Los principales gremios de la pesca industrial y organizaciones de pescadores artesanales reaccionaron ayer con inquietud ante la decisión de la Mesa de Cámara Baja de declarar admisible la moción presentada por la bancada del PC-IC que ahora será revisada en su contenido de fondo por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la corporación. Este sería el primer paso para una eventual derogación de la ley aprobada en 2012, lo que generó diversas reacciones a nivel regional, tanto en el plano gremial como político.
A través de una declaración pública, la Asociación de Industriales Pesqueros A.G. (Asipes) lamentó que la instancia parlamentaria se haya hecho eco de la presentación del PC que busca anular este cuerpo legal.
Argumentaron que se trata de un escenario no previsto en el ordenamiento legal chileno y que abre una discusión institucional de difícil y delicado pronóstico, sobre el marco jurídico en el cual se desarrollan las actividades económicas en nuestro país.
Agregaron que "la solución de remitir el proyecto a las Comisión de Constitución y, de considerarse admisible, a la de Pesca, es una forma de eludir un pronunciamiento tajante respecto a un proyecto claramente al margen de la constitucionalidad vigente. Esperamos que la Comisión de Constitución indique este vicio legal y no se tramite el proyecto. Este escenario es inédito, no tiene sustento jurídico y abre una puerta a la inseguridad jurídica de imprevisibles consecuencias".
Asipes llamó al Gobierno de Chile a efectuar todos los esfuerzos necesarios, "para que impere el Estado de Derecho y se evite una escalada mayor que signifique la destrucción de un sector económico que brinda empleo y desarrollo a más de 36 mil personas a nivel nacional".
En la misma línea, la Sociedad Nacional de Pesca, declaró que " de prosperar la admisibilidad ilegal de la iniciativa del Partido Comunista sería insanablemente nula por ser contraria a la Constitución y a las leyes vigentes. "Si ésta admisibilidad ilegal llegara a aprobarse, se daría la señal de que en Chile se terminó el Estado de Derecho, lo que confiamos será evitado por la mayoría de la Cámara de Diputados".
"un duro golpe"
"Es un duro golpe para los miles de trabajadores de la industria pesquera, porque genera una inestabilidad enorme, más en la Región del Biobío, que es la capital pesquera de Chile. Esperamos que prime la cordura", señaló el presidente del Sindicato Interempresas de Patrones y Capitanes de Pesca, Juan Carlos González.
A su juicio, esta decisión "rompe el Estado de Derecho que debe imperar en una democracia. Entramos en un escenario que no está previsto en la Constitución, ni existen las normas para guiarlo. Es un hecho nunca antes visto que dañará a un sector laboral extraordinariamente importante para el país".
Acompañados de los alcaldes de Talcahuano y Coronel, dirigentes laborales de flota y de las plantas de procesamiento de la industria pesquera, fueron recibidos ayer por el intendente (s) de la Región del Biobío, Enrique Inostroza, a quien plantearon las consecuencias que acarrearía eventual anulación de la Ley de Pesca.
Los dirigentes explicaron que anular la Ley de Pesca significaría "inestabilidad laboral y cesantía; poner fin a contratos colectivos , fruto de años de lucha sindical y que hoy les permiten tener sueldos dignos e importantes beneficios; además, se acabaría el fraccionamiento de las especies compartidas entre el sector artesanal y el industrial, que hoy favorece ampliamente a los pescadores artesanales.
El presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Biobío (Ferepa Biobío), Hugo Arancibia, quien representa a 6.200 pescadores agrupados en 64 sindicatos de Cobquecura hasta Tirúa, expresó que la decisión de la mesa de la Cámara Baja es "una aberración" que va en contra de toda acción democrática, porque podría llevar a anular muchas otras leyes con el mismo argumento.
"Este es un tema político donde algunos parlamentarios se han visto obligados a votar en favor de una medida que en nada puede favorecer a la pesca", afirmó el dirigente.
"Buena noticia"
El jefe de la bancada PC-IC, Daniel Núñez, afirmó que la admisibilidad de la moción es "un acto de soberanía de la Cámara de Diputados frente al poder de grupos económicos como Corpesca, que recurrieron a actos ilícitos para apropiarse de recursos que son de todos los chilenos". A su juicio, "este acto de admisibilidad reivindica al mundo político, frente al acto doloso de un (ex) senador de la UDI (Jaime Orpis) y de una ex diputada".
La resolución de la sala generó polémica entre los diputados.
Para el jefe de la Bancada PS, Manuel Monsalve, esta es una buena noticia no sólo para los pescadores artesanales, sino también para Chile. "Debemos ser francos, la Ley de Pesca está en el núcleo de la crisis de confianza que vive la sociedad chilena con la política. Es la expresión de la nefasta relación entre el dinero y la política, es una ley manchada por el tráfico de influencia y eventualmente con el cohecho".
El diputado de RN Nicolás Monckeberg advirtió que con esto "está habilitando a que cualquier parlamentario, en cualquier momento de la legislación vigente pueda (a cualquier proyecto) por una mayoría circunstancial declararlo nulo de derecho público".
