal dotado con un moderno sistema de ventilación, riego por goteo e iluminación especial, con el objetivo de acelerar el crecimiento de las plantas de cannabis sativa.

Se le identificó con las iniciales F.E.T.R. Se informó que tiene 34 años, de oficio obrero y registra antecedentes policiales por el mismo delito, sin encargos judiciales pendientes en su contra.

Operativo

En coordinación con el Ministerio Público, los oficiales de civil solicitaron la respectiva entrada de registro al domicilio, donde se incautaron 200 plantas de cannabis de diversos tamaños, dispuestos en maceteros y cuyas alturas oscilaban entre los 10 centímetros y el metro.

Según el jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Tomé, subprefecto Miguel Durán "el inmueble fue adaptado especialmente para el cultivo 'in door' de esta especie, llama la atención su diseño y avanzada implementación. Las paredes de la mansarda, donde mantenía escondido el cultivo, se encontraban forradas completamente con papel aluminio, espejos alrededor y abundante iluminación artificial, con la finalidad de mantener una temperatura ambiente adecuada para su crecimiento", aseguró.

Al ser consultado por la pena que arriesga el detenido, el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Tomé, Rodrigo Bascuñán, respondió que presidio menor en su grado máximo, lo cual significa una pena entre tres años y un día a cinco años, considerando que el imputado posee antecedentes penales.

El informe policial fue remitido al Ministerio Público, quien ordenó que el imputado quedara a disposición del Juzgado de Garantía de Tomé para el respectivo control de detención.

Con la finalidad de entregar información en materia jurisprudencial y de cómo se están abriendo espacios para abordar el tema del autocultivo de cannabis, ayer en la Corte de Apelaciones de Concepción se desarrolló la segunda Jornada de Integración Ciudadanía-Poder Judicial.

En la actividad la exposición se centró en cómo la justicia ha cambiado el paradigma que tenía en relación al cultivo de la marihuana, ya que a través de diversos fallos los tribunales, incluida la Corte Suprema, han instaurado jurisprudencia de que se ciertos cultivos o autocultivos que son para acciones terapéuticas no estarían sancionadas.

El médico Milton Flores, director de Triagrama Instituto, sostuvo que estos espacios sirven para dar a conocer cómo se está levantando una reivindicación de los derechos esenciales de las personas.

"La justicia estaría diciendo que hay ciudadanos que tienen derecho dentro de su soberanía esencial a hacer lo que estimen necesario para cultivar su espíritu, y no puede el estado interferir si no hay una prueba de no hay daño a tercero", contó Flores.

Además, aseguró que antes no se distinguía si estas personas cultivaban para actividades terapéuticas o lo hacían como tráfico.

El ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, quien expuso en la jornada sobre un fallo que absolvió una condena, explicó que esta situación abre una perspectiva importante para las personas que se dedican a actividades terapéuticas.

"Al constatarse que son autocultivos para fines terapéuticos, no estamos en presencia de tráfico y en consecuencia es una actividad que se puede reconocer como lícita", sostuvo el magistrado de la Suprema.

Por último, el médico anestesiólogo del Servicio de Salud Concepción, Germán Acuña, planteó que la sociedad está empujando para que se respete la esencia y los derechos de las personas en diferentes ámbitos, no sólo en los que respectan al tema de marihuana.

Los participantes se refirieron a la modificación de la ley 20.000, la que busca despenalizar el autocultivo de la cannabis para estos fines, los que sostuvieron que la ley debe ser efectivamente revisada. No obstante, Flores aclaró que con la actual normativa se puede determinar si la persona realiza esta acción para su soberanía personal o para hacer daños a terceros.

Diversos son los cuestionamientos que se han originado en el último tiempo con la tramitación del proyecto de ley de agenda corta antidelincuencia, actualmente en el Senado. Considera entre sus indicaciones el control de identidad preventivo, que las policías podrán actuar en posibles delitos o solicitar antecedentes sin autorización de los fiscales, las que son catalogadas atentatorias, ya que afectarían los derechos constitucionales.

Sobre este tema se le consultó al ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, quien estuvo en la zona participando de la Segunda Jornada Integración Ciudadanía-Poder Judicial (ver nota secundaria), en donde expuso los avances jurisprudenciales en materia de cultivo de cannabis.

El miembro del máximo tribunal del país sostuvo que este proyecto ha generado una pugna entre los que piensan que dotar de más facultades a las policías, como la realización de controles preventivos, permitiría perseguir más eficazmente el delito, y los que consideran que esta acción podría dar paso a abusos y deterioros de los derechos fundamentales de las personas.

"El tema en lo específico está en que la actual normativa exige la existencia de indicios (plural) y la indicación va por indicio, es decir, sólo uno. Entonces, es imposible decir si eso es bueno o malo. En definitiva, los hechos van demostrar si las policías van a poder ejercerlo sin menoscabo de los derechos constitucionales", expresó el ministro de la Corte de Apelaciones.

INDICACIONES

-Todas estas medidas de alguna manera van restringiendo las libertades. Eso es una cuestión que hay que tener absolutamente clara. Ahí (indicaciones), la situación de hechos es compleja, porque las policías piensan, sospechan o tienen indicios claros que hay una transgresión de la normativa, y el particular (ciudadano) quiere que no le pregunten nada, menos que le pidan la identificación. Entonces, ahí se va a generar un contrapunto y el tema es encontrar el equilibrio.

-Toda ley tiene un contenido político. Cosas como esta, que surgen de la inquietud ciudadana, como sucedió con la Ley Emilia o con otras, tienen un contenido político, en términos de dar una señal y de encontrar una solución. Ahora, los problemas de la sociedad se solucionan en parte con las leyes, y en parte con medidas éticas y técnicas. Entonces, a veces las leyes pueden simplemente encubrir la falta de medidas adecuadas para darle solución a los problemas, y se tiene a veces la ilusión de que a través de una ley uno puede solucionar los problemas, y en rigor, en la vida práctica ésta no sirve para solucionar esos problemas. Aquí podríamos encontrarnos como resultado de que vayamos más allá de lo que se quiere, que no se respeten los derechos constitucionales. Eso es una posibilidad casi teórica.

No podemos decir hoy que podrá producir un efecto mañana.

-Los derechos de las personas deben respetarse, los procesos de formación de las policías lo contemplan. Lo mismo pasa con el Ministerio Público. El problema es que la dinámica de la persecución policial muchas veces hace que no se respete la formalidad necesaria.

-Creo que no. Se han tenido resultados menores de los que se tenían como expectativas, pero el tema es que perseguir es muy difícil; es más fácil arrancar. Es un tema complicado y difícil. Nosotros tenemos que hacerlo bien, pero respetando los derechos de las personas.

-No ha existido una adecuada coincidencia entre lo que se ha planteado como solución y lo que es la realidad.