El ministro del Interior (S) Mahmud Aleuy reiteró ayer el compromiso del Gobierno de enviar un proyecto al Parlamento que modifique la cuestionada ley de pesca, a pesar de que la Cámara de Diputados considerara admisible el proyecto de parlamentarios comunistas, que busca anular la legislación actual.

En su última cuenta pública, la Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a evaluar la ley de pesca, que fue aprobada en 2012 durante la administración anterior, tras un año de tramitación en medio de discrepancias.

Respecto al proyecto presentado por los diputados PC Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, Aleuy señaló que "en nuestra institucionalidad no existe la anulación de leyes y por eso nosotros hemos dicho que dado ese factor legal nos parece que esta resolución que han tomado los parlamentarios es inconstitucional".

La autoridad de Gobierno informó que el Ejecutivo está analizando las opciones para modificar la legislación. "Estamos evaluando el conjunto de efectos que se producen en el país, porque estos no son sólo efectos legislativos, sino que también hay efectos económicos, legales, etcétera. Por lo tanto, informaremos cuando hayamos tomado una decisión después de hacer un análisis ponderado de todos los factores", afirmó.

El ministro (S) agregó que "mantenemos el compromiso, como también lo hemos dicho, que hicimos el 21 de mayo pasado de presentar durante este año una ley que modifique la ley de pesca" y reiteró que el Gobierno considera "inconstitucional" la vía presentada por los parlamentarios comunistas.

"Aberración jurídica"

Por otro lado, el presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, calificó como una "aberración jurídica" el proyecto que busca anular la ley de pesca.

El parlamentario asimismo advirtió que una eventual aprobación de la moción tendría un impacto económico y ambiental que afectaría a la pesca en el país.

"Adicionalmente no tiene un fundamento serio, aquí hubo del orden de los 100 parlamentarios que aprobaron esta norma y si alguien quiere creer que esa situación tiene que ver con que se compraron a 100 parlamentarios, está profundamente equivocado ese es un insulto grave", añadió.

"Yo entiendo que alguien no comparte el régimen pesquero que está establecido en esa ley eso me parece legítimo, pero eso se cambia con un régimen distinto, se puede buscar reemplazar esa ley por otro régimen, eso está abierto", sentenció el senador.

El Gobierno valoró ayer la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del informe sobre el caso Caval, pero desestimó la presión que establece el documento para pedir la salida del director administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme.

Tanto el ministro del Interior (S), Mahmud Aleuy, como el titular de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz, subrayaron que el futuro del funcionario será definido por el Ejecutivo y no por lo que dice el reporte emanado de las dos comisiones investigadoras que revisaron la causa.

"Nosotros respetamos la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, eso es lo que hemos visto en el día de ayer (miércoles). El informe contiene múltiples propuestas, algunas nos parecen que requieren de mayor análisis, precisamente para ver la posibilidad de acogerlas por vía legislativa o administrativa", sostuvo el ministro Díaz.

En el documento, los parlamentarios reprocharon a Riquelme por un actuar que calificaron como "imprudente", al haber recibido en La Moneda al gestor inmobiliario Juan Díaz, y además tildaron de "inadecuada" su permanencia en el cargo.

Al respecto, el vocero de Gobierno afirmó que se trata de "una materia que corresponde al Ejecutivo y, por lo tanto, es un asunto que nos corresponde solo a nosotros considerar".

Aleuy, en tanto, comentó que "como hemos dicho otras veces, nosotros valoramos todos los esfuerzos de la institucionalidad chilena por generar transparencia en el país o entregar opiniones respecto a hechos que son relevantes para la sociedad".

"Desde ese punto de vista, naturalmente haremos un análisis del informe de los parlamentarios y, como somos el Gobierno de Chile, tomaremos las medidas que nos parezcan pertinentes, somos poderes distintos del Estado, así que usaremos esos insumos pero tomaremos las decisiones que nosotros creamos que son pertinentes", agregó.

Críticas desde la UDI

Desde la oposición, el diputado UDI y ex integrante de la comisión Caval, Felipe Ward, consideró una "vergüenza" el hecho de que el Gobierno desestimara la presión que pone el reporte al instar la salida del director administrativo.

La Corporación "envió un mensaje a La Moneda y La Moneda lo bota a la basura. Lo que está haciendo la Presidenta Bachelet es botar a la basura el informe de los diputados y eso es una falta de respeto a la ciudadanía, porque nosotros representamos a la ciudadanía. Si no va a escuchar a los parlamentarios, difícilmente va a escuchar a la gente", criticó el parlamentario en una entrevista con Emol.

"Si ella (la Presidenta Bachelet) bota el informe de la comisión al tarro de la basura, va a tener que asumir ella la responsabilidad política", aseveró.

El presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, negó ayer que haya recibido aportes de SQM, luego de haber sido mencionado en un informe de investigadores contratados por la minera sobre los aportes que realizó la empresa.

"Desconozco todos los antecedentes, porque vi algo de lo cual recién me entero. Solo puedo decir una cosa, y es lo único que voy a decir: he recibido aportes a través del Servel, de acuerdo a lo que la legislación permite. No tengo registro ni antecedente acerca de otros aportes", aseguró el parlamentario.

"No tengo nada que hacer ni me voy a referir a trascendidos que, francamente, son difíciles de entender", añadió.

Según el informe, publicado ayer por La Tercera, el partido político que más aportes recibió por parte de la minera no metálica fue la UDI, con un 45%de ellos.

El reporte también indicó que el timonel del partido gremialista es uno de los políticos que habría recibido pagos y que tendría vínculos con la compañía.

El documento detalla que un abogado de SQM contactó a políticos que habían recibido contribuciones, entre ellos a Larraín y sus pares Guido Girardi (PPD) y Fulvio Rossi (PS).

Es la primera vez que el nombre del presidente de la UDI aparece mencionado en estos casos.

Al ser consultado sobre si fue contactado por la minera no metálica, Larraín remarcó que "lo primero que he visto esta información en el diario, que me ha sorprendido, y reitero que en el financiamiento de mi campaña todo ha sido hecho en conformidad a la ley".

Al ser preguntado una tercera vez, el legislador indicó que "nadie me ha contactado... lo he reiterado dos veces, no sé si una tercera vez será suficiente para que se entienda".

El único político condenado hasta ahora por el caso SQM es el ex senador Jovino Novoa, a quien la mesa directiva de la UDI decidió no sancionarlo.